El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley por el que obligará a las empresas energéticas a devolver los beneficios que están obteniendo por el excesivo precio que está alcanzando el gas en los mercados internacionales. De esta forma el Gobierno espera recaudar alrededor de 2.600 millones de euros, que destinará a rebajar el precio de la factura de la luz de los consumidores y contribuir así a cumplir el compromiso adquirido por el presidente Pedro Sánchez de que la cuantía máxima del recibo de la luz del 2021 esté en línea con lo abonado en el 2018, unos 600 euros en el caso de un consumidor medio de baja tensión.
Este recorte de beneficios será temporal y se toma, según explicó ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para que las eléctricas contribuyan a amortiguar el impacto que la escalada de los precios del gas en los mercados internacionales está teniendo en la factura eléctrica de los consumidores españoles. Estará vigente hasta el 31 de marzo del 2022, que es cuando los expertos estiman que puede frenarse el actual rally alcista de los mercados.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. (EUROPA PRESS)
Es la primera de una batería de siete medidas con las que se busca reducir la factura de la luz de los consumidores un 22% hasta final de año, para compensar las históricas subidas a las que han tenido que hacer frente los últimos meses.
“La proyección para los próximos meses dibuja una espiral sin precedentes que genera un efecto amplificador en el precio de la electricidad y que incide de manera sistémica en el bienestar de las familias y en el conjunto de la economía española”, reconoció ayer Teresa Ribera.
Se topará la subida del recibo del gas a un máximo del 4,4% durante el próximo trimestre
Por ello, además de intervenir en la factura de la luz, el Gobierno ha querido anticiparse al incremento de la factura del gas con la llegada de la temporada de frío, que se estima podría situarse entre el 29% y el 40% . Pero se le ha puesto un tope de subida del 4,6% para el próximo trimestre.
Los recortes de impuestos también serán temporales. Se mantiene la decisión tomada en junio de rebajar el IVA de la factura de la luz del 21% al 10% hasta final de año y se amplía hasta esa misma fecha la suspensión del impuesto que grava con un 7% la generación eléctrica y que ya había sido suspendido por tres meses en junio. Como novedad, rebaja al máximo permitido por la regulación europea el impuesto especial sobre la electricidad del 5,1% al 0,5%. Para hacer frente a esta merma de ingresos públicos el Gobierno lanzará una subasta extraordinaria de permisos de emisión de CO2, con los que recaudará 900 millones de euros que irán integramente destinados a rebajar la factura de la luz de los contribuyentes.
Ribera reiteró en diversas ocasiones a lo largo de su intervención que todas las medidas que ayer ponía el Gobierno sobre la mesa cumplían con la legalidad vigente en Europa y no intervenían en ningún caso en la formación de precios de los mercados mayoristas porque el Gobierno español no tiene potestad para ello. Sí la tiene para intervenir en los precios finales del recibo de la luz de los consumidores finales y en esa línea se han planteado las medidas “con vocación de permanencia”, según la ministra.
Entre ellas están algunas de las más reclamadas por sus socios de Gobierno como la reforma de la tarifa regulada (PVPC), que afecta a más de 10 millones de consumidores y que en la actualidad es la vapuleada cada día por la volatilidad del mercado mayorista. Cuando este real decreto se publique en el BOE el cálculo del precio para los consumidores incorporará la referencia de precio de la subasta mayorista con una ponderación máxima del 10% para atenuar así el efecto del mercado.
Los grandes grupos deberán subastar electricidad para aumentar la liquidez del mercado
Con ese mismo objetivo se plantea la decisión de“achicar”, según lo define Ribera, el mercado mayorista. Para ello, el Gobierno va a obligar a las grandes comercializadoras –Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP– a ofertar 15.830 gigavatios/hora, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en el 2020, en subastas fuera del mercado mayorista para que pequeñas comercializadoras e industrias puedan pujar a precios razonables y firmar contratos a plazo por un año o más que contribuyan a dar estabilidad a los precios. Finalmente, se modificará el artículo 155 de la ley de Aguas, para definir “el uso racional del recurso” y poner límites a los súbitos desembalses que algunas empresas hidrográficas han realizado durante el verano, a los que Ribera se refirió como “episodios que a todos nos han dado vergüenza este verano”.
Todas estas medidas tendrán repercusión inmediata en la factura de la luz de este mes de septiembre , según Ribera. Pero serán las familias vulnerables las que tengan un trato preferente. Para ello, se modificará la ley del sector eléctrico con la que se incluirá la creación del suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con bono social eléctrico que prohibirá la interrupción del servicio por impago durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes, garantizando una potencia de 3,5 kilovatios durante ese periodo.