Nueva baja en el comité de expertos de la reforma fiscal por las presiones del Gobierno

Nueva baja entre los expertos que ha designado Hacienda para que le asesoren en la reforma fiscal. Según ha podido saber Vozpópuli y confirman fuentes de Hacienda, Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo y defensor de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, abandona el comité y se suma a la salida de Ignacio Zubiri que adelantó este periódico. La retirada de Monasterio, que presentó su carta de despido ayer, se produce a poco más de un mes de la fecha que ha fijado el Gobierno para que los expertos entreguen su informe, antes del 28 de febrero, que será el pistoletazo de salida de la reforma fiscal, un proceso comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación a cambio de fondos. Esta semana también se ha conocido la salida de la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, a la que compete directamente una reforma en la que Hacienda quiere armonizar al alza los Impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones para obligar a la Comunidad de Madrid, a la que acusa de hacer 'dumping' fiscal, a subirlos.

Algunos miembros del comité se vienen planteando abandonarlo porque sienten que están escribiendo al dictado del Ministerio un informe que va a responder a sus pretensiones como un traje a medida -entre las que destaca la citada armonización al alza de los impuestos cedidos a las comunidades- y no pueden tratar asuntos que no son de su agrado. ​El comité, el cuarto que en democracia va a analizar el sistema fiscal, ha sido de los más nutridos, 19 miembros -ya 17-, con especialistas en el ámbito del Derecho Tributario, la Economía y la Hacienda Pública.

Carlos Monasterio ha sido miembro del grupo que elaboró en 1995 el Libro Blanco sobre la Financiación Autonómica por encargo del Gobierno de Felipe González, donde se defiende la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Fue designado por el Principado de Asturias como su representante entre los expertos que asesoraron al Gobierno de Mariano Rajoy en el fallido intento de reformar la financiación autonómica en 2017, comité que también dejó por discrepancias con el aval al Cupo Vasco y los acuerdos para su cálculo que mantenía la Hacienda de Cristóbal Montoro. Precisamente el informe de estos expertos, en el que finalmente Monasterio no participó, defendió una contradicción: que es necesario aumentar la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, limitar su autonomía tributaria. En concreto, proponía limitar las competencias de las comunidades en el IRPF, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, introduciendo tipos mínimos en Sucesiones.

Las críticas de Monasterio a la opacidad del cálculo del Cupo Vasco y los privilegios que supone las comparte Zubiri, uno de los mayores expertos en el Cupo. Zubiri, que ha sido crítico con la política fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy, fue nombrado miembro del comité de expertos en mayo, al que se incorporó cuando sus integrantes ya habían sido presentados, lo que ocurrió el 12 de abril. Zubiri también se ha mostrado favorable a la autonomía tributaria de las comunidades (en “Sobre la convergencia entre los sistemas foral y común”, por ejemplo).

Los dos expertos que han abandonado el comité defienden la autonomía fiscal de las comunidades autónomas

El informe de 2017 tuvo numerosos votos particulares; algunos defendían un incremento sustantivo de las competencias tributarias de las comunidades autónomas. Zubiri y Monasterio han ido más lejos y han abandonado un comité controlado por un presidente y un secretario con lazos con el PSOE. Lo preside Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Fue director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), que depende de Hacienda, entre 2004 y 2008. Este cargo tiene rango de director general y es nombrado por el ministro de Hacienda. Ruiz-Huerta dirige el Laboratorio de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE.

El secretario, Alain Cuenca, fue nombrado director del IEF por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en 2018, y ha sido responsable de financiación autonómica y local en el Ministerio de Economía y Hacienda, también director general en el escalafón, durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2004 y 2005, fue jefe de Gabinete de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda, y entre 2005 y 2008, director General de Coordinación Financiera con Entidades Locales.

Los 17 expertos que presentó Montero el 12 de abril acabaron siendo 19 en mayo. La incorporación de Zubiri como vocal se produjo entonces, y se acompañó de la de Cristina García-Herrera como vicesecretaria, con lo que se reforzó la presencia del IEF, ya que es directora de Estudios de este Instituto dependiente de Hacienda, además de profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid.

En la presentación del comité de expertos, Montero anunció que el trabajo encomendado, analizar el sistema fiscal para "mejorar su eficiencia, garantizar los recursos públicos y adaptarlo a los retos del siglo XXI", iba a poner el "énfasis en el estudio de la fiscalidad medioambiental, la imposición en sociedades, la tributación de la economía digital, así como la armonización patrimonial". En lo que respecta a la garantía de los recursos públicos, se perfila una subida de impuestos importante, tanto de tipos como de recorte de deducciones, que el propio Pedro Sánchez acaba de plantear que deberá acompasarse con la consolidación de la recuperación económica.

La importancia del informe

Los tres comités de expertos para reformas fiscales que había habido hasta ahora los ha presidido Manuel Lagares, que ha destacado la "libertad" con la que trabajó en todos ellos. Justo antes de presentar a los expertos, Montero delimitó con claridad los objetivos finales de la reforma. Preguntada entonces por la libertad de los expertos, aseguró que la tenían para plantear lo que consideraran pero que el Gobierno tomaría a su vez su análisis en cuenta sólo si lo consideraba oportuno. Estas declaraciones del 12 de abril contrastan con lo que luego dice el Plan de Recuperación, acordado después, en el que el Gobierno se compromete a que "las modificaciones del sistema tributario basadas en las recomendaciones de este informe" entren en vigor a más tardar el 31 de marzo de 2023. Es decir, a diferencia de los informes anteriores, éste deberá tener trascendencia legislativa, ser la base del texto legislativo de la reforma, lo que se establece nada menos que en la forma de compromiso con la Comisión Europea, del que dependen la llegada de los fondos de la UE.