Moncloa revisará la gestión de los fondos UE para tratar de sofocar la revuelta de las CCAA

El Gobierno volverá a abordar con las comunidades la gestión de los fondos europeos. Fuentes de Moncloa avanzan que este asunto se incluirá en el orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará en febrero en La Palma. La intención pasa por revisar el método de "cogobernanza" con las autonomías, más allá del reparto que ya quedó definido en el anterior foro multilateral ordinario, celebrado en Salamanca en julio del pasado año. Entonces se acordó que las autonomías recibirían el 55% del total de los recursos europeos destinados a España, superando incluso el porcentaje que reclamaban algunos presidentes populares. La distribución entre las regiones en 2021 ascendió finalmente a 11.246 millones de euros, lo que no llega al 50% de todo lo presupuestado.

En los gobiernos regionales todavía no tienen constancia de este punto del día, que se incluirá a propuesta del Ejecutivo para revisar el tramo de gestión autonómica desde una perspectiva de mayor cogobernanza. Este martes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sí daba algunas pistas reconociendo que su formación estaría negociando con el Gobierno para lograr una mayor descentralización la gestión de los fondos. Una demanda que comparten presidentes autonómicos de diferentes colores políticos para aumentar la participación de sus administraciones.

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Desde el Ejecutivo intentan despejar las dudas instaladas por los populares sobre la supuesta discrecionalidad en el reparto insistiendo en que los criterios de distribución son "transparentes y rigurosos". Asimismo, subrayan que la asignación de cada partida se aprueba en las conferencias sectoriales correspondientes con el acuerdo de las comunidades autónomas. En total, se han celebrado 59 encuentros y en todos ellos ha habido acuerdo. Los populares se quejan, sin embargo, del 'maltrato' de los ejecutivos socialistas a la hora de repartir ese dinero a los ayuntamientos.

Los populares gobiernan en cuatro de las seis comunidades que más fondos han recibido (Andalucía, Madrid, Galicia y Castilla y León) y los socialistas en una (Valencia). Andalucía fue la que más percibió, con 1.915 millones de euros, seguida de Cataluña, con 1.578. En tercer lugar, siempre según los datos proporcionados por Moncloa, se sitúa Madrid, con 1.213. La Comunidad Valenciana obtuvo 1.054, Castilla y León, 742 y Galicia, 681.

Opinión

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A la ofensiva en los tribunales anunciada por varios presidentes autonómicos del PP, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, se suman las críticas desde otras comunidades autónomas como País Vasco, Cataluña o Andalucía, que demandan una mayor descentralización en la gestión del dinero. La posición más extendida es que las cantidades que han percibido hasta el momento no se ajustan a lo que les correspondería. El lendakari, Iñigo Urkullu, por ejemplo, replicó las acusaciones de Ayuso sobre supuesto trato de favor desvelando que hasta diciembre Euskadi solo habría recibido el 3,5% del total de fondos asignados. El compromiso de llevar este debate a la Conferencia de Presidentes empuja a que asistan el propio Urkullu y Pere Aragonès, tradicionalmente críticos con este tipo de foros multilaterales. El 'president' ya se descolgó de la última reunión ordinaria.

El Gobierno ha tenido que reaccionar ante las amenazas de judicialización en varios frentes. Primero el europeo, remitiendo documentación y ofreciendo explicaciones por escrito a la Comisión Europea sobre la partida de nueve millones desde la Vicepresidencia y Ministerio de Trabajo contra la que presentó un recurso la Comunidad de Madrid. Segundo, el nacional, viéndose obligado a detallar el reparto hasta ahora y contrarrestar el ruido generado en un tema con el que pretende marcar agenda. Finalmente, el amago de revuelta se tratará de acabar sofocando en la Conferencia de Presidentes prevista para febrero y con fecha pendiente de concretar en función de cómo evolucione la sexta ola de la pandemia. La promesa de Sánchez de convocar este foro cada diez días, anunciada en vísperas de Navidad, ha quedado en nada.

Desde la CE, sencillamente se señala que tienen como una de sus prioridades que haya un reparto correcto de los fondos europeos

La polémica generada por la judicialización de los fondos europeos se suma a los recelos de otras comunidades gobernadas por nacionalistas o regionalistas, como es el caso de Cantabria. El presidente, Miguel Ángel Revilla, fue uno de los primeros en alzar la voz tras el recurso de Ayuso al convenir con la presidenta madrileña que existía "discriminación" en el reparto. "No sé los criterios y desde luego no me parece que sea un buen método", reprochó sobre los nueve millones de euros para un plan piloto de inserción laboral destinado a País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana.

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Se trata de proyectos piloto del SEPE, cuyos criterios de reparto se centraron en que las comunidades beneficiadas presentasen experiencias relevantes en inserción laboral de jóvenes, que demostrasen capacidad de ejecución y que se distribuyesen en mercados de trabajo diversos. Así, Extremadura se centró más en el sector agrario, País Vasco en el industrial, Valencia en el turístico y Navarra en iniciativas ligadas a zonas rurales despobladas. Con todo, están pendientes de repartirse en este mismo plan otros 11 millones para otra serie de comunidades autónomas.

En la Comisión Europea, siguen la polémica desde la distancia y desde un relativo desinterés. Bruselas nunca baja al fango de la política nacional y tiene la máxima de no hacer comentarios sobre declaraciones de terceros. Por eso, desde la institución sencillamente se señala que tiene como una de sus prioridades que haya un reparto correcto de los fondos europeos, algo que chequea cuando aprueba el plan nacional de cada país y que después monitorea. De hecho, fuentes comunitarias subrayaban este miércoles que cuando se va a realizar el desembolso, y España ha sido el único socio en recibir el primer tramo, los técnicos comprueban, entre otras cosas, el mecanismo de reparto.

