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Bogotá

Patrullaje militar: ¿qué tan efectivo puede ser para reducir el delito?

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La alcaldesa Claudia López reveló que pidió refuerzos para apoyar a la Policía en zonas críticas.

guillermo reinoso
El anuncio de la alcaldesa Claudia López que le pidió a la Brigada XIII del Ejército Nacional refuerzos con unidades de Policía Militar (PM) para patrullajes conjuntos con la Policía Metropolitana de Bogotá encendió el debate en la ciudad. De un lado, hay quienes respaldan la medida y de otro, quienes no creen que sea la solución del problema de inseguridad y otros advierten preocupaciones.

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Hay que recordar que la posibilidad de ver militares vigilando las calles de la capital no sería nueva. Ya en el pasado se ha presentado. Sin embargo, se dio en circunstancias diferentes a las actuales. Los casos más recientes ocurrieron en el toque de queda de 2019 y en mayo pasado, con motivo de los desórdenes y el vandalismo en medio del paro nacional.
“Ya le solicité al general (David Leonardo) Gómez, al general de la Brigada Trece, que nos informara cuántos hombres de Policía Militar podía tener disponibles. Como le dije: ‘General, todo es cariño con Bogotá’. Si son 100, bienvenidos; si pudieran ser unos 2.000, maravilloso, porque realmente podrían ser un refuerzo sólido y contundente, dado que no podemos tener policías en el corto plazo porque apenas se están formando”, señaló la mandataria el lunes pasado, al finalizar una reunión con Fenalco.
López aclaró que no se trata de militarizar la ciudad –como lo propuso el gremio del comercio–, sino de respaldar a la Policía en lo que resta del año.
La solicitud se hace ante el aumento de delitos como el homicidio (15,7 %), el hurto a personas (28,6 %), el hurto de motocicletas (18,2 %), las lesiones personales (17,4 %) y el hurto de celulares (14,6 %) y un fenómeno de mayor violencia en la comisión de estos. Cabe recordar que Bogotá tiene déficit de 10.000 policías y ha pedido al Gobierno Nacional más unidades. De hecho, hace un mes llegaron 1.500 y esta semana se esperan 500 adicionales.

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Y ayer, en el Concejo, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, reiteró la solicitud y aseguró: “Lo que nosotros buscamos es que haya una intervención específica en aquellas zonas de mayor incidencia del delito. También queremos que haya unos entornos seguros, para la reactivación económica”.
En efecto, el objetivo es que la Policía Militar pueda realizar patrullaje conjunto en zonas críticas, puntos de control y desarme –con el fin de incautar armas de fuego, blancas y de fogueo o traumáticas–. Esas zonas están en las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba, Usme, Bosa, Ciudad Bolívar y Los Mártires.
“Vamos a verificar si este tipo de apoyos mixtos también se pueden desarrollar en zonas donde se permita una apertura de todo el día y toda la noche de la ciudad, para habilitar el comercio y que sea seguro para la ciudadanía”, explicó Fernández de Soto, quien destacó que la PM tiene unas capacidades más cercanas a las necesidades que se puedan requerir en materia de seguridad urbana y ciudadana. “Por eso la coordinación entre Policía y Policía Militar se puede desarrollar de manera más articulada”.
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Vamos a verificar si este tipo de apoyos mixtos también se puede desarrollar en zonas donde se permita
una apertura de todo el día y toda la noche de la ciudad

El brigadier general Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó ayer a los medios que en el caso de que la solicitud sea aprobada por el Ministerio de Defensa, el acompañamiento de la Policía Militar sería para actividades mixtas y en el marco de la Constitución Nacional y la ley.
“Seríamos acompañados en temas de seguridad por nuestro Ejército Nacional, lógicamente con unas normas y armamentos que sean acordes con la necesidad y la ciudad, para evitar situaciones que afecten la integridad de las personas”, señaló el general Camacho, y recordó que ya en el pasado se han adelantado patrullajes periféricos.

¿Qué pueden hacer?

El coronel y abogado Jhon Marulanda, consultor en seguridad y defensa y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), dijo que la presencia de la Policía Militar en las calles busca disuadir a los delincuentes de cometer acciones criminales. “La institución militar sigue siendo de mucha confianza en la ciudadanía. Los soldados envían un mensaje de confianza y tranquilidad y un mensaje disuasivo a los criminales que estén planeando hacer algo”, insistió.
Explicó que la Policía Militar puede intervenir en casos de flagrancia, en legítima defensa ante una amenaza inminente y continua en contra de la integridad física; establecer retenes y control de tránsito, exigir identificación y requisar vehículos y personas, pero no puede hacer allanamientos, a menos que se trate de una acción en flagrancia, siempre y cuando antes se consulte con el asesor jurídico de la unidad.
Para Marulanda, el problema de la seguridad se resuelve con una justicia más efectiva. “La justicia no disuade, no persuade, no intimida, y eso es lo que ha permitido que aumente tanto esta crisis de seguridad”. Agregó que la Policía Militar es una especialidad y que quienes se deciden por ella realizan un curso, tienen distintivos, como casco y brazalete con las letras PM.
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La posición de los expertos

