Función Pública se reunió ayer con los sindicatos para comenzar la negociación de la oferta de empleo público del próximo año, y los representantes de los funcionarios aprovecharon la ocasión para exponer al Gobierno sus demandas de mejora salarial. El resultado fue doblemente negativo para los intereses de los trabajadores públicos porque, primero, la cifra inicial apuntada por el Ejecutivo de nuevas plazas no cumplió en absoluto las exigencias; y, segundo, porque el Ministerio que dirige María Jesús Montero rechazó de plano abordar de momento cualquier negociación salarial.
Fuentes sindicales explican a este periódico que, aunque se trata de una reunión inicial y que esperan que las conversaciones se dilaten hasta la próxima semana, «no están conformes» con las números esbozados y esta primera oferta está «muy lejos» de las necesidades que presenta la Administración General del Estado (AGE). Y esas necesidades, según apuntó esta semana la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), parten del planteamiento inicial de que la AGE «ha perdido un total de 54.661 efectivos a lo largo de los últimos diez años, como consecuencia de las políticas de recorte».
Además, prosiguió el sindicato, «las plantillas se encuentran muy envejecidas, de tal manera que un 20% del personal de los ministerios tiene más de 60 años y se encuentran en las puertas de la jubilación, mientras que un 62% tiene más de 50». Todo ello, avisó el sindicato, «coloca en una situación muy crítica a ámbitos como la Seguridad Social o el SEPE».
En lo que a la cuestión salarial respecta, los representantes de los funcionarios quisieron tratar el tema aprovechando la ruptura de la negociaciones que en el ámbito privado se produjo entre sindicatos y patronal. Y lo hicieron porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó el pasado mes de abril que el posible Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) serviría como guía para las conversaciones en el ámbito público.
Pero la respuesta de Función Pública fue simplemente que «no toca» hablar de ese punto, y que ya se abordará más adelante. ¿Cuándo? El Ministerio no ofreció ninguna cifra aunque desde los sindicatos apuntan que podría ser en verano, vinculando esta negociación a las posibles cuentas del próximo año.
El Ejecutivo, además, recogió en el Programa de Estabilidad que remitió a Bruselas que «a partir de 2023 y siguientes, se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos en línea con la evolución de precios para todo el periodo contemplado». Esto es, que se ligan los incrementos retributivos a la inflación, aunque se expone de una manera muy vaga.
Pérdida de poder acumulada
Estas líneas, sin embargo, no son en absoluto suficientes para los sindicatos, ya que denuncian que los funcionarios arrastran una gran pérdida de poder adquisitivo desde 2010 que en 2022 no ha hecho más que agravarse. La mejora salarial en el presente año fue del 2%, muy lejos del 7% de inflación media que se espera.
Por ello, los funcionarios quieren que las subidas salariales, no sólo de 2023 sino de los próximos años, vayan más allá de la inflación. Y exigen también una negociación con Función Pública, algo que no se ha producido desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa. Pero las reiteradas negativas y aplazamientos del Gobierno no hace más la inquietud y el descontento entre los trabajadores públicos.
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