Bancos y eléctricas cargan ante el regulador contra el plan de Sánchez para bajar la luz

Aumentan las quejas contra el plan de Pedro Sánchez para contener los precios energéticos. Los operadores de los mercados eléctricos en la Península Ibérica, cuyos accionistas son las principales eléctricas y entidades financieras del Ibex-35, han enviado una carta a la CNMV de Portugal advirtiéndole de importantes contraindicaciones que puede generar el plan propuesto por el Gobierno español y luso para bajar el precio de la electricidad a través del tope al gas, que actualmente analizan los técnicos de la Comisión Europea. Aseguran que ya está reduciendo la liquidez de estos mercados, traerá inseguridad jurídica, especulación y en última instancia provocará un freno a la inversión en la transición energética.

La sociedad gestora de los mercados de derivados OMI, en la que participan Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Repsol, Acciona, BNP Paribás o Ibercaja, entre otros, junto con Bolsas y Mercados Españoles (BME), ha remitido una misiva firmada por varios de sus principales responsables a la Comissao do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) en la que exponen los problemas de intervenir el mercado eléctrico sobre los contratos de derivados financieros (coberturas) que se acuerdan y liquidan en estos mercados organizados.

Según determinan en el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, "si se produce una desconexión entre el mercado de derivados y el precio efectivo de compra y venta de energía [tal y como apunta la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica], este tipo de actuaciones asumiría un carácter especulativo, con importantes ganancias y pérdidas potenciales para los respectivos agentes implicados en estas operaciones".

La intervención propuesta por el Gobierno del mercado mayorista, también conocido como 'pool', busca reducir el precio de la energía más cara, los ciclos combinados de gas, para bajar el coste del resto de tecnologías. Las quejas expuestas en la carta de los operadores del mercado ponen el foco en que todos los contratos a plazo, conocidos como derivados, tienen como subyacente el precio del mercado diario 'spot'. Si ahora este precio marginalista se interviene, como pretenden España y Portugal, esto produciría un fuerte impacto sobre dichos contratos que se acostumbran a firmar entre generadores, intermediarios y consumidores, conocidos como coberturas, para estar a salvo de la volatilidad diaria, en máximos históricos actualmente.

Simplificando la cuestión, vienen a decirle que la mayoría de agentes no firman contratos con precios que varían diariamente, sino que utilizan dicho mercado diario como referencia para hacer contratos a más largo plazo, evitando así las fluctuaciones diarias. En términos técnicos, es lo que se denomina cobertura financiera o derivado en un mercado especial, ya que, a diferencia del resto, la energía eléctrica no se puede almacenar sino que se consume inmediatamente tras la generación, y eso genera particularidades.

Por ello, consideran que una intervención ahora generaría el caos entre los agentes que tienen coberturas a plazo sobre sus contratos eléctricos firmados previamente, que entrarían en una fase de especulación e incertidumbre por los cambios regulatorios propuestos. Y en última instancia, crearía rechazo inversor por la falta de seguridad jurídica.

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La carta, firmada este viernes 22 de abril, sostiene que "cualquier cambio legislativo que afecte a la determinación de precios de OMIE [precio diario marginalista actual] generará cambios (pérdidas/ganancias) en los flujos de liquidez entre compradores/vendedores ajenos al comportamiento real del mercado y diferentes a los previstos en las condiciones originales del contrato, desvirtuando la propia finalidad de la operación a plazo, inicialmente concebida como una operación de cobertura, y convirtiéndola involuntariamente en una operación especulativa no deseada". Esto, detallan al presidente de CMVM, Gabriel Bernardino, está provocando la preocupación de los agentes financieros involucrados en este mercado.

Pese a lo anterior, entiende que "los gobiernos busquen soluciones", dado que "las perspectivas de una creciente necesidad de acelerar la transición energética, las caídas y la volatilidad de la demanda derivadas de la pandemia y las tensiones geopolíticas de los últimos meses, y en particular el conflicto de Ucrania, han contribuido al importante aumento del precio del gas en todo el mundo, pero sobre todo en Europa. Esto ha afectado también al mercado eléctrico, lo que ha producido una subida de precios sin precedentes en el último año, generando graves dificultades económicas en el tejido empresarial ibérico, en la capacidad y propensión de los hogares a consumir energía y un fuerte malestar social".

Ya cae la contratación por la intervención

Al margen de lo anterior, los responsables firmantes de la carta de OMIP, Jorge Simao, OMIClear, Pablo Villaplana, MEFF, Clotilde Salmerón, y de compensación de BME, José Manuel Ortiz, aseguran que "los cambios legislativos que solo afectan al mercado ibérico de la electricidad [la propuesta de España y Portugal se basa en la excepción ibérica], desconectándolo del resto de mercados europeos, supone una fuerte reducción de la liquidez en el mercado a plazo español y portugués". "Esto reduce las posibilidades de gestión del riesgo y de la volatilidad de los precios al contado, afectando también negativamente a la transparencia del proceso de formación de los precios a plazo".

"La posible intervención administrativa ya está provocando una fuerte reducción de la actividad del mercado a plazo del Mibel, que ya presenta indicadores muy inferiores a los de los mercados europeos más relevantes", aseguran los operadores.

"La posible intervención ya está provocando una fuerte reducción de la actividad del mercado, que presenta indicadores muy inferiores"

Por todo lo anterior, concluyen que "cualquier intervención de esta naturaleza perjudicaría seriamente la estabilidad regulatoria de la región ibérica, contribuyendo negativamente a la percepción de riesgo legal por parte de los inversores y financiadores, especialmente los internacionales, en un momento en que el sector energético necesita inversiones y financiación para afrontar los retos de la transición energética".

Con esta dura previsión, piden no cambiar los fundamentos del mercado, que dan las señales de precio adecuadas por la escasez actual del gas, para evitar distorsiones con el resto de países de la UE y mantener así la seguridad y certidumbre jurídicas, con el objetivo de que España y Portugal no se vean perjudicadas en relación con sus competidores más cercanos. Y, por último, ruegan que, en caso de seguir adelante con la intervención, se acote claramente en el tiempo para dar claridad a los agentes.