Díaz usará la reforma del Estatuto de los Trabajadores para encarecer el despido

El Ministerio de Trabajo va a abrir el melón del encarecimiento del despido en la reforma del Estatuto del Trabajo -que no Trabajadores- del Siglo XXI que ha anunciado. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, avanzó que quiere emprender la reforma en la manifestación del 1º de mayo en la que acompañó a los sindicatos y en un desayuno esta semana ha dado detalles de por qué cree muy pertinente lo que viste de actualización.

Desde el uso de taquillas y de tablones de anuncios que ve obsoletos, a la conciliación que se plantea centrada en las mujeres como cuidadoras del entorno familiar, la ministra ha enumerado una lista de cuestiones que ve anticuadas, y ha abogado por que pueda haber bolsas de horas como en los países nórdicos y excedencias para formarse sin pérdida de derechos, lo que mejora la productividad de las empresas, ha subrayado.

Esta puesta al día se quiere aprovechar para modificar los asuntos más polémicos del marco laboral, según trasladan fuentes conocedoras, precisamente los que Díaz excluyó de la reforma laboral y del compromiso con Bruselas en el Plan de Recuperación, estrategia con la que consiguió finalmente el aval de CEOE a la reforma.

En primer lugar, el encarecimiento y redefinición de las causas del despido. Se trata de la principal reivindicación de los sindicatos, que en el marco de la negociación de la reforma laboral aparcaron en armonía con la estrategia de Díaz. Pero en los primeros días de enero, tanto CCOO como UGT alertaban de que una vez aprobada la reforma laboral, era el momento del despido.

Estas declaraciones de sus secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se producían además con el Real Decreto-ley recién publicado en el BOE y cuando se barruntaba la tormenta que se produjo en el Congreso con su convalidación, una verdadera batalla que fue todavía más accidentada de lo que cabía prever entonces, aunque se saldó finalmente, aunque por error de un diputado, a favor de Díaz.

Muy cerca estaban todavía los escollos finales de la negociación con la patronal, que no avaló la norma por unanimidad y su firma contó con cuatro abstenciones. En esos momentos, Antonio Garamendi advertía de que retiraban su luz verde si se cambiaba una coma. En este aviso se sobreentienden incluidos cambios de asuntos de tanta trascendencia como el despido.

Y es que los tiempos cobran mucha importancia en la gestión de reformas polémicas. Cuando la reforma laboral no ha cumplido seis meses en vigor, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha admitido que el Misterio busca reformar el despido: "La visión del Ministerio no sólo va al precio del despido, sino a que no se despida", ha declarado en una entrevista con Público.

Pérez Rey esgrime el argumento del Ministerio de que con la reforma laboral en realidad se está ya encareciendo el despido, ya que buena parte de los temporales o no tenía indemnización, o tenían una indemnización exigua, y cree que se han propiciado reglas alternativas al despido con los ERTE o el mecanismo RED. Y a continuación admite que "ahora uno de los elementos del Ministerio será abrir la negociación del Estatuto del Trabajo del Siglo XXI, donde tendremos que dar una reflexión conjunta a la legislación laboral de la mano de los expertos y del diálogo social. Las normas laborales continuarán [...] y, además, la visión del Ministerio no solo va al precio del despido, sino a que no se despida".

Pérez Rey también destaca como una de sus "contribuciones a la gestión de la crisis" prohibir el despido durante la pandemia y ante la guerra en Ucrania. En este último caso, un veto mucho más limitado.

Recuperar la autorización administrativa en los ERE se sitúa como el siguiente asunto que se quiere abrir, como acaba de subrayar Pepe Álvarez. En una entrevista con Europa Press, ha destacado que, este año, se quiere abrir el melón del despido en el diálogo social y redefinir las causas de despido, y restituir la autorización administrativa en los ERE, que se eliminó en la reforma laboral del Gobierno del PP en 2012.

La propia Díaz ya mostró en diciembre esta intención respecto a los ERE. La vicepresidenta lo desveló públicamente justo cuando se estaba cerrando la negociación de la reforma laboral, y lo relacionó con el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2021-2023, marco en el que dijo que daría más poderes a la Inspección. Se trata de materias susceptible de reformarse en una ley o Real Decreto-ley, que no cabría en un Plan de Inspección, lo que llamó la atención de juristas consultados por Vozpópuli y de los propios Inspectores de Trabajo.

El Gobierno de Mariano Rajoy suprimió en 2012 la autorización administrativa previa de la autoridad laboral en los despidos colectivos, con la eliminación de sus competencias en la vigilancia de las causas de los expedientes. Según Díaz, tras la reforma laboral del Partido Popular, la Inspección "tiene sus capacidades bastante limitadas". El informe que emite tiene un valor "formal" a la hora de gestionar los ERE. "Vamos a cambiar esto y a reforzar sus competencias", dijo, en un plan proyectado para aumentar las competencias de la Inspección y que tenga mayor peso judicial en los despidos colectivos o ERE, para que "la autoridad laboral haga un informe eficaz para la defensa de trabajadores y trabajadoras" si el ERE promovido por la empresa llega a los tribunales.

Dudas de los juristas

Los juristas consultados por este diario señalan que la recuperación de la autorización administrativa sería problemática en los ERE, ya que de entrada no es bien vista en la Jurisprudencia de la UE.

"Antes de la reforma de 2012 revisábamos las causas técnicas y económicas, desde 2012 sólo si hay fraude o abuso de derecho. Ya hay algunas comunidades que lo favorecen y una sentencia del Supremo plantea que pueden hacerlo en el despido pero un cambio de este calado debe llevarse en la reforma laboral, no se puede utilizar el Plan Estratégico de la Inspección con este fin", ha advertido Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

Díaz anunció el domingo primero de mayo que va a convocar a un comité de expertos para empezar a analizar la reforma del Estatuto de los Trabajadores, sin mencionar a los agentes sociales. Dos días más tarde, ya precisó que una vez que estos expertos entreguen sus trabajos, los recibirá la mesa del diálogo social para empezar a negociar. Unai Sordo ya reclamó el domingo el lugar de los sindicatos en este asunto.