El Gobierno recorta la partida del plan piloto para la semana laboral de 32h

Las expectativas sobre el plan piloto para implantar la semana laboral de cuatro días o 32 horas se siguen moderando. Al retraso de su puesta en marcha, tras desvincularlo de los fondos de recuperación para relegarlo a los Presupuestos de 2022, hay que sumar una merma en su financiación. El Gobierno solo ha previsto una partida de 10 millones de euros para financiarlo, lejos de los 50 comprometidos en el acuerdo que sellaron el Ejecutivo y Más País el pasado mes de enero, garantizándose solo un año para implantarlo. Esta es la cantidad planteada por el Ministerio de Industria al de Hacienda para incluir la iniciativa en el proyecto de cuentas del próximo año, según se trasladó durante la última reunión negociadora.

La intención de Más País es que el plan tenga tres años de duración para medir sus efectos. Industria plantea dos años, por lo que el recorte respecto a los 50 millones previstos sería notorio. En caso de optar por un plan trienal, la partida debería para este 2022 y los años siguientes debería ser de unos 16 millones al año. La reducción, si no hubiese compensación posterior, sería de un 37.5%.

En estos momentos solo está comprometida una financiación del 20% de lo anunciado inicialmente para todo el plan, al menos si solo se implanta durante el próximo año. Con todo, esta primera cuantía es la más importante, porque se considera que las ayudas financieras, destinadas principalmente a las empresas que se acojan al plan, podrán ir reduciéndose paulatinamente si, como se prevé, la productividad va en aumento, además de lo que ahorren por la reducción de horas extra.

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Los responsables de la formación liderada por Íñigo Errejón se reunirán esta semana con Hacienda para tratar de renegociar esta partida y abordar otras cuestiones relativas al proyecto de Presupuestos. Durante los últimos días ya se han producido contactos, aunque sin acordar ningún aumento de la financiación prevista, más allá de reafirmar el compromiso de que se incluirá en el proyecto que articulará las nuevas cuentas. La intención del Gobierno es aprobarlas en la primera quincena de octubre, tras constatar los dos socios que sustentan el Ejecutivo que necesitan más tiempo para cerrar un acuerdo.

Fuentes del departamento que dirige Reyes Maroto dejan en el aire la partida presupuestaria para el plan piloto, a la espera de que se cierre el proyecto de Presupuestos. La dotación de 50 millones, como contraprestación al apoyo de Más País al decreto ley que regula los fondos europeos, había sido rechazada previamente en el Congreso cuando la formación verde la incluyó en una enmienda a las cuentas actuales. De la inversión final dependerá el desarrollo del estudio piloto, como las ayudas financieras a las empresas que se acojan al plan para que los trabajadores no dejen de percibir íntegramente sus salarios pese a reducirse la jornada, así como para costear las transformaciones necesarias en materia de digitalización.

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Más allá de la falta de concreción de la financiación, estas mismas fuentes de Industria señalan que en estos momentos todavía no se ha definido el plan piloto ni las empresas en que se aplicará. En Más País, lamentan que desde el Gobierno "no se están queriendo dar prisa" y apuestan por trabajar sobre la base del plan que sus aliados de Compromís han impulsado ya en la Comunidad Valenciana. Este proyecto cuenta precisamente con una dotación de 10 millones de euros para aplicarlo. A nivel nacional, la intención de la organización ecologista es ensayar el plan piloto en una horquilla de entre 200 y 400 empresas voluntarias de diferentes sectores para comparar sus resultados con otras compañías similares que no hayan reducido jornadas. El número de trabajadores que participarían en el plan se situaría entre 3.000 y 6.000.

El retraso en la aplicación del plan se explica por la decisión de incluirlo en los Presupuestos de 2022. En principio, se preveía que echase a andar este otoño al vincularlo a los fondos de recuperación. Sin embargo, desde Industria ya plantearon durante sus primeras reuniones negociadoras con Más País la imposibilidad de utilizar los fondos europeos con el propósito de subvencionar a las empresas que se sumasen al proyecto.

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Por todas estas cuestiones, siguen pendientes de definir los métodos de selección de las empresas y el consorcio encargado de diseñar las líneas maestras del plan piloto. La idea inicial planteaba que la definición del plan y la monitorización de sus efectos las realizase un grupo de expertos independientes, del ámbito universitario, que trabajase a modo de consorcio junto a sindicatos y patronal, además de los técnicos del Ministerio de Industria. Se analizarían así los efectos en el mercado laboral de la reducción de la jornada, con vistas a impulsar en el futuro cambios legislativos en esta dirección.

La filosofía de este proyecto es establecer un plan de ayudas "a aquellas empresas que quieran, en el marco del diálogo social, aumentar su productividad, disminuir su impacto ambiental y mejorar la salud de sus empleados reduciendo la jornada laboral de sus trabajadores y trabajadoras". El propio Gobierno realizó una propuesta similar en el plan 'España 2050'.

En las recomendaciones sobre el mercado laboral, el documento plantea la necesidad de "reducir progresivamente el número de horas trabajadas a la semana hasta situarlo en niveles similares a los de la UE-8". Esto es, situarse en las 35 horas. La reducción paulatina de la jornada es una de las principales demandas de Más País, "en progresión a los avances tecnológicos", y en línea con las reivindicaciones históricas del movimiento obrero y sindical. Una medida a la que atribuyen ventajas tanto sociales como ambientales.