Jerónimo Castillo, director del área de estudios en seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz, dijo que la asistencia militar es una figura legal, pero se pregunta “si esa es realmente la medida que se necesita para controlar los homicidios”, que son realmente el problema de seguridad y vienen creciendo desde 2018 y se han acentuado en el último año.
“El patrullaje acompañado de militares es algo que se utiliza en la ciudad, pero no necesariamente es algo que sea eficiente (...). Hace parte de esas recetas tradicionales que se utilizan sin que realmente se entre a determinar la causa de los homicidios”, afirmó Castillo.
En el mismo sentido se pronunció Ómar Oróstegui, director ejecutivo de Futuros Urbanos, al decir que los patrullajes de militares en las ciudades están contemplados en el Código de Policía para problemas de orden público, como ocurrió en mayo pasado y en el 2019, pero hoy Bogotá está viviendo una situación diferente, de seguridad ciudadana, en especial por el incremento de homicidios y el hurto a personas.
El artículo 22 del Código Nacional de Policía y Convivencia señala: “La utilización de la fuerza legítima corresponde de manera exclusiva, en el marco de este Código, a los miembros uniformados de la Policía Nacional, de conformidad con el marco jurídico vigente, salvo en aquellos casos en los que de manera excepcional se requiera la asistencia militar”.
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“Se está entendiendo mal el problema. El incremento de los homicidios se debe principalmente a casos de sicariato, riñas y atracos, y los atracos siguen siendo en vía pública, tendrían que poner un policía militar en cada esquina para que esto funcione”, afirmó el experto, quien se preguntó: “¿Cómo actúa un policía militar en el caso de que se presente una alteración de orden público, vandalismo o protesta social?, ¿qué pasa si la PM es testigo de un hurto en vía pública?, y ¿qué pasa si dispara un arma?
“Esto no va a atener mucho efecto en los indicadores de inseguridad, pero sí en los indicadores de percepción ciudadana, porque las dinámicas de inseguridad responden a otras lógicas”, aseguró el director de Futuros Urbanos.
El experto en seguridad ciudadana Alberto Sánchez, quien diseñó el esquema de intervención militar en Cali, considera que el patrullaje conjunto no es la herramienta para reducir de manera sostenida el delito, sino para contener la violencia homicida, los delitos contra la vida.
“No es la herramienta para reducir el hurto, ni para mejorar la percepción de seguridad, ni para atender más rápido las llamadas y requerimientos que se les hace la Policía. Es una herramienta de disuasión, para reducir y contener la violencia homicida, así lo utilizamos en Cali, no para otra cosa”, aseguró Sánchez.
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En concreto, de acuerdo con el experto, en la capital del Valle el patrullaje conjunto se utilizó para que la Sijín y el CTI ganaran tiempo y pudieran hacer la intervención judicial. Este esquema, afirmó, debe estar enmarcado en una estrategia, cuyo eje sea la judicialización. Sánchez recordó que el análisis de la Universidad de los Andes en Cali demostró que con los patrullajes conjuntos la reducción del delito es temporal y solo se reduce mientras el Ejército esté presente. “Qué reduce permanentemente el delito: desarticular y capturar a la mayor cantidad de delincuentes”.

Regulan las armas traumáticas

A la situación de seguridad que vive Bogotá se suma el creciente uso de armas de fogueo y traumáticas por delincuentes y grupos criminales y de ciudadanos, que las utilizan como armas de protección. Como lo publicó EL TIEMPO en marzo pasado en un informe especial, este tipo de armas son consideradas no letales y por eso se importan sin restricción -entre 2019 y 2020 ingresaron 383.000 unidades al país- y se comercializan libremente en la ciudad. Sus precios varían entre cerca de 500.000 y 1,5 millones de pesos.
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Para enfrentar esta problemática y el uso, el Ministerio de Defensa tiene un proyecto de decreto que las considera “armas menos letales” y restringe su tenencia. La norma las clasifica en tres tipos: armas de guerra o de uso de la Fuerza Pública, armas de uso restringido y armas de uso civil de defensa personal. Esto quiere decir que las personas interesadas en adquirir un arma no letal deberán solicitar los permisos especiales. Se espera que el decreto sea firmado el 17 de septiembre. Estas armas deben ser entregadas en un plazo de 8 meses, una vez se promulgue el decreto, por los ciudadanos para ser marcadas y registradas. Y los comerciantes deberán llevar un registro de las importaciones y de quienes las adquieren.
GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
En Twitter: @guirei24
Editor de Bogotá
Redacción EL TIEMPO
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