La inflación pasa factura y España vuelve a perder competitividad frente al euro

Se puede comprar algo de inflación subvencionando las gasolinas, como ha hecho el Gobierno, pero bastante más difícil es evitar que el alza del IPC derivada del incremento de la energía se traslade al conjunto del sistema productivo. Y eso es, precisamente, lo que está sucediendo en la economía española.

La inflación subyacente, que elimina los componentes más volátiles, alimentos no elaborados y energía, ha escalado hasta el 4,9% en mayo, mientras que los efectos derivados de la subvención de 20 céntimos a la compra de combustibles (cinco a cargo de las petroleras) se agotan. Un dato lo deja negro sobre blanco. Mientras que desde marzo el IPC, en parte por las subvenciones, ha pasado del 9,8% al 8,7% (-1,1 puntos porcentuales), la inflación que tiene un carácter más estructural (la subyacente) ha pasado del 3,4% al 4,9%, lo que supone un incremento de 1,5 puntos porcentuales.

Una cifra muestra la importancia de las ayudas del Estado para comprar combustible. Si no hubiera sido por las subvenciones, el IPC, a impuestos constantes, se habría disparado hasta el 10,7% en marzo, pero quedó finalmente en el 9,8%. Ahora, en abril (Estadística aún no ha publicado los datos de mayo), la inflación sin impuestos se sitúa en el 9,3%, pero todo indica que volverá a subir hasta el entorno del 10% a la luz del IPC adelantado, que muestra cómo el alza de los precios se ha trasladado con fuerza al tejido económico. Hasta el punto de que la subyacente es la más alta desde octubre de 1995. Por lo tanto, antes de que España entrara en el euro. Lo peor, con todo, es que, según los analistas de CaixaBank Research, “esperamos que la inflación subyacente mantenga la tendencia alcista durante algunos meses más”.

Con la unión monetaria, se daba por hecho que a largo plazo se produciría una convergencia en precios en el área euro, pero lo cierto es que la crisis energética iniciada el año pasado —cuyo impacto es desigual en función de la estructura de consumo y generación de cada país y de su regulación interna— lo que ha hecho es ensanchar las diferencias, en algunos casos de forma muy abultada.

La inflación en la eurozona se sitúa en el 7,4%, pero mientras que en Francia o Malta apenas alcanza el 5,4%, en Países Bajos se sitúa en el 11,2%. Es decir, prácticamente el doble. España se sitúa casi un punto por encima de la media de la eurozona, aunque lo más preocupante es que también lo hace la inflación subyacente: un 4,4% frente al 3,9%.

La factura por repostar

En mayo, como ha adelantado el INE, ha escalado hasta el 4,9%, lo que probablemente se traduzca en un ensanchamiento de la divergencia con Europa en el núcleo de la inflación. España es uno de los países más dependientes de la energía procedente del exterior y ayer el barril de crudo volvió a situarse por encima de los 120 dólares, máximo en dos meses, mientras que el gas en el mercado holandés repuntó hasta situarse en unos 87 dólares.

Detrás de este incremento se encuentra un aumento de la demanda derivada del fin de las restricciones por el covid y en algunos países, entre ellos España, los subsidios de los gobiernos, que alivian la factura por repostar. La parte positiva es que el euro, que es uno de los canales de entrada del alza de los precios, se ha apreciado en los últimos días frente al dólar y ya se acerca a los 1,08 dólares.

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Esto significa un deterioro adicional de la competitividad de la economía española frente a los principales socios comerciales. El índice de tendencia de la competitividad (ITC) refleja ya, de hecho, que en el primer trimestre de este año el ITC calculado con los IPC nacionales ha subido un 0,9% respecto de la Unión Europea en su conjunto, lo que confirma, como reconocen los técnicos del Ministerio de Industria, el “cambio de tendencia” iniciado en la segunda mitad del año pasado. Un aumento, como se sabe, lo que muestra en realidad es una pérdida de competitividad, y, en sentido contrario, una disminución refleja una ganancia que no se ha producido.

El deterioro frente a la eurozona —hacia donde se dirige nada menos que el 56,6% de las exportaciones españolas— es incluso superior: un 1,1%, lo que da idea de las consecuencias que tiene para España la presión inflacionista. Sirva como ejemplo que la tasa anual del índice de precios de exportación (Iprix) en abril, conocido este lunes, es del 21,1%, cuatro décimas por encima de la registrada en marzo y la más alta desde el comienzo de la serie, en enero de 2006.

El deterioro de la competitividad española, que ya se ha convertido en uno de los principales riesgos de la economía, como señala el informe anual del Banco de España, no solo tiene que ver con el IPC, sino también es una realidad evidente si se compara con la evolución de los índices de valor unitario de exportación (IVU), que permiten conocer de forma más precisa los precios de las ventas que hacen las empresas españolas en el exterior. En este caso, el aumento fue del 0,6%. Tan solo en el año 2021, los precios de las exportaciones crecieron un 9,7%.

Esta pérdida de competitividad, sin embargo, no se produce cuando se compara en términos de costes laborales unitarios. En este caso, el índice muestra un mejora del 0,3% frente a los países de la eurozona. Es decir, los salarios, en relación con la productividad, han subido menos en España que en la eurozona, donde Irlanda destaca como el país donde más crecen. En 2020, sin embargo, ocurrió lo contrario y España perdió 2,1 puntos de competitividad. Esto se explica, lógicamente, porque los salarios están creciendo a un ritmo del 2,4%, según la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, menos de la tercera parte de lo que lo está haciendo el IPC.