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Investigación

Las graves fallas por casi $ 34.000 millones detectadas en planes de agua

Se deben actualizar conocimientos en tratamiento de agua potable.

Se deben actualizar conocimientos en tratamiento de agua potable.

Foto:Istock.com

En 2021 Contraloría revisó programas de 17 departamentos y encontró más de 500 falencias.

María Isabel Ortiz Fonnegra
Deficiencias en la planeación y ejecución, proyectos retrasados, sobrecostos y obras de agua potable que no cumplen con los indicadores de calidad para consumo son algunas de las deficiencias que encontró la Contraloría General al hacer un seguimiento a los Planes Departamentales de Agua (PDA) de 17 departamentos.

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Por esto, el organismo determinó que hay más de 500 hallazgos con posible incidencia disciplinaria, administrativa, fiscal y hasta penal, luego de revisar, en 2021, los PDA de Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Nariño, Risaralda, Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Tolima, Vaupés, Vichada y San Andrés; todos sobre las vigencias 2019 y 2020.
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El balance del órgano de control muestra que, pese a que el agua es un servicio público esencial, muchas obras no están al servicio de la comunidad, “postergando injustificadamente el anhelo de la población de contar con condiciones adecuadas de acceso a los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico”, según se lee en informes de las actuaciones especiales de fiscalización, a los que tuvo acceso EL TIEMPO.
Y si bien la afectación en cantidad de personas varía por distintos factores, Javier Reyes, contralor delegado de Vivienda y Saneamiento Básico, estima que podrían ser millones.
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“En los procesos de 2021 pudimos haber llegado a unas cuatro o cinco millones de personas que posiblemente pueden verse afectadas por la no ejecución adecuada de los recursos”, dijo.
Explicó que lo que han encontrado con más frecuencia son obras retrasadas y deficiencias en planeación. “Hay muchas falencias en ejecución de las obras, violaciones de la normativa sobre licencias ambientales, violación de los planes de ordenamiento territorial, indebida ejecución de los estudios y diseños, y muchos retrasos y suspensiones de contratos, así como incumplimiento de los índices de calidad del agua”, señaló Reyes.

En los procesos de 2021 pudimos haber llegado a unas cuatro o cinco millones de personas que posiblemente pueden verse afectadas por la no ejecución adecuada de los recursos

En el primer semestre del año 2021 se hicieron siete actuaciones de fiscalización, que dieron como resultado 202 hallazgos con posible incidencia administrativa, disciplinaria, penal y fiscal por una cuantía de $7.441’424.012; y en el segundo semestre fueron diez actuaciones en las que se encontraron 320 hallazgos, por un valor de $ 26.296’790.720.
Esto no significa que ya haya una decisión final sobre lo encontrado, sino que la información, dentro de la Contraloría, pasa a otra delegada que adelanta las indagaciones para determinar si hay mérito para un proceso de responsabilidad fiscal.
Lo propio deben hacer la Procuraduría y la Fiscalía, a las que se envían estos resultados para lo de su competencia.

