La prohibición de los despidos emerge como el gran escollo para la renovación de los ERTE

En medio del debate sobre el futuro del salario mínimo interprofesional (SMI) se va a colar en los próximos días el de la renovación de los ERTE. A finales de agosto, quedaban todavía 272.000 trabajadores protegidos por esta prestación, un número todavía muy elevado como para que el Gobierno pueda ni quiera dejarlos caer. Los agentes sociales dan por descontada una ampliación de este esquema de protección social hasta el próximo 31 de enero sin muchos cambios normativos.

De esta forma, el Ejecutivo protegería a todos estos trabajadores durante la temporada baja de la actividad económica, que durará hasta finales de noviembre, y también dará certidumbre a la próxima campaña navideña. El coste de los ERTE para las arcas públicas se ha reducido drásticamente en los últimos meses gracias a la reincorporación de trabajadores, lo que facilita la prórroga. Según los datos de Trabajo, el gasto en prestaciones de los ERTE en julio fue de 343 millones, la mitad que el coste existente al inicio del año.

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La reactivación de los sectores más afectados por las restricciones (hostelería, transportes y ocio) ha permitido una gran reincorporación de trabajadores de los ERTE durante el verano. Sin embargo, todavía queda una bolsa de más de 270.000 trabajadores cobrando esta ayuda, de los cuales, unos 100.000 pertenecen a sectores que no tienen restricciones desde hace meses y que ya no están protegidos. De hecho, las empresas ya no cuentan ni con una ayuda en forma de bonificación de las cuotas a la Seguridad Social.

Se trata, por tanto, de trabajadores que probablemente no vuelvan nunca a su puesto de trabajo. El Gobierno tendrá que diseñar una solución para estos asalariados y sus empresas, ya que no se puede mantener de forma indefinida una prestación por no trabajar. Este va a ser el gran debate de la negociación para la renovación de los ERTE.

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La única salida posible para estas empresas será el ajuste de sus plantillas y, por tanto, los despidos. Estos trabajadores pasarían al desempleo y percibirían una prestación de paro. Sin embargo, esta vía choca con la cláusula de prohibición de despidos por seis meses que está incorporada a los ERTE actuales. Con la norma actual, una empresa acogida a los ERTE tiene que mantener a todos sus trabajadores por un periodo de seis meses desde que deja de recibir ayudas o, de lo contrario, tiene que devolver todo el dinero recibido. Esto implica, 'de facto', la prohibición de los despidos.

Una solución permanente

Para los empresarios, ya ha llegado el momento de buscar una solución a este problema. Sobre todo, porque prolongar nuevamente esta cláusula significa que estará activa durante medio año desde que terminen las ayudas. El veto a los despidos sigue protegiendo algunos empleos de la hostelería en las grandes ciudades y las islas, donde todavía el turismo sigue lejos de la normalidad. Este argumento justificaría la prolongación de los ERTE durante cuatro meses más, hasta que se eliminen todas las restricciones y se recuperen los niveles de actividad previos a la pandemia. Sin embargo, siembra más dudas sobre la cláusula antidespidos: si los ERTE están en su fase final, ¿conviene mantener el veto a los ajustes de plantilla durante medio año más?

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La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya apuntó el lunes en una entrevista en Telecinco que la idea del Ejecutivo es que la negociación para la renovación de los ERTE aborde este problema. El reto es convertir esta ayuda extraordinaria en un mecanismo permanente, el cual tiene que incluir la posibilidad de planes de ajuste en las empresas para adaptar las plantillas a su nueva situación estructural posterior a la pandemia.

Para los empresarios, este debate va a ser central durante las negociaciones que comienzan esta semana, explican fuentes de la CEOE. En su opinión, es el momento de diseñar una salida para esta bolsa de trabajadores en ERTE, que incluye la ruptura de la relación laboral con la empresa, el mantenimiento de una prestación pública con incentivos a la búsqueda de empleo (como ocurre con el desempleo) y la recualificación de los trabajadores de sectores donde ya no exista demanda de trabajo. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo siempre ha defendido que cualquier prolongación de las ayudas tiene que llevar aparejado el veto a los despidos para garantizar un buen uso de los recursos públicos. Un choque que tiene apenas medio mes para resolverse.