España ya es la economía con más desequilibrios de la Unión Europea

La crisis económica provocada por el coronavirus fue especialmente dura en España y así se ve reflejado en el deterioro del listado de desequilibrios macroeconómicos que mide anualmente Eurostat. De los 14 indicadores que monitoriza para anticipar posibles crisis, España supera el umbral máximo permitido en la mitad, siete. Son tres más que antes de la pandemia y muestran hasta qué punto el deterioro de la actividad ha puesto en riesgo la salud económica del país.

Con estos siete indicadores en rojo, España se sitúa como el país de la eurozona con más desequilibrios macroeconómicos. De media, el número de indicadores por encima del umbral se sitúa en cuatro, que eran los que tenía España hasta 2019. Sin embargo, el deterioro de la economía en el último año ha aumentado las vulnerabilidades del país. Inmediatamente detrás de España se sitúan Grecia y Portugal, con seis indicadores en rojo, y, por detrás, Lituania, Estonia y Luxemburgo, con cinco. Los mejores puestos son para Finlandia, Bélgica, Italia, Malta y Letonia, con solo dos alertas.

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Pero España no solo tiene tres nuevos indicadores en situación de desequilibrio, además de los cuatro que ya tenía en alerta, tres han seguido empeorando con la pandemia. Esto es, los desequilibrios que ya existían se han agudizado. El análisis de los desequilibrios macroeconómicos se ha convertido en uno de los pilares clave de la supervisión comunitaria a los países, ya que sirven para anticipar crisis derivadas de la acumulación de riesgos, o para predecir qué países lo pasarán peor ante una crisis global. España tiene muchas ‘papeletas’ compradas para repetir como uno de los perdedores de las futuras crisis a menos que consiga reequilibrar su posición.

Una de las conclusiones más relevantes del análisis individual de los desequilibrios es que las nuevas alertas se centran sobre el sector empresarial, que es, junto con las rentas bajas, el claro perdedor de la pandemia. El Gobierno centró sus esfuerzos en proteger la renta de los trabajadores asalariados durante la crisis, pero restringió intensamente las ayudas directas a empresas. Las ayudas se canalizaron como préstamos a través de los avales del ICO, pero no como transferencias, lo que provocó que las empresas tuvieran que asumir por sí solas las pérdidas sufridas durante el confinamiento, elevando su deuda.

Como consecuencia, la deuda privada se incrementó en 17 puntos del PIB a lo largo del año, superando el 146%. Y eso a pesar del ahorro de los hogares, que compensó este deterioro. Las empresas soportaron una buena parte de la crisis económica, pero esto ha provocado que salgan en una situación financiera más debilitada, frenando así la recuperación. Los pobres datos de España en esta fase final de la crisis se deben, en parte, a la debilidad de la inversión que apenas se ha incorporado a la salida de la crisis. La formación de capital fijo seguía, en el segundo trimestre del año, un 1,5% por debajo de los niveles del verano de 2020, esto es, por debajo del nivel existente al final del ‘gran confinamiento’. Por el contrario, en el conjunto de la eurozona estaba ya casi un 4% por encima.

Otro de los indicadores que han entrado en rojo es el de los costes laborales, que han crecido rápidamente golpeando también los márgenes de beneficio de las empresas. Entre 2017 y 2020, el coste por trabajador se incrementó un 11%, por encima del umbral del 9% que fija la Comisión.

Es importante señalar que los costes laborales crecieron con fuerza en toda Europa, ya que los Estados no cubrieron todos los gastos en personal de las empresas cuando empezó el confinamiento. En España, por ejemplo, las exoneraciones en las cotizaciones no llegaron al 100%, lo que significa que tuvieron que soportar una parte del gasto en cuotas a la Seguridad Social.

Sin embargo, una buena parte del incremento de los costes laborales no estuvo relacionada con la pandemia, sino con políticas previas: el incremento del salario mínimo y de las bases de cotización que ha aprobado el Gobierno en los últimos años. Es importante tener en cuenta que Eurostat utiliza la variación trianual para este indicador, de modo que capta la variación de los costes salariales en el medio plazo. En este caso, la comparativa de 2020 respecto a 2017. Este periodo captura la subida del SMI del 22% de 2019 y del 6% de 2020.

