Escrivá fía el éxito del fondo público de pensiones a convencer a autónomos y funcionarios

El fondo público de pensiones ha dado un nuevo paso para convertirse en realidad tras la aprobación, este martes, del proyecto de ley que establece la creación de este nuevo sistema, que pretende atraer a empresas, autónomos y empleados públicos a los fondos de pensiones vinculados al empleo, como opción complementaria de ahorro para la jubilación.

El Consejo de Ministros ha enviado al Congreso el texto, que ahora deberá enfrentarse al proceso parlamentario antes de ser finalmente efectivo a mediados de año, según las previsiones del Ejecutivo. Para sacarlo adelante, el Ministerio de Seguridad Social ha incluido algunas modificaciones, pero no ha logrado convencer ni a la patronal ni a los sindicatos.

El departamento de José Luis Escrivá ha puesto el foco en dos colectivos para lograr que este nuevo fondo tenga un efecto real: autónomos y funcionarios. La inclusión de los trabajadores por cuenta propia es la principal novedad de este sistema de ahorro. Hasta ahora, únicamente tenían acceso al conocido como tercer pilar del ahorro para la jubilación, los fondos individuales. Ahora, el Gobierno busca darles cabida en el segundo pilar, los planes vinculados al empleo. Para ello, se duplica la aportación que los mismos pueden hacer para el ahorro privado. Hasta 2021, explica la Seguridad Social, podían aportar únicamente 2.000 euros al año. A partir de la entrada en vigor de la norma podrán aportar 5.750 euros anuales.

El Gobierno busca con esta ley crear un ámbito dentro de los planes de pensiones privados que se denomina “planes simplificados”. Con ello se pretende atraer a las pymes y a los autónomos, que hasta ahora quedaban por completo fuera de este segundo pilar y que suman un gran número de asalariados en España. Con el texto remitido al Congreso se reducen los trámites para crear este fondo, facilitando que llegue a empresas y trabajadores por cuenta propia con menos recursos. Serán las organizaciones de autónomos las que promoverán estos planes, a los que podrán adscribirse sus afiliados. “Es lo más novedoso del plan, reforzar el componente profesional de la protección social de los trabajadores autónomos”, apuntan desde el Ministerio.

Los trabajadores por cuenta ajena ya podían adherirse, mediante la negociación en la propia empresa, a fondos de pensiones vinculados al empleo. Pero en la práctica este tipo de fondos apenas cubre a los trabajadores de grandes compañías y, por tanto, a empleados que mayoritariamente tienen un nivel salarial más elevado. Es un sector bastante reducido, que apenas cubre a 1,9 millones de trabajadores y que tiene la mitad del patrimonio gestionado en cinco compañías del Ibex 35: CaixaBank, Endesa, Telefónica, BBVA y Bankia, aunque esta última ya está integrada en la primera.

El Gobierno planteó desde un primer momento su intención de atraer a más empresas y trabajadores a estos vehículos. Para ello, ha ido aprobando rebajas a los incentivos fiscales de los planes individuales, favoreciendo los planes de empresa. Desde este año solo se pueden destinar 1.500 euros a aportaciones a planes individuales, frente a los 8.500 euros de los vinculados al empleo. Sin embargo, el actual diseño de este fondo público ha sido criticado por las patronales. Entienden que no existen suficientes incentivos para estos productos.

Tampoco en los sindicatos convence el instrumento. “Es una medida que no goza de relevancia práctica”, ha apuntado Carlos Bravo, secretario de políticas públicas de CCOO. “Es un proyecto de ley que cumplirá con los hitos del plan de reconstrucción, que aporta una opción más para la exteriorización de compromisos por las pensiones, pero que realmente aborda un problema inexistente”, señala. El Ministerio defiende que ya ha planteado distintos incentivos en el desarrollo de la ley, como la opción de que las empresas puedan reducirse hasta en 115 euros las cuotas a la Seguridad Social por aportaciones a estos fondos del segundo pilar.

Cambios para funcionarios

El otro colectivo para el que llegan cambios aparejados a este nuevo fondo público es el de los funcionarios. Las aportaciones de fondos de pensiones para trabajadores públicos desaparecieron de manera generalizada en la pasada crisis financiera y es algo que no se ha recuperado. Desde el Ministerio reconocen que es una “insistente demanda” de los sindicatos. Y apuntan que hay contactos con Hacienda para recuperar la partida presupuestaria perdida. “No hay nada concreto todavía, pero puede ser en un horizonte cercano, como el próximo ejercicio”, señalan desde Seguridad Social. “Es evidente que este desarrollo se va a producir y falta por ver en qué términos”, apuntan.

