El Gobierno bloquea la ley que elimina trabas al despliegue de fondos europeos

Uno de los grandes retos que se marcó el Gobierno hace justo un año era la eliminación de los cuellos de botella para la gestión de los fondos europeos. El objetivo era simplificar la carga burocrática y normativa para permitir una rápida ejecución de las ayudas del plan de recuperación una vez quedase aprobado definitivamente por la Comisión Europea. Lo hizo a través del Real Decreto-ley 36/2020 aprobado el 30 de diciembre de 2020. Ha pasado casi un año desde entonces y la ejecución de los fondos europeos sigue siendo muy lenta, tanto, que las empresas y algunas administraciones públicas empiezan a desesperarse.

El Gobierno se comprometió a tramitar ese real decreto-ley como proyecto de ley para así permitir la incorporación de enmiendas que contribuyesen a facilitar la ejecución de las ayudas europeas. Sin embargo, la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Unidas Podemos, lleva desde el pasado mes de febrero bloqueando la tramitación de esta ley, ampliando sistemáticamente el periodo de enmiendas. Esto significa que las aportaciones que realizaron los partidos políticos, así como diversas instituciones, siguen paralizadas.

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La Mesa del Congreso decidió este martes volver a prorrogar el plazo de enmiendas. El Gobierno no tiene previsión de desbloquear este proceso en el corto plazo y todavía no ha abierto negociaciones con ninguno de sus socios parlamentarios. Tampoco con Unidas Podemos, al menos formalmente, según confirman fuentes parlamentarias.

Los problemas en la ejecución de los fondos europeos provocan que la existencia de estos cuellos de botella sean aún más preocupantes. El dinero sigue sin llegar a la economía real a pesar de las promesas del Gobierno, lo que está generando frustración en el tejido productivo y también entre los responsables políticos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Las empresas consideran que es urgente eliminar cualquier obstáculo al uso de los recursos que ha puesto a disposición de España la Comisión Europea, y esto incluye la incorporación de algunas enmiendas al real decreto. “Lo que estamos viendo es que la ejecución de los fondos europeos está yendo mucho más lenta de lo que anunció el Gobierno”, advierte Luis Socías, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la CEOE: “La Mesa del Congreso sigue bloqueando la tramitación como proyecto de ley, lo que impide incorporar mejoras y eliminar algunos obstáculos que están en vigor actualmente en su texto articulado”.

Este jueves, expertos de EsadeEcPol y EY Insights han publicado un informe en el que analizan las potenciales vías de mejora para la ejecución de los fondos, ya que "a finales del mes de septiembre, las comunidades autónomas ya habrían recibido más de 7.500 millones de euros, recursos que en su mayoría no han sido transferidos al tejido productivo por falta de coordinación y planificación previa". Uno de estos "campos de mejora" que señala el estudio es precisamente la tramitación de la ley, porque "ni los mecanismos de gobernanza previstos en el real decreto, ni las distintas conferencias sectoriales parecen mecanismos suficientes para implicar la ejecución de este PRTR".

La ejecución de los fondos está yendo mucho más lenta de lo que anunció el Gobierno

Las razones de este bloqueo son tanto aritméticas como de contenido. El decreto del Ejecutivo, que se aprobó el pasado 28 de enero como proyecto de ley, se salvó gracias a la abstención de Vox. El concurso de la formación de ultraderecha fue fundamental, ya que ERC votó en contra. Esta situación dificulta ahora las negociaciones para introducir enmiendas, ya que el Gobierno no tiene asegurada la mayoría necesaria.

Las críticas siguen coincidiendo en la falta de mecanismos de control y la concentración de poder que supone el hecho de que Moncloa termine tomando todas las decisiones relativas a los fondos. "Este decreto se aprobó gracias a los votos de Vox, y ya dijimos en su momento que el Gobierno tendría un cheque en blanco, y un año después se ha demostrado que se está procediendo a las convocatorias y la distribución de una parte de los fondos sin que se haya tramitado el proyecto de ley", indican desde uno de los grupos parlamentarios.

Por otra parte, se aduce que las modificaciones al decreto están limitadas por la legislación europea. El margen de maniobra para la introducción de enmiendas, según se argumenta desde el Gobierno, estaría acotado por las directivas europeas, especialmente en lo relativo a los proyectos de grandes cuantías, como los Perte (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica), que además deben ser publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. Lo mismo ocurre con lo relativo a los informes de impacto ambiental, que deben responder a los criterios de control y auditoría marcados por dichas directivas.

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La ley de agilización administrativa para eliminar los cuellos de botella se concibió con el objetivo de acelerar la distribución y ejecución de los fondos europeos. Sin embargo, casi un año después de que se aprobase en el Consejo de Ministros, la ejecución sigue yendo muy lenta en comparación con los planes anunciados por el Ejecutivo. Ante esta situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido incrementar las reuniones del Consejo de Ministros a dos por semana para agilizar la distribución de los fondos europeos. Se pretende así multiplicar las convocatorias para garantizar la mayor ejecución posible de las partidas previstas para este ejercicio. Este mismo martes, se dio luz verde al Perte Salud de Vanguardia, que movilizará 1.469 millones de inversión hasta 2023, al que seguirá una batería de estos proyectos en diferentes sectores durante las próximas semanas.

Las empresas denuncian que la paralización de esta ley es uno de los obstáculos para la ejecución, pero no el único. La información sobre los fondos europeos fluye con cuentagotas hacia el resto de administraciones. El resultado es que las comunidades autónomas y los ayuntamientos todavía no saben a qué recursos pueden optar, qué tipo de proyectos presentar o cómo hacer la ejecución. Las empresas están en la misma situación de falta de información y siguen en una situación muy similar a la de antes del verano: muchas expectativas y pocas certezas.

Los números no salen

El Gobierno anunció durante la primavera que crearía un portal específico para el seguimiento de la ejecución de los fondos europeos. Sin embargo, a medida que pasa el año, lejos de mejorar la transparencia, se ha vuelto más opaca. En agosto, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) incluyó un apartado en el informe mensual de ejecución presupuestaria sobre el estado de utilización de los fondos europeos.

Eran las primeras semanas de funcionamiento del plan, lo que explica que en ese momento el volumen de recursos realmente ejecutados fuese muy bajo. En concreto, al final de agosto apenas se habían desembolsado 104 millones de euros. Sin embargo, este apartado desapareció en el informe de septiembre y tampoco ha aparecido en el de octubre, publicado este lunes.

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Tras la eliminación de este apartado, no hay forma de conocer el ritmo de ejecución de los fondos europeos. Esto es, sin contabilizar las transferencias entre administraciones como dinero ya invertido. Las empresas opinan que esta falta de transparencia en el uso de los fondos europeos es consecuencia del bajo ritmo de la ejecución. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, anunció el martes, en su comparecencia en el Senado, que vuelve a recortar la previsión de gasto de los fondos europeos por el ritmo lento registrado hasta ahora.

“Nosotros todavía tenemos incluido en el año 2021 un impacto de siete décimas del PIB que sabemos que no va a ser así”, advirtió Herrero, “por lo menos otras cinco décimas adicionales tendríamos que reducir aunque solo fuera por el Pacto de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Para un multiplicador que la AIReF estima en 1,2 veces, esto significa que estaría estimando una ejecución inferior a los 5.000 millones de euros. Una cifra que ni se acerca a los 27.000 millones presupuestados para este año.