Los expertos plantean una reforma fiscal 'light' y no tocan la financiación autonómica

La reforma fiscal avanza. Y lo hace cumpliendo los plazos establecidos por Hacienda. Aunque el límite impuesto en su día para que los expertos entreguen a la ministra Montero sus conclusiones definitivas es el próximo 28 de febrero, es muy probable que ya a finales de este mes de enero le entreguen un primer borrador para que pueda estudiarlo. Hacienda, de esta manera, tendrá cerca de un mes para discutirlo con los propios expertos —15— antes de su presentación definitiva.

Según fuentes de toda solvencia, el documento será continuista respecto del actual 'statu quo' fiscal. Es decir, no habrá un cambio significativo en los grandes tributos: IRPF, IVA o sociedades. De hecho, pese a lo sugerido en ocasiones por la ministra María Jesús Montero, ni siquiera se harán propuestas para la reforma del vigente modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014. El mandato de Hacienda a los comisionados era, sin embargo, analizar “la imposición directa, indirecta y los restantes ingresos públicos”, según se comunicó en su día, lo que tiene indudable trascendencia en la financiación autonómica.

Lo que sí habrá es un estudio en profundidad, con propuestas detalladas, sobre el tratamiento fiscal de las nuevas realidades: economía verde, digitalización, tributación de las criptomonedas o normas de cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es decir, asuntos ‘light’, aunque relevantes, que no tocan el núcleo duro del sistema tributario. Tampoco el sistema de módulos, uno de los principales pozos negros de Hacienda. Lo que se propondrá es transitar hacia un sistema de estimación directa, ya sea normal o simplificada, en línea con el que se aplica en los países de nuestro entorno. Pero en ningún caso una reforma radical que acabe con el sistema de módulos.

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Aunque las reuniones de los expertos no han acabado —siempre se han celebrado de forma virtual—, fuentes de toda solvencia han descartado, igualmente, que se vaya a plantear una posición ‘agresiva’ sobre uno de los asuntos más polémicos, como es la armonización fiscal de algunos tributos cedidos, como el de patrimonio o el de sucesiones. De hecho, este asunto no pasará de una sugerencia, ya que en el actual debate tiene un carácter fundamentalmente político.

Armonización patrimonial

La Comunidad de Madrid y otras gobernadas por el PP, también algunas del PSOE, quieren mantener su autonomía fiscal, lo que en la práctica supone renunciar a la aplicación de determinados tributos. En la encomienda que hizo el Gobierno a los expertos se decía, sin embargo, que se pondría especial énfasis en la “armonización patrimonial”, en clara referencia a los tributos que muchos gobiernos autonómicos han eliminado en la práctica.

Este asunto ya fue estudiado por la comisión de expertos creada por Cristóbal Montoro en 2017 para actualizar el sistema actual de financiación autonómica, y su conclusión no dejaba lugar a dudas. “Sería deseable armonizar las bases imponibles de los tributos cedidos restringiendo la capacidad normativa autonómica a las escalas de gravamen y a posibles deducciones o bonificaciones de la cuota, así como estudiar la posibilidad de introducir topes máximos y/o mínimos de gravamen efectivo en ciertos impuestos patrimoniales”.

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Es más, se decía que la armonización “no limita su potencial recaudatorio y, por lo tanto, no restringe la autonomía de ingreso de las comunidades autónomas, mientras que reduce los costes de gestión y cumplimiento y las posibles barreras a la movilidad, aumenta la transparencia del sistema fiscal al facilitar comparaciones entre los distintos territorios y la medición de la capacidad tributaria” de cada región, lo que sería útil “para el correcto cálculo de las necesarias transferencias de nivelación”. Aquellas conclusiones de los expertos son, precisamente, las que han servido de base para actualizar el cálculo de la población ajustada que ya hizo llegar en diciembre el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas.

El propio presidente del Gobierno ya ha avanzado en alguna ocasión que la reforma solo se aplicará cuando se consolide el crecimiento económico, una manera de demorar su entrada en funcionamiento. Entre otras razones, porque 2023 —que es cuando debería entrar en vigor el grueso de la reforma— es año electoral (autonómicas, locales y generales), y en este punto tan sensible existen serias discrepancias entre Unidas Podemos y el PSOE. A lo sumo se podrían adelantar algunas medidas, pero nada de ‘revolucionar’ el actual modelo fiscal con medidas de armonización que podrían tener un alto coste político para el Gobierno.

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El compromiso que tiene Moncloa con Bruselas, componente 28, se limita a analizar “en profundidad” las figuras tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico “y avanzar en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes”.

Federalismo

El argumento que ofrece el presidente de la comisión de expertos, el catedrático Jesús Ruiz-Huerta, cercano al Gobierno, para no abordar la financiación autonómica es que "eso excede a lo que se nos ha pedido", según fuentes cercanas al grupo de trabajo. Ruiz-Huerta es un firme partidario del federalismo y en diversos escritos ha defendido que la aplicación de rebajas impositivas no es “la mejor estrategia para hacer frente a las demandas ciudadanas de buenos servicios públicos o a las necesidades del sector público”.

Hacienda, por el momento, solo ha remitido recientemente un documento a las CCAA sobre el cálculo de la población ajustada

Los expertos, en este punto, parte de posiciones discrepantes. Mientras que algunos abren la puerta a un modelo asimétrico, en función de las necesidades y características de cada comunidad, otros son partidarios de un sistema más homogéneo. En esto tiene que ver el perfil profesional de cada uno de ellos. Mientras unos proceden del ámbito de la economía pública, otros lo hacen desde el derecho financiero y tributario, lo que genera visiones distintas. Los primeros —Santiago Lago o Guillem López Casasnovas— defienden la asimetría territorial, algo que, por cierto, ya existe: cupo vasco y navarro, régimen canario o régimen común, además de peculiaridades propias en Ceuta y Melilla o, incluso, Baleares.

Esta composición, en todo caso, ha sufrido algunos cambios desde su creación. El catedrático Ignacio Zubiri —experto en el sistema foral vasco— dimitió hace algunas semanas, y más recientemente lo ha hecho Carlos Monasterio, catedrático de la Universidad de Oviedo y uno de los mayores expertos del país en federalismo.

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Hacienda, por el momento, y pese a que el actual modelo lleva caducado siete años, solo ha remitido recientemente un documento a las CCAA sobre el cálculo de la población ajustada que se debería tener en cuenta en la próxima revisión del sistema de financiación.

El documento, como ha asegurado Ángel de la Fuente en Fedea, ha asumido el grueso de las propuestas que hizo la comisión de expertos elegida por el anterior Gobierno en 2017, excepto en el caso del indicador de necesidades de gasto universitario, donde se inclina por primar a los usuarios potenciales sobre los reales (la población en edad de cursar estudios universitarios frente a los estudiantes matriculados). Pero, dicho esto, Hacienda no cuenta hoy con un calendario preciso para su discusión y posterior puesta en marcha del nuevo modelo. Tampoco lo harán los expertos reunidos por Montero.