Desde el Ministerio consideran que la atracción de los trabajadores públicos es uno de los aspectos relevantes de este proyecto de ley. De hecho, el desarrollo de esta norma volverá a incluir este aspecto, que había desaparecido en el pasado, dentro de la negociación colectiva entre los sindicatos y la administración. El objetivo que ha señalado Seguridad Social en distintas ocasiones es atraer a empleados públicos de administraciones más pequeñas, como ayuntamientos, que hasta la fecha tenían más complicado acudir.

En lo que respecta a los trabajadores por cuenta ajena del sector privado, el Ministerio ha impulsado esta norma sin el acuerdo con los agentes sociales. Minutos después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, tanto la patronal de las aseguradoras, Unespa, como el sindicato CCOO ponían en duda la efectividad de la norma. “Hemos tratado de ser todo lo dialogantes posible”, señalan desde el Ministerio. “Tampoco nos hemos encontrado con propuestas muy concretas por su parte”, apuntan.

Cómo funcionará

Una vez culmine el trámite parlamentario, el objetivo es que el fondo comience a funcionar a partir de verano, siempre según las previsiones del Gobierno. La norma establece que sea la negociación sectorial la que incluya la posibilidad de acudir a estos fondos para los trabajadores. Desde el Ministerio lo vinculan con la reforma laboral aprobada por Trabajo, al “reforzar la negociación colectiva”. Es decir, ya no dependerá de si una empresa decide negociarlo con sus trabajadores sino que se abordará a nivel sectorial. Con ello, el Gobierno confía en que pueda llegar a las pymes, frente a un sistema que ha primado fundamentalmente a las grandes empresas.

Una vez salga adelante ese acuerdo sectorial, habrá que buscar a qué fondo adscribirse. Es aquí donde el Gobierno pretende que el fondo de impulso público se haga un hueco en un sector que ya existe. ¿Cómo? Seguridad Social confía en que pueda competir en precio respecto a otros fondos. Esto se realizará con una limitación de las comisiones. En el anteproyecto de ley se fijaba un límite del 0,3%, aunque en el proyecto que llegará a las Cortes ese tope desaparece. Se ha justificado en que es un aspecto que se debe delimitar en una reglamentación posterior. Pero el Ministerio mantiene que “ese es el objetivo”.

¿Quién gobierna este fondo? En primer lugar, aunque se habla en singular, se puede tratar de múltiples vehículos, pero todos dependientes de una misma estructura. Esta tendrá dos comisiones. La primera es la más política, donde están representados el Ministerio de Seguridad Social, con mayoría; Hacienda; Trabajo; Asuntos Económicos y Transición Ecológica. Será la comisión promotora o de seguimiento y, entre otras cuestiones, tendrá la capacidad de escoger a las gestoras que se ocuparán de estos fondos. Establecerá también el marco común de la estrategia de inversión, que se revisará cada tres años.

La segunda estructura incorpora a los agentes sociales. Esta comisión de control tendrá cinco representantes de la Seguridad Social, cuatro de los sindicatos y otros cuatro de la patronal. En un primer momento, el Gobierno mantenía el control de este órgano con nueve representantes. Esto se ha corregido durante la negociación con los agentes sociales, aunque finalmente no se haya alcanzado un acuerdo global. Esta comisión realizará la supervisión continuada del fondo y podrá plantear la sustitución de la gestora.

¿Y por qué elegir un fondo público y no los privados que ya existen? El Gobierno responde a esta pregunta con dos razones. La primera es la gobernanza. Desde el Ministerio confían en que el hecho de estar impulsado por el sector público dotará de mayor confianza a estos vehículos para los trabajadores. Además, se fijan objetivos de inversión sostenible, que estarán diseñados por el propio Ejecutivo en la comisión promotora. La segunda razón que esgrime el departamento de Escrivá obedece a que confía en poder ofrecer un menor coste que otros vehículos, haciéndolo más atractivo. Además, defienden desde el Ministerio, “de manera natural” se irán cimentando estos fondos vinculados al empleo como un método para “fidelizar” a los trabajadores en las empresas.