El acuerdo de paz con las Farc que se firmó dos veces hace cinco años (primero el 26 de septiembre y luego, por el triunfo del ‘no’ en el plebiscito, el 24 de noviembre) empezó a abrirse camino mucho antes. Incluso antes del 2012. Ni siquiera ese año, cuando arrancaron discretamente los contactos entre las partes, sino más de una década atrás.

Sobre las cenizas del fracaso del Caguán (entre 1998 y 2002) y en medio de la mayor arremetida militar de la guerrilla, la administración de Andrés Pastrana logró poner en marcha el Plan Colombia, que con miles de millones de dólares de los Estados Unidos transformó el anquilosado aparato militar del país. Y a partir del 2007, con la muerte en un bombardeo del ‘Negro Acacio’, el principal narco de las Farc, por primera vez los jefes del grupo ilegal supieron que ya no iban a morirse de viejos en sus campamentos, como le pasó a ‘Jacobo Arenas’.

Desde los aviones y helicópteros que cambiaron el curso de la guerra los notificaron de que su destino sería “vivir correteados”, como lo reconoció en una comunicación radial clandestina, precisamente dos años antes de morir en un bombardeo, el ‘Mono Jojoy’.

A cinco años de la firma de la paz, los resultados del proceso que llevó al desarme, desmovilización y reincorporación a la vida civil a más de 13.000 miembros del principal actor ilegal de la guerra en Colombia no son parejos en todos los frentes. Pero hay una coincidencia entre todos los protagonistas y observadores: la seguridad, tanto de los desmovilizados (casi 300 asesinados desde 2016) como de los habitantes de las regiones donde las Farc fueron fuertes, sigue siendo el mayor desafío.

En un contexto mundial en el que seis de cada diez procesos de paz terminan en fracaso, el colombiano es considerado como un modelo por la comunidad internacional y sobre todo por dos actores claves para el país: Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas.

Así se lo reiteraron al presidente Iván Duque, con diferencia de semanas; el poderoso secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken; el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y el secretario general de la ONU, António Guterres.

Respaldo a la JEP

De hecho, uno de los pilares del acuerdo —la Justicia Especial para la Paz, JEP— fue fundamental para uno de los mayores logros diplomáticos en años: el cierre de la observación que desde el 2004 mantenía la temida Corte Penal Internacional sobre el país.

“Hay que apoyar a la JEP. El Gobierno, la sociedad civil colombiana tienen que apoyarla: su contribución es positiva y se merece la confianza de los colombianos para que continúe sus acciones hacia la paz y hacia la transparencia”, afirmó en su reciente visita al país el fiscal jefe de la CPI.

Se trata, sin duda, de un espaldarazo a la JEP, que este año ha dado pasos importantes —como la imputación por secuestro contra la cúpula de la guerrilla—, pero que aún tiene muchos frentes en los que hay pocos avances. Uno de ellos es el de la violencia sexual —abusos, abortos forzados y otras prácticas criminales—, especialmente contra mujeres de las zonas donde delinquían sus frentes y también contra las integrantes de sus propias filas.

Yolanda Perea es una de esas mujeres víctimas de las Farc. Cuando tenía 11 años la violó un guerrillero que irrumpió en la finca de su familia en Pavarandó, Chocó. Y a pesar de que los estatutos de las Farc supuestamente establecían duros castigos —incluso la pena de muerte—, Yolanda nunca oyó siquiera una disculpa. Por el contrario, miembros de las Farc asesinaron a su madre porque se atrevió a denunciar al violador.

Mientras colombianos como Yolanda siguen esperando justicia, miles más de zonas de conflicto aún esperan conocer un periodo largo de tranquilidad. En departamentos como Cauca, uno de los más golpeados por las Farc, la violencia ha vuelto a recrudecer después de un par de años de relativa tranquilidad, de la mano de nuevos y viejos nombres en el conflicto: disidencias de Farc, Eln, bandas criminales y hasta ‘Pelusos’ (antiguas disidencias del Epl) peleando por la coca, la marihuana y la minería ilegal de siempre.

