Madrid.— Cuando se cumplen 50 años de que Francia aboliera la pena de muerte, ésta sigue constituyendo una de las principales preocupaciones para los organismos que defienden los derechos humanos, porque no sólo la practican regímenes autoritarios, sino que está legalizada en algunos estados de Estados Unidos y en otros países con democracias de distintos perfiles, como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Rusia o Singapur.
Al finalizar 2020, en más de 90 países la condena a muerte seguía siendo posible legalmente, aunque en Corea del Sur, Rusia, Argelia, Marruecos, Brunéi, Camerún, Eritrea, Ghana, Kenia, Laos, Liberia o Níger, entre otros, la pena capital cuenta con moratoria oficial o permanece abolida en la práctica.
En el año pasado, 483 personas murieron ejecutadas tras ser sentenciadas judicialmente. Para ello se utilizaron distintos procedimientos: silla eléctrica (EU), decapitación (Arabia Saudita), ahorcamiento (países musulmanes, así como en Japón y Singapur), fusilamiento (EU, China, Corea del Norte, Somalia, Vietnam), apedreamiento hasta la muerte (Afganistán, Irán, Sudán, Nigeria, Somalia), e inyección letal o cámara de gas (China, EU, Tailandia).
Siendo reprobable la aplicación de cualquier pena de muerte, algunas ejecuciones se utilizan como escarmiento público, por lo que se llevan a cabo de manera especialmente cruel, como sucede con la lapidación en aquellos países musulmanes donde rige la sharía islámica.
La pandemia contribuyó a reducir en 2020 la cifra total de ejecuciones, que retrocedieron 26%, pero también agravó las condiciones de los condenados. Distintas organizaciones humanitarias denuncian que muchas de las personas ejecutadas no tuvieron acceso a asistencia letrada, por lo que carecieron de un juicio justo. Pasaron sus últimos días sin apenas visitas del exterior, debido a las restricciones sanitarias.
El último informe de Amnistía Internacional (AI) señala que la disminución en 2020 de las penas de muerte respecto al total de 2019 prolonga la reducción registrada año tras año desde 2015, y está vinculada a la importante caída del número de ejecuciones en dos de los países que históricamente han registrado cifras altas de condenas (Arabia Saudita e Irak) y, en menor medida, a las interrupciones declaradas en respuesta a la pandemia. Sin embargo, aunque la lista de países que han erradicado la pena de muerte sigue creciendo, otros estados la han reanudado, como India, Omán, Qatar y Taiwán.
Los datos oficiales son incompletos, puesto que no incluyen las ejecuciones en China, donde la organización humanitaria asegura tener constancia de que siguieron produciéndose miles de ejecuciones y condenas de muerte clasificadas como secreto de Estado, lo que impide elaborar un escrutinio independiente.
Los delitos de drogas en Indonesia o Singapur, la corrupción en Vietnam, o la blasfemia en Paquistán, también propiciaron la muerte de muchos condenados.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) recuerda a los defensores de la pena de muerte que su supuesto efecto preventivo nunca ha podido demostrarse y exige la abolición del máximo castigo judicial para todos los delitos, así como el establecimiento de una moratoria de las ejecuciones en curso.
En el caso de las mujeres, la imposición de la máxima pena suele además ignorar en numerosas ocasiones su condición de víctimas objetivas, al desestimar circunstancias que podrían atenuar su conducta delictiva.
Muchas de las condenadas agredieron a sus esposos o exparejas luego de sufrir de manera prolongada violencia y abusos, tanto físicos como sexuales.
“Al condenar a estas mujeres a muerte, los sistemas de justicia del mundo no sólo perpetúan un castigo aberrante y cruel, sino que también hacen pagar a las mujeres la falta de medidas de las autoridades para combatir la discriminación”, asegura Rajat Khosla, director General de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional.
En 2018, organizaciones humanitarias documentaron en Irán la ejecución de la kurda Zeinab Sekaanvand. La joven se casó siendo una niña y soportó años de violencia sexual a manos de su marido y su cuñado, hasta que fue detenida a los 17 años, acusada del asesinato de su esposo y, posteriormente, declarada culpable y condenada a muerte en un juicio arbitrario.
Entre las historias más recientes e impactantes ligadas a la imposición de la pena capital, algunas de ellas sin concluir, se encuentra la de Ernest Johnson, ejecutado el pasado 5 de octubre en Estados Unidos. Johnson, de 61 años, fue declarado culpable y condenado a muerte en 1995 por los asesinatos, cometidos en 1994, de tres empleados de una tienda abierta las 24 horas en el estado de Missouri. En contra de lo establecido por el derecho internacional, un jurado lo condenó a la máxima pena a pesar de haberse presentado un recurso de discapacidad intelectual, porque entre otras afecciones tenía la facultad mental de un niño.
El reo fue sometido en 2008 a cirugía para extirparle un tumor cerebral, y desde entonces sufría crisis convulsivas. Un experto médico testificó que las sustancias empleadas para la inyección letal podían provocarle reacciones violentas y dolorosas. Pero ninguna de estas alegaciones fue suficiente para impedir su ejecución en los plazos convenidos por las autoridades, a pesar de la presión que ejercieron colectivos civiles y distintas organizaciones humanitarias. Tampoco valió de nada la petición de indulto cursada por el Vaticano.
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El caso del cantante en Nigeria
Madrid.— La historia del cantante Yahaya Sharif-Aminu refleja también la arbitrariedad con la que se comportan muchos tribunales a la hora de decretar la pena capital, en este caso en Nigeria y por causas estrictamente religiosas, en un país donde más de la mitad de la población es musulmana.
El artista africano fue condenado y sentenciado a morir ahorcado por blasfemia en agosto de 2020, acusado de difundir por WhatsApp una canción que, según las autoridades, contenía comentarios peyorativos sobre el profeta Mahoma. Antes de que se cumpliera la sentencia, una Comisión de Apelaciones ordenó in extremis que la causa contra el intérprete nigeriano de 22 años volviera a desarrollarse ante un juez diferente, porque el acusado había carecido de representación legal durante todo el proceso anterior. Las organizaciones humanitarias exigen que se retiren todos los cargos contra el cantante nigeriano.
Un proceso inminente en Irán
Madrid.— El joven Hossein Shahbazi se halla en peligro de ejecución inminente en Irán por un delito cometido cuando era menor de edad, porque sólo tenía 17 años. La sentencia se produjo luego de un juicio anómalo y empañado de irregularidades, entre ellas el uso de confesiones obtenidas bajo tortura. La ejecución de Shahbazi, prevista para el pasado 25 de julio, fue aplazada en el último minuto tras la intervención de Naciones Unidas y las protestas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, pero el desasosiego subsiste, porque la ejecución del joven iraní podría ser reprogramada en cualquier momento. Más de 80 personas en Irán están recluidas actualmente en el corredor de la muerte por delitos que cometieron cuando aún no habían cumplido los 18 años. Algunas de las ejecuciones de menores de edad han sido realizadas en secreto para evadir el cerco internacional.
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