Los costes laborales seguirán presionados al alza en el próximo año, ya que las cotizaciones sociales volverán a subir en 2022 para financiar el ‘mecanismo de equidad’ que sube las cuotas empresariales en 0,5 puntos. Además, el Ejecutivo prevé aprobar una nueva subida del SMI y la creación del fondo público de pensiones incentiva a la negociación colectiva a que las empresas hagan aportaciones al ahorro privado de sus trabajadores. Todo ello carga sobre los costes laborales, lo que limitará el alivio que consigan las empresas por el final de los ERTE.

El tercer indicador que se ha puesto en rojo es el de la participación de España en las exportaciones globales. Aunque el gran cambio estructural vivido durante la crisis financiera se mantiene: el superávit de la balanza por cuenta corriente, el saldo con el resto del mundo se deterioró rápidamente durante la pandemia. El principal motivo fue la caída de las exportaciones, en especial las turísticas.

Esto cortó la tendencia favorable de España, cuya participación en las exportaciones mundiales fue creciente durante el pasado ciclo expansivo, y en 2020 registró una caída superior al 6% que marca el umbral de Eurostat. Este deterioro complica el desapalancamiento de España, que sigue teniendo una deuda externa muy abultada, lo que supone una vulnerabilidad financiera para el país y, además, es otro de los indicadores en rojo.

España cerró el año 2020 con una deuda neta internacional equivalente al 86% del PIB, muy lejos del 35% que marca como nivel apropiado Eurostat. Esta deuda externa supera en más de 12 puntos del PIB la existente en 2019. El gran financiador de España durante la pandemia ha sido el Banco Central Europeo, lo que ha permitido evitar que se disparara la prima de riesgo. Sin embargo, el BCE no estará siempre respaldando la deuda externa de España y necesitará mantener su capacidad de financiación con el resto del mundo para pagar las facturas.

Los problemas de siempre

Los desequilibrios del mercado laboral se mantienen como dos señales de alerta permanentes que muestran el origen de los problemas de baja productividad de España. La tasa de desempleo, del 15% (y eso a pesar de que los ERTE maquillaron las cifras de destrucción de empleo) es la segunda más alta de la eurozona, solo por detrás de Grecia. De hecho, España y Grecia son los dos únicos países que tienen este indicador de paro en desequilibrio.

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La tasa de paro tan elevada convive con una tasa de actividad en descenso como consecuencia del envejecimiento de la población. Hasta 2019 España era el único país europeo que tenía este indicador en situación de desequilibrio (un descenso a tres años de más del 0,2%) y ahora son ya cinco más. El motivo de este deterioro fue que durante la pandemia se frenó la entrada de inmigrantes, lo que provocó que no hubiera reemplazo para los trabajadores que se jubilaban. La buena noticia es que en 2021 ha vuelto la inmigración y probablemente España saldrá de este indicador de alerta.

Por último, la deuda pública es el último indicador de alerta que se mantiene de forma permanente en España. Es previsible que toda una generación no vea nunca apagarse esta ‘luz roja’ a menos que la Comisión Europea decida subir el umbral de lo que considera un desequilibrio macroeconómico, actualmente fijado en el 60% del PIB. En 2020 la deuda pública de España escaló hasta el 120% del PIB y las previsiones apuntan ahora a que volverá a crecer en 2021 como consecuencia de las cifras decepcionantes de crecimiento de los dos últimos trimestres.

Los indicadores en los que España no muestra desequilibrio se han deteriorado durante la pandemia, aunque se mantengan en niveles favorables. Es el caso de la balanza por cuenta corriente, que pasó de arrojar un superávit de 26.000 millones de euros en 2019 a 9.000 millones en 2020, en gran medida como consecuencia del parón del turismo.

Los indicadores del precio de la vivienda y de crédito al sector privado siguen también contenidos. En el caso de la vivienda, los precios se frenaron por la pandemia y, además, en una buena parte del territorio no existen presiones inflacionistas en este mercado. Por su parte, el crédito al sector privado se mantuvo limitado, ya que los hogares redujeron su apalancamiento rápidamente y elevaron su nivel de ahorro como consecuencia del parón del consumo. Sin embargo, el ahorro de los hogares se está convirtiendo en un lastre a la recuperación, porque las familias siguen conteniendo su gasto a pesar de la mejoría sanitaria. De ahí que este indicador favorable sea, en este momento, un motivo de preocupación para los economistas.