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Las batallas políticas llevadas a Bruselas no suelen dar buenos resultados. Hace algunos meses, un diplomático conocedor de los pasillos europeos avisaba del riesgo de convertir a la Comisión en el “Tribunal Supremo de la política” nacional, buscando de manera continua que Bruselas decante el debate nacional en uno u otro sentido. Se convierte en una fuente de desgaste para el Gobierno, que tiene que lidiar con el ruido que se genera ante las instituciones, pero también para el partido que lleva esas cuitas a la capital comunitaria. En la Comisión estarán muy atentos a cualquier medida que pueda haber que desvirtúe el objetivo de los fondos, pero no llegará a esas conclusiones por denuncias o avisos que deriven del debate nacional: tiene sus propios mecanismos para detectar problemas.

Además, el Ejecutivo comunitario siempre ha tenido como objetivo que este fondo sea pilotado por los Estados miembros, en contraposición con los dictados de la Troika de la crisis anterior, por lo que las capitales han tenido una relativa manga ancha a la hora de diseñar sus planes, y la seguirán teniendo a lo largo de la ejecución salvo que Bruselas observe un riesgo de descarrilamiento muy serio. Esa era una de las razones por las que desde la Comisión se pedía a los Estados miembros que intentaran alcanzar un consenso político sobre sus planes a la hora de diseñarlos: precisamente para evitar turbulencias como esta.

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"La Comisión utilizará todas las herramientas de verificación a su disposición para comprobar que el dinero gastado ha contribuido a obtener los resultados esperados, el impacto territorial en caso de que este hecho sea parte de los hitos y objetivos”, explicaron este miércoles desde la institución. Desde Bruselas, recuerdan que hay que cooperar con las autoridades locales y regionales, pero no entran a comentar en los casos concretos puestos sobre la mesa por algunas comunidades del Partido Popular.

La ofensiva popular

Andalucía ha aceptado el guante del Gobierno para revisar la gestión de los fondos en la Conferencia de Presidentes y ha ofrecido diálogo para evitar la ofensiva judicial. El bloqueo de unos fondos que son imprescindibles para despegar en la recuperación económica es una sombra demasiado alargada como para abrir aventuras inciertas en los tribunales, admiten fuentes del Ejecutivo regional. Tampoco es nuevo, el presidente, Juan Manuel Moreno, lleva ya meses reclamando profundizar en la gestión compartida de los fondos UE y exige a Pedro Sánchez que cumpla la palabra que dio en la Conferencia de Presidentes de una gestión al 50% entre administraciones. En contra de las cifras que ofrece el Gobierno, la Junta cifra en un 33% la gestión en manos de la comunidad.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha precisado que si el Gobierno le da una explicación "convincente" sobre el reparto "se acabó la cuestión", refiriéndose a la posible judicialización por parte de la Xunta con respecto a este asunto. "Hemos pedido una explicación, no hemos recurrido nada. Si nos dan una explicación y es convincente o si rectifican y restituyen el dinero que corresponde a las comunidades autónomas se acabó la cuestión", ha proclamado este miércoles el presidente gallego en declaraciones a los medios en el 'stand' de Galicia en Fitur.

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Unos días atrás, al hilo del recurso elevado por Madrid al Supremo, el Ejecutivo andaluz se sumó a la ofensiva de los presidentes autonómicos del PP coordinados con Génova y no descartó acudir a los tribunales. El consejero de Economía, Rogelio Velasco, de Cs, se desmarcó públicamente de la estrategia de Isabel Díaz Ayuso y rechazó abrir la vía legal. “Hablar, dialogar y recabar información”, fueron las peticiones de este miembro del Gobierno regional que se desvinculaba de la estrategia del PP, por el retraso que podría conllevar abrir esta vía y el perjuicio que supondría un parón en la llegada de fondos.

En esa línea se situó este miércoles el presidente Moreno, quien durante su comparecencia en Fitur quiso subrayar que hay “una puerta abierta a la posibilidad de acuerdo”. El barón del PP aseguró que no hay “interés en litigar con nadie” porque Andalucía necesita dedicar y ejecutar esos recursos y confió en la negociación con el Gobierno. La queja es siempre la misma, falta transparencia y sobra oscurantismo. Las comunidades denuncian que tienen poca información sobre los Next Generation, que se negocian de forma sectorial entre los ministerios y las consejerías autonómicas. Moreno ya elevó una carta a la ministra de Economía, Nadia Calviño, haciendo constar su queja por la falta de información sobre estas ayudas.

El bloqueo y el retraso que podría conllevar acudir a los tribunales disuade a las comunidades de emprender esta vía y Andalucía claramente se puso del lado de abrir un diálogo con el Gobierno central. “Cuanto mayor transparencia, mejor funcionarán”, señaló Moreno, que lamentó que los fondos lleguen a las comunidades condicionados y que no las dejen decidir. “Son lentejas, o las tomas o las dejas”, dijo Moreno, que abogó por un modelo como el de Alemania, donde el canciller se reúne con los 'landers' para decidir el destino de estos fondos. Esa cogobernanza es la que exige Andalucía, que no obstante no descarta abrir esa puerta judicial si considera que hay un menoscabo o un perjuicio para la comunidad.