Violencias nuevas y viejas

Violencias
nuevas y viejas

En lo que va del 2021, en Cauca han ocurrido más de 150 asesinatos selectivos. Son poco menos de la tercera parte de los ocurridos en el 2001 (el año más violento, según los registros), pero también la cifra más alta desde el 2005.

“La guerra de hoy en el Cauca no es la misma que existía antes del acuerdo —afirma Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac)—, ni tiene en todo caso la intensidad que se vio en los años más duros de la confrontación Estado-Farc”.

Para el Cerac, que cumplió las veces de Secretaría Técnica sobre la implementación, hay dos elementos fundamentales que inciden en la deteriorada situación de seguridad en ese y otros departamentos del país: la persistencia del narcotráfico y la incapacidad del Estado para copar eficientemente los espacios territoriales de los que salieron las Farc y que otros grupos ilegales han pretendido ocupar. Eso ha pasado en Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Norte de Santander y Chocó.

En Tumaco, que lleva más de una década en la cabeza de la lista de municipios con más coca en Colombia y que en su momento fue duramente golpeado por la violencia de las Farc, no le han visto la cara a la paz. En el 2018 registró 102 homicidios; en el 2019, 217, y en el 2020, 193, según Medicina Legal. “A cinco años de haberse firmado la paz con las Farc seguimos viviendo la misma desolación y el mismo problema de orden público. No solamente es garantizar la seguridad por un día, es cómo permanece en el tiempo”, dice el gobernador de Nariño, Jhon Rojas Cabrera.

El Cerac, que lleva un conteo diario de los hechos del conflicto en el país, señala que en 67 municipios que no tenían niveles importantes de violencia antes de la paz se han disparado los homicidios y otros delitos, de la mano del crecimiento del narcotráfico y el microtráfico. Pero esas mismas bases de datos dejan en evidencia que, por cuenta de la paz con las Farc, se salvaron entre 4.200 y 6.300 vidas en los últimos 5 años, tanto de guerrilleros y militares como de población civil. Y aunque la violencia y el narcotráfico siguen asolando un centenar largo de municipios del país —los mismos que poco o nada han sentido los beneficios de la paz—, hay otros dos centenares que sí han podido dormir sin temor a las tomas violentas o las masacres que los asustaron por décadas y que poco a poco se encaminan por la senda de la consolidación en materia social y de orden público.

En 2022, cuando Colombia elija un nuevo presidente, las Farc harán su segunda salida a la arena electoral desde la firma del acuerdo definitivo. Llegan con todas las lecciones aprendidas de su duro ‘barrigazo’ en la política colombiana tras el cual incluso tuvieron que cambiar el nombre de su partido —ahora Comunes— y de una larga serie de equivocaciones que han generado rechazo, como la idea de hacerle homenaje público al despiadado ‘Jojoy’, sin tener la menor consideración por sus miles de víctimas.

Pero también tienen la certeza de que el compromiso del Estado es firme, como lo han reiterado el presidente Duque y su consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y como lo ha verificado Naciones Unidas.

A diferencia de hace cuatro años, la paz con las Farc no será en 2022 bandera electoral y el discurso de “hacer trizas” el acuerdo parece cada día más superado. Pero, como se demuestra cada día, el solo acuerdo no significó el fin del conflicto para muchas regiones que desde hace décadas están golpeadas por la guerra, y mucho menos del narcotráfico, que hoy por hoy tiene las mayores extensiones de coca desde que se llevan registros en el país: más de 250.000 hectáreas según los cálculos de los Estados Unidos.

Reporteros de EL TIEMPO recorrieron antiguos territorios donde la guerrilla impuso su violencia y hablaron con los colombianos de a pie, reincorporados y víctimas de los crímenes perpetrados durante la guerra.