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Unidad Investigativa

Se enreda suerte de Emilio Tapia y de otros 3 implicados en el ‘carrusel’

Emilio Tapia, condenado por el 'carrusel de la contratación' en Bogotá.

Emilio Tapia, condenado por el 'carrusel de la contratación' en Bogotá.

Foto:Andrea Morena / EL TIEMPO Archivo

Piden investigarlo a él, a Inocencio Meléndez, a Manuel Sánchez y Julio Gómez por falso testimonio.

Desde el 2 de octubre de 2020, el juez 36 del circuito de conocimiento tomó dos decisiones de fondo dentro del escándalo por robo a Bogotá, a través del llamado ‘carrusel’ de la contratación.
Primero, absolvió de cualquier responsabilidad al concejal José Juan Rodríguez.
Además, pidió que se investigaran por presunto falso testimonio a varios de los implicados en ese proceso, que han recibido beneficios por colaboración.
Exconcejal de Bogotá José Juan Rodríguez.

Exconcejal de Bogotá José Juan Rodríguez.

Foto:Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO

La lista la encabeza Emilio Tapia y le siguen Inocencio Meléndez, Julio Gómez y el abogado Manuel Sánchez.
El caso estuvo quieto 11 meses. Sin embargo, el pasado 15 de septiembre, el centro de servicios de Paloquemao le envió a la Fiscalía un oficio con la compulsa de copias contra Tapia y el resto.

¿Qué va a hacer la Fiscalía?

El abogado Manuel Sánchez (izq.) y el contratista Héctor Julio Gómez.

El abogado Manuel Sánchez (izq.) y el contratista Héctor Julio Gómez.

Foto:Carlos Ortega y Archivo / EL TIEMPO

Nadie sabe por qué se demoró tanto la compulsa. Incluso, algunos vinculan el oficio con el hecho de que Tapia fue recapturado, ahora por el escándalo del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).
Lo concreto es que la Fiscalía parece estar frente a una disyuntiva. EL TIEMPO estableció que la propia entidad apeló la decisión del juez 36. Por ende, tanto la absolución a Rodríguez como la compulsa a Tapia, Gómez, Meléndez y Sánchez aún no están en firme.
Para el ente acusador hay elementos procesales probatorios suficientes para pedirle a la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá que tumbe la sentencia.
Este es el proceso que abrió el Tribunal Superior de Bogotá, para solicitar la investigación de Emilio Tapia, Inocencio Meléndez, Julio Gómez y Manuel Sánchez.

Este es el proceso que abrió el Tribunal Superior de Bogotá, para solicitar la investigación de Emilio Tapia, Inocencio Meléndez, Julio Gómez y Manuel Sánchez.

Foto:El Tiempo

El abogado Manuel Sánchez (izq.) y el contratista Héctor Julio Gómez.

El abogado Manuel Sánchez (izq.) y el contratista Héctor Julio Gómez.

Foto:Carlos Ortega y Archivo / EL TIEMPO

De hecho, un investigador del caso recordó que el supuesto conductor del exconcejal Rodríguez está vinculado a un proceso de extinción y se investiga a una fundación: “Si ponen en entredicho esos testimonios, afectarían otros casos del ‘carrusel’ en donde estas personas han servido de testigos”.
El magistrado Hermens Lara tiene en su despacho la solicitud de apelación. Y la defensa de Rodríguez insiste en su plena inocencia.

¿En qué andan los otros 3?

Inocencio Meléndez, el primer condenado por el ‘carrusel de la contratación’, recibió documentos y datos claves sobre el caso de Centros Poblados.

Inocencio Meléndez, el primer condenado por el ‘carrusel de la contratación’, recibió documentos y datos claves sobre el caso de Centros Poblados.

Foto:Archivo particular

Tapia está detenido por el caso Mintic, en el que también salió a relucir el nombre de Inocencio Meléndez. Aunque este último le aseguró a EL TIEMPO que tan solo hizo un favor de una asesoría.
En cuanto a Julio Gómez, se sabe que, tras firmar un acuerdo de colaboración y quedar libre (en 2019), escribió un libro. En 2017 fue conminado por la Fiscalía a retornar el dinero del ‘carrusel’, un ultimátum que se extendió a Manuel Sánchez.
Este último está ejerciendo su profesión de abogado.
De hecho, EL TIEMPO reveló que Sánchez es el apoderado de Coaspharma, firma a la que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) le tiene arrendado el laboratorio Kresfor, incautado a los hermanos Rodríguez Orejuela.
La SAE activó un tribunal de arbitramento para establecer si ese contrato, por 10 años, se debe prorrogar por 10 años más. Antes de Sánchez, el caso lo tuvo Edmundo del Castillo.
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