Algunos de los casos

Las regiones con los hallazgos más cuantiosos fueron Magdalena, Cesar, Córdoba, Cauca, La Guajira, San Andrés y Vaupés, en los que las falencias tienen una incidencia de más de $ 2.000 millones en cada uno. De hecho, solamente en Magdalena las falencias detectadas son por la cuantía de $ 11.290’745.468.
Por número de casos, las regiones con más fueron Risaralda (73), Vaupés (50), La Guajira (50), Cauca (45), Valle del Cauca (42) y Antioquia (41).
Entre los hallazgos hay casos como el de Antioquia, en donde se encontraron 27 contratos suspendidos, cuyo valor alcanza $ 33.356’017.143.
En Tolima, de una muestra de 13 contratos en cuatro municipios, todos estaban sin terminar “a pesar de haber transcurrido el plazo inicial de ejecución, de lo cual, en algunos casos, han pasado más de 5 años”, dicen los informes. En estos municipios, añade el informe de la Contraloría, hay contratos con suspensiones y prórrogas que en ocasiones duplican el plazo inicial pactado, “con el agravante de que ya se han efectuado pagos por $24.182.838.481, que corresponden al 63,8 % del total de los recursos asignados ($37.905 millones)”.
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En este mismo departamento está uno de los hallazgos con posible impacto penal, pues la Contraloría identificó casos “en los que se han efectuado pagos por obras no ejecutadas, incumpliendo el beneficio social para el que fueron destinados los recursos y el consecuente presunto detrimento patrimonial al Estado, por $ 866’401.702”.
En La Guajira se hizo seguimiento a un contrato de 2018 de consultoría para los estudios de micro acueductos para cuatro comunidades indígenas en Riohacha. Ese contrato costó $ 1.799’511.120, tenía un plazo de 6 meses, y se establecía que era responsabilidad del consultor elaborar todos los documentos para someter el proyecto a viabilización; sin embargo, para el segundo semestre de 2021 todavía no había certificación de los predios, definición de la operación de los sistemas, concesión de explotación de los cuatro pozos ni certificaciones del municipio sobre servidumbres y predios; lo que no permitía presentar este proyecto para su viabilización y posterior ejecución.
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“La situación descrita afecta la prestación eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento básico, en cuanto a la oportunidad, y el patrimonio de la entidad por la ineficiencia e ineficacia de la inversión, generando un daño al estado por $ 1.799’511.120”, dice el informe de la Contraloría.

Hay un tema de responsabilidad de sector, con el Ministerio, pero aquí también los alcaldes tienen que responder para que esas obras se terminen: contralor Javier Reyes

Otro hallazgo fue en San Andrés, porque la cobertura del servicio de alcantarillado en la isla alcanza apenas el 48,36 por ciento de la zona urbana, “y es nulo en el área rural, para una cobertura general de solo el 34,71 %”. Así mismo, el órgano de control informó que si bien ha habido mejoras en la calidad del agua, “aún el 40 por ciento del agua tratada para consumo humano se encuentra en el rango de calidad bajo, lo cual indica que no es apta para dicho uso, lo cual tiene consecuencias en la salud y en la calidad de vida de los habitantes de esta zona insular”.
De otro lado, las actuaciones de fiscalización permitieron cinco beneficios de auditoría, es decir, recursos o bienes que como resultado del proceso se recuperaron, evitando la pérdida de recursos públicos. Así, en la actuación del primer semestre del 2021 se determinaron dos beneficios de auditoría por $ 1.418’138.375; y en el segundo semestre fueron tres por valor de $ 26.700.685.
Finalmente, el contralor Reyes destacó como algo positivo que el Ministerio de Vivienda, entidad nacional encargada de los PDA, ha tomado medidas para corregir varias falencias identificadas, pero señaló que la responsabilidad en este tema no solo es del nivel nacional, “hay un tema de responsabilidad de sector, con el Ministerio, pero aquí también los alcaldes tienen que responder para que esas obras se terminen”.

En 2022 sigue vigilancia a los proyectos

El seguimiento de la Contraloría a los Planes Departamentales de Agua continuará este año, y ya está listo el plan de vigilancia que se hará en el primer semestre, sobre datos de vigencia del 2021.
Serán en total 11 procesos: por un lado, se harán seis actuaciones especiales de fiscalización a los PDA de Caldas, Casanare, Chocó, Guainía, Huila y Tolima; y en otros cinco casos se harán auditorías de cumplimiento a los proyectos de agua potable y saneamiento ejecutados con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) en Cauca, Córdoba, Putumayo, Sucre y Risaralda.
Además, el contralor Javier Reyes detalló que para el segundo semestre de este año se tienen planeadas otras nueve actuaciones especiales de fiscalización a PDA de varias regiones, y cuatro auditorías más a los recursos del SGP invertidos en saneamiento.
MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
Redactora de Justicia
En Twitter: @MIOF_
justicia@eltiempo.com
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