El Consejo de Ministros aprobará este martes la nueva ley del aborto, aunque debe recorrer todavía su andadura en el Congreso, por lo que no verá la luz hasta el 2023. Esta reforma legal vuelve a permitir a las menores de entre 16 y 17 años interrumpir voluntariamente el embarazo dentro de las primeras 14 semanas sin que precisen la autorización de sus padres. La norma del 2010 recogía ya este aspecto, controvertido, pero posteriormente el PP lo suprimió.
Pero la nueva ley no se queda ahí sino que incluye medidas novedosas que sitúan a España a la cabeza en el reconocimiento de derechos de la mujer. Es el caso de la baja laboral para las que sufren una menstruación incapacitante si la autoriza el médico, que será costeada por el Estado desde el primer día y cuya duración dependerá de lo que precise.
Las interrupciones voluntarias del embarazo serán libres hasta la semana 14
Además, según explicó este lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero, la futura ley orgánica para la Protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Garantía de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que ha impulsado su departamento, incluirá la opción de un permiso preparto para todas las embarazadas, pero a partir de la semana 39 de gestación y no de la 36, como en principio proponía su ministerio.
Montero reconoció que, “de facto, muchas mujeres ya se cogen la baja en esas últimas semanas”, cuando el parto es inminente. La duración de la mayoría de los embarazos se sitúa entre las 37 y 42 semanas, así que muchas mujeres dan a luz ya antes de la semana 39 o es en esos días. De hecho, se considera que en la semana 39 el embarazo ya está a término (incluso antes) ya que es en esa semana cuando comienzan las contracciones. Igualdad no esconde que hubiera querido que las gestantes pudieran cogerse la baja el último mes de embarazo (desde la semana 36, porque las investigaciones han dejado claro que el plazo de 40 semanas es orientativo teniendo como base la última regla), pero ha tenido que ceder en la negociación del anteproyecto de ley con los socialistas.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene en el Congreso para responder a una interpelación
En la negociación entre socios de Gobierno también ha caído la propuesta de Igualdad de reducción del IVA de los productos de higiene femenina (tampones, compresas, copas menstruales). El departamento de Montero proponía bajarlo del 10% actual al 0%, una medida que va más allá de los acuerdos de gobernabilidad suscritos entre los socialistas y Podemos (habían establecido el 4%). La medida no irá en la ley, como avanzó La Vanguardia . Montero ha defendido que la medida supondría un coste de “30 millones de euros; con el sobrecoste de la M-30 (carretera de circunvalación de Madrid) se habrían pagado 69 años y así, en cambio, hay un 22% de mujeres que dicen que no pueden pagarse estos productos”.
Las interrupciones voluntarias del embarazo deberán realizarse sobre todo en la sanidad pública
La titular de Igualdad recordó que este punto es un acuerdo del Gobierno de coalición. “No han querido (el PSOE) que vaya en esta ley, lo volveremos a negociar en el presupuesto general del Estado. Es una medida que hay que implementar, creo que esta legislatura hay que avanzar decididamente en ello. Lo pelearemos”, señaló.
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El anteproyecto de ley sí incluirá la baja para las mujeres que sufren reglas dolorosas. Como avanzó el viernes, Montero ha señalado que será una incapacidad temporal que asumirá el estado desde el primer día y, “como será especial”, no serán necesario días previos de cotización. La dirigente de Podemos ha querido expresar su agradecimiento al ministro socialista de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, “que ha trabajado duro con nosotras para hacerlo posible”.
Respecto a la polémica suscitada sobre si la baja menstrual puede estigmatizar a las mujeres, como apuntó la vicepresidenta económica Nadia Calviño, Montero reconoció que “siempre cuando incorporamos medidas novedosas, hay debate y duda porque las instituciones nunca se han preocupado de la salud menstrual” y mostró su satisfacción y orgullo de que España vaya a ser el primer país de Europa en arbitrar estas bajas: “Esto muestra que el Estado está al lado de las mujeres”.
Imagen de archivo de una manifestacion de la plataforma de mujeres Nosotras Decidimos por un aborto libre
La redacción de este anteproyecto ha provocado fricciones entre los socios de gobierno. La filtración del texto antes de ser acordado por los ministerios implicados provocó un fuerte malestar que, sin embargo, no ha llegado a más. El acuerdo se ha impuesto.
Aún quedan, sin embargo, algunos flecos que este martes se desvelarán. Todavía continúan las negociaciones con el Ministerio de Justicia en lo que se refiere a la maternidad subrogada (vientres de alquiler), totalmente prohibida en España. La propuesta de Igualdad es que se impida a las agencias que gestionan esta práctica trabajar en el territorio, algo a lo que Justicia se muestra a favor. Lo que no comparte es que se persiga a las parejas por ir al extranjero en busca del bebé. Las negociaciones continuaban este mismo lunes.
Igualdad no desiste de reducir el precio de compresas y tampones, algo que hará en los presupuestos del 2023
Lo que sí está cerrado con el Ministerio de Educación, entre otros, es la obligación de que los centros educativos cuenten con productos de higiene femenina para poder entregar a las alumnas, así como en los centros sociales que atienden a población vulnerable y en las prisiones.
Igualdad quiere reducir el precio de los tampones
Con el Ministerio de Sanidad hace tiempo que se acordó regular la objeción de conciencia de los profesionales y la creación de un registro de objetores en cada comunidad autónoma. De esta manera el acceso al aborto no se verá afectado por esa objeción individual ya que los servicios públicos deberán organizarse para asegurar que hay personal sanitario suficiente para que la mujer pueda interrumpir su embarazo. Actualmente, la gran mayoría de los abortos se practican en hospitales privados.
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