El Gobierno acuerda con el PP renovar el TC y el resto de órganos caducados menos el CGPJ

El Gobierno y el PP han alcanzado un acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, según han confirmado fuentes de Moncloa. Los nuevos nombramientos pactados entre los dos grandes partidos, que excluyen el CGPJ también pendiente de renovación, se llevarán a cabo en una sesión plenaria que se celebrará previsiblemente la semana del 25 de octubre tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. En la tarde de este miércoles, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, mantuvieron un encuentro en el que cerraron los flecos del acuerdo, como adelantó este diario, que se ratificó en la mañana de hoy.

Los favoritos para ser designados miembros del TC son el catedrático de Penal de la Universidad de Valencia José Luis González Cussac y el magistrado de la Sala de Contencioso del Tribunal Supremo Pablo Lucas, por la parte socialista. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos Enrique Arnaldo y el catedrático de Derecho Procesal Nicolás González-Cuéllar son los nombres que más han sonado por la parte de los populares. Desde el Ejecutivo evitan ratificar los nombres que se pusieron sobre la mesa en la recta final de las negociaciones, limitándose a avanzar que "las personas que formarán parte de estos órganos en la nueva etapa serán de reconocido prestigio y de consenso".

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La renovación del Tribunal Constitucional afecta a cuatro plazas cuya sustitución no cambiará el actual equilibrio de fuerzas progresistas y conservadoras. En concreto, tienen el mandato caducado el presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca, y el magistrado Andrés Ollero. La cuarta plaza quedó desierta después de que su titular, Fernando Valdés, abandonara tras verse inmerso en un procedimiento judicial por violencia de género.

La actual situación del TC preocupa a socialistas y populares, por lo que se decidió quitar la piedra del camino que representaba la renovación del CGPJ y centrarse en el resto de órganos con el mandato caducado. En el lado del PSOE, el interés es evidente después de que en los últimos meses el Constitucional haya propinado duros golpes a las decisiones de gestión de la pandemia. Además de declarar inconstitucional el primero de los estados de alarma, prevé hacer lo mismo con el segundo y ha considerado ilegal el parón de iniciativas del Congreso de los Diputados durante el primer mes del covid. La prisión permanente revisable, recurrida por los socialistas y otros partidos, ha quedado avalada hace unos días. La baja de Valdés deja a este sector con un magistrado menos.

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Para los populares, la composición actual del Constitucional tampoco resulta del gusto de Génova. El descontento de los populares con el presidente ha ido incrementándose después de que González Rivas votara en varias decisiones con el sector progresista. Además, el resto de miembros del bloque conservador fue designado hace años, en la etapa marianista, y se encuentran por ello fuera de la esfera de la actual dirección. La renovación permitirá, además, al PP mantener a un conservador en la presidencia al menos unos meses.

El Gobierno y el PP no habían perdido la interlocución durante las últimas semanas para explorar la renovación de los órganos constitucionales caducados. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, mantenían una línea de comunicación para buscar salidas al bloqueo, aunque no fue hasta este miércoles cuando tanto desde el Ejecutivo como desde Génova se mostró la disposición formal para sentarse con el objetivo de llegar a un consenso. El deshielo, al menos en público, se produjo por una propuesta del líder del PP, Pablo Casado, lanzada solo un día después de la Fiesta Nacional, para renovar los órganos constitucionales caducados, a excepción del CGPJ. Fue durante la sesión de control al Gobierno y el presidente del Ejecutivo ni respondió ni valoró el ofrecimiento. Casi una hora después, el ministro de la Presidencia recogió el guante y telefoneó a Génova. Sin condiciones, sin vetos y con la prioridad enfocada en renovar el TC.

Desde el Ejecutivo no solo se aceptó la condición de dejar fuera de las negociaciones al CGPJ, sino que fuentes conocedoras de las conversaciones reivindicaron que esta era una propuesta suya para tratar de recuperar la normalidad institucional al menos en el alto tribunal y el resto de órganos con los mandatos caducados. Solo la exclusión del CGPJ permitió este desbloqueo, aunque el Gobierno no renunciará a renovar "todos" los órganos constitucionales. De momento, los populares mantienen la exigencia previa para negociar los nombramientos en el órgano de gobierno de los jueces que se modifique el sistema de elección y que sean los propios togados quienes elijan a sus colegas. “De ahí no nos vamos a mover”, indican fuentes de la dirección del PP.