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Cortes

El debate que podría hacerle una nueva cirugía a la Corte Suprema

Sala Plena Corte Constitucional 2022.

Sala Plena Corte Constitucional 2022.

Foto:Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Por demanda sobre procesos a congresistas, Corte Constitucional podría dividir Sala de Instrucción.

REDACCIÓN JUSTICIA
La Corte Constitucional se alista para tomar una decisión que podría implicar una nueva división en la estructura de la Corte Suprema de Justicia para que continúe investigando a los congresistas, pero ya no bajo el viejo modelo inquisitivo de la Ley 600 de 2000, sino por el sistema penal acusatorio, que es la Ley 906 de 2004 que rige para el resto de los colombianos.

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El debate inició por una demanda de Yefferson Dueñas que dice que el sistema acusatorio debía entrar a regir desde el 31 de diciembre de 2008, para todas las personas, incluidos los aforados, procesadas por delitos cometidos luego del primero de enero de 2005, según el Acto Legislativo 03 de 2002 y dos artículos de la propia Ley 906 de 2004.
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El caso es una ‘papa caliente’ que está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y que incluso motivó que tres magistrados, que tienen denuncias ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, se declararan impedidos debido a que, de avanzar alguno de esos casos, podrían estar decidiendo sobre el futuro de la Ley 600 de 2000, que es la usada para juzgarlos.
Aunque las sesiones de la Sala Plena al respecto están previstas para iniciar esta semana, ya han trascendido detalles claves de esta discusión en la que se propuso acoger las pretensiones de la demanda.
(Lea: Demanda abre debate sobre la forma como son investigados los congresistas)
El más relevante es que se podría ordenar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, compuesta por seis magistrados, que se divida internamente para que unos sean investigadores y otros sirvan de jueces de garantías, y así acomodar la estructura actual del alto tribunal al sistema penal acusatorio.
Este modelo de división no es ajeno a la Corte Suprema, que ya en el pasado –antes de que el Congreso creara la doble instancia para congresistas– y por orden de la Corte Constitucional, tuvo que separar las labores de instrucción y de juzgamiento.
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Efectos a futuro

Trascendió que el cambio de modelo no implicaría que se ponga en riesgo lo que ya se ha actuado en las investigaciones que están en curso en la Corte Suprema

Si la Sala Plena opta por ordenar esta división, esto se empezaría a aplicar solo en el futuro, para los casos que están en instrucción en curso y los nuevos que puedan originarse desde que se tome el fallo.
Ese punto es crucial, pues en la Corte Suprema de Justicia, que tiene todos los ojos puestos en el debate, preocupa los alcances de la decisión que pueda tomar la Corte Constitucional.
Fuentes de la Corte Suprema consultadas por EL TIEMPO explicaron que no generaría malestar tener que adecuar la Sala de Instrucción para que tres magistrados actúen casi como fiscales y los otros tres como jueces de garantías, sino que el fallo tenga efectos retroactivos y ponga en duda la legitimidad de todo lo decidido por la Corte Suprema desde 2008.
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Un escenario de esa magnitud, advirtieron fuentes, pondría en tela de juicio capítulos judiciales claves como, por ejemplo, la ‘parapolítica’. Al respecto, trascendió que en la Corte Constitucional no está contemplada la retroactividad sino que, al contrario, se dejaría claro, en caso de acoger las pretensiones de la demanda, que el cambio de sistema solo regiría a futuro.
Entre otros, para garantizar la seguridad jurídica y dejar claro que los procesos ya fallados son cosa juzgada y no pueden ser alterados. En este escenario, el fuero de los congresistas no se vería alterado de manera alguna.
Además, trascendió que el cambio de modelo no implicaría que se ponga en riesgo lo que ya se ha actuado en las investigaciones que están en curso.
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Igualmente se conoció que la Sala debatirá sobre la necesidad de exhortar al Congreso para que haga las regulaciones necesarias y se dejaría en claro que el nuevo sistema oral también aplica para los casos del presidente de la República o de los magistrados que pueden ser juzgados por la Suprema después de un juicio de indignidad en el Congreso.
En caso de que esta postura sea aprobada por la Sala Plena, podría acabar con el debate que se ha generado recientemente por los congresistas que renuncian a su fuero para que sus casos pasen de la Corte Suprema a la Fiscalía, que implica que la investigación cambie de sistema procesal.
Eso sí, es plausible, como proponen la Procuraduría y algunos expertos, que la Sala Plena opte por dejar intactos los artículos demandados, el 530 y 533 de la Ley 906 de 2004 y, con ello, no se modifiquen las reglas actuales.
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Corte Suprema de Justicia

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Las interpretaciones

Si bien es verdad que los congresistas deben ser investigados y juzgados por la Corte Suprema, deben serlo de acuerdo con el sistema previsto para la generalidad de los ciudadanos: Yesid Reyes

La demanda que estudia la Corte apunta a que el sistema oral se implemente gradualmente, dejando en claro que desde el primero de enero de 2009 no podían iniciarse nuevos procesos en Fiscalía bajo la ley 600, que este debía dejar de usarse para los congresistas y cuestionando una interpretación que a la fecha aplican la Corte Suprema y la Fiscalía que ha permitido que delitos cometidos después del primero de enero de 2005 sean investigados y juzgados en el viejo sistema.
El exministro de Justicia Yesid Reyes señaló que el fuero de los congresistas solo implica que tendrán un juez especial, que es la Corte Suprema. “Si bien es verdad que los congresistas deben ser investigados y juzgados por la Corte Suprema, deben serlo de acuerdo con el sistema procesal previsto para la generalidad de los ciudadanos”, dijo.
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En este caso, tanto el Congreso como la Fiscalía y la Procuraduría le pidieron a la Corte no emitir un pronunciamiento de fondo bajo el entendido que la demanda no tendría los elementos suficientes para emitir un fallo de fondo.
El entre investigador, por ejemplo, dijo que el hecho que el plazo máximo para implementar el sistema oral fuera el 31 de diciembre de 2008 no impedía aplicar la Ley 600 de 2000 “a hechos ocurridos bajo su vigencia, respecto de los cuales no se hubiere iniciado la acción penal”. Y el Gobierno le pidió a la Corte “adoptar la decisión que considere que mejor garantiza la plena efectividad del principio de supremacía constitucional”.
El debate que está inicialmente contemplado para el jueves empezaría con el debate de los impedimentos presentados por los magistrados Alejandro Linares, Gloria Ortiz y Diana Fajardo.
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justicia@eltiempo.com
@JusticiaET

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