Martín Guzmán defiende en el Congreso un presupuesto que no prevé pagos para el FMI en 2022

El debate del proyecto de ley de presupuesto 2022 será el primer desafío que enfrenta el oficialismo, en minoría en ambas cámaras, tras el recambio legislativo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentará este lunes en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados: es el primer mojón en la febril carrera hacia su aprobación, este mismo jueves, que el Gobierno espera concluir en el Senado antes de fin de año en un gesto al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno no introducirá ninguna modificación en las principales variables macroeconómicas contenidas en el proyecto, según anticiparon fuentes oficiales a LA NACION. Mantendrá sin cambios su proyección de crecimiento del PBI para 2022 del 4% –que muchos analistas privados consideran demasiado optimista– como así también sus previsiones sobre el déficit primario -3,3% del PBI- y financiero –del 4,9% del PBI–.

Pese a la brecha cambiaria con el dólar blue, el Gobierno mantendrá su política de devaluación paulatina del peso y no modificará el tipo de cambio –$131 por dólar–. Tampoco modificará la pauta de inflación, del 33% anual, pronóstico que los consultores privados consideran inviable si se considera que este año el índice de precios treparía por encima del 50%.

El Gobierno confía en que logrará alcanzar un acuerdo de renegociación de la deuda con el FMI: por esa razón sigue sin incluir pago alguno al organismo internacional el año próximo. Las negociaciones, que se cocinan a fuego lento entre Buenos Aires y Washington, tuvieron la semana pasada un primer esbozo de entendimiento, en el que el FMI marcó varios objetivos, entre ellos una reducción del déficit y una política coordinada para bajar la inflación.

Asimismo, desde el organismo internacional se aclaró que serán necesarias “más discusiones” para llegar al acuerdo final, por lo que el acuerdo técnico, de avanzar en las negociaciones, recién estaría listo a mediados del mes próximo. Esto significa que el promocionado plan plurianual que prometieron el presidente Alberto Fernández y su ministro Guzmán para principios de este mes se retrasaría todavía más.

Se espera que Guzmán, con su visita a la Cámara de Diputados –largamente reclamada por la oposición–, eche algo de luz sobre la marcha de las tratativas con el FMI. Por de pronto la vicepresidenta Cristina Kirchner marcó límites del eventual acuerdo que se suscriba. En el acto celebratorio del día de la Democracia y los Derechos Humanos, la expresidenta dejó en claro que no admitirá ningún plan que no permita la recuperación económica del país.

“Tranquila, Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el desarrollo social en la Argentina”, respondió Fernández, quien exclamó que “la Argentina del ajuste es historia”.

Ajuste del gasto

Empero, los números del presupuesto que defenderá Guzmán este lunes contradirían estos mandatos. Según el análisis que realizó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el proyecto, los gastos primarios que proyecta el Ministerio de Economía para 2022 representarán el 20,3% del PBI, lo que implicaría una disminución de 1,5 puntos con relación al ejercicio actual. Esta baja en el gasto está impulsada por la contracción de los subsidios energéticos (0,8% en términos reales) y los programas sociales (0,5%).

Este ajuste en el gasto es el que desata malestar en el kirchnerismo, en particular en el jefe del bloque oficialista de diputados Máximo Kirchner, enquistado hace tiempo con la gestión de Guzmán. Esto explica por qué el proyecto del ministro se mantuvo paralizado en la Comisión de Presupuesto durante tres meses desde que fue girado al Congreso, el pasado 15 de setiembre.

Ahora, ante las urgencias de cumplir con el FMI, el oficialismo acordó resucitar la iniciativa y, si bien no se tocarán los principales trazos macroeconómicos, se descuenta que los legisladores oficialistas meterán mano para ampliar el gasto, ya sea en más subsidios u obra pública. Una práctica que se volvió habitual en cada discusión del presupuesto.

La reacción opositora

Además de los reparos kirchneristas, el ministro Guzmán enfrentará el duro reproche de la oposición de Juntos por el Cambio por apurar la sanción de un presupuesto en la Cámara de Diputados en solo tres días, cuando el proyecto fue girado hace tres meses. Para los opositores, el proyecto de Guzmán es tan solo una formalidad simbólica (con metas incumplibles) cuya sanción el ministro pretende exhibir ante el FMI como muestra de un acuerdo con la oposición.

Lo cierto es que Juntos por el Cambio se encuentra en un dilema. Si decide no dar quorum en la sesión del próximo jueves, el Gobierno le achacará su actitud obstruccionista al dejarlo nuevamente (como en 2010) sin ley de presupuesto. Justo cuando pretende avanzar en la negociación con el FMI para renegociar la deuda contraída por el gobierno anterior.

Más allá de los reproches, lo cierto es que el Gobierno corre con una ventaja: sin ley aprobada antes de fin de año, tiene la potestad de prorrogar el presupuesto del actual ejercicio, tal como hizo en 2010 y en 2019, año en que Fernández asumió la presidencia. Esto le permitiría, como lo hizo en aquellas dos oportunidades, incrementar o reducir partidas de manera discrecional según sus necesidades.

“Es evidente que el oficialismo quiere hacerle creer a la gente que no va a ajustar. El ajuste es la inflación. El oficialismo no quiere poner en números la verdad, por eso va a hacer todo lo posible para que no se trate el Presupuesto ni ningún otro instrumento que devele que el gobierno tiene un pésimo plan de ajuste entre manos”, advierte el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, jefe del interbloque Federal, anticipando así la crítica postura de su bancada.

El interbloque Juntos por el Cambio aún no definió la estrategia que adoptará frente al apuro oficialista de aprobar el presupuesto. “Reclamaremos más tiempo de estudio. No somos una escribanía”, adelantó Mario Negri, jefe del bloque radical.

Por de pronto, la coalición opositora definió que dará el debate en la Comisión de Presupuesto, ya conformada con sus nuevos integrantes. De los 49 miembros, 24 pertenecen al Frente de Todos y 23 a Juntos por el Cambio; los dos lugares restantes corresponden a los interbloques Federal y Provincias Unidas, este último un conglomerado de legisladores provinciales que, si bien hasta ahora acompañaron las iniciativas del Gobierno, esta vez prometen que no darán carta blanca. Traducido al castellano, solo darán su voto favorable al dictamen si el oficialismo satisface las demandas para sus respectivos distritos.