¿Con factura o sin factura? Así es el plan de Europa contra el dinero negro
Los pagos en efectivo serán como máximo de 10.000 euros, se creará un registro de criptomonedas y una agencia antiblanqueo
Si es usted el jefe de un cartel de drogas, este artículo le interesa. Pero por mucho menos también le puede convenir leerlo. ¿Es usted, por ejemplo, de esos que preguntan a sus clientes si van a querer factura? La del dinero negro parece una preocupación de mafiosos con acento eslavo, pero está más cerca de nosotros de lo que nos gusta admitir. De ahí la relevancia del paquete de leyes propuesto el 20 de julio por la Comisión Europea para dificultar su blanqueo. Aunque queden lagunas por resolver, los expertos coinciden en que se trata de un paso en la dirección correcta que servirá, como mínimo, para empezar en casa con la limpieza.
Entre otras medidas, el paquete busca abrir un registro con los datos de propietarios de criptomonedas, conectar los listados nacionales de cuentas bancarias en los Estados miembro, profundizar en las medidas necesarias para determinar el beneficiario final de esas cuentas, y poner un máximo europeo de 10.000 euros para operaciones en efectivo (en varios países, como España, el máximo es menor).
Pero tal vez la propuesta estrella sea la creación de una agencia europea responsable de la lucha contra el lavado que defina estándares y tenga autoridad para acceder al detalle de todas las transacciones financieras, incluidos los movimientos entre cuentas de diferentes países miembro. Se dice que en esta agencia trabajarán unas 250 personas, un número que según el presidente de la Coalición Global contra los Delitos Financieros, John Cusack, es absolutamente insuficiente, pero también un salto gigantesco con relación a las menos de 10 personas que dentro de la Autoridad Bancaria Europea han coordinado hasta ahora la lucha contra el lavado dentro del bloque.
La idea de partida es que la nueva autoridad fiscalice a las entidades financieras más grandes y con mayor riesgo de blanqueo. En opinión de Cusack, sería también útil como supervisora de las agencias reguladoras nacionales en los Estados miembro de menor tamaño. “Lo que de verdad necesitamos no es aumentar las multas, sino mejorar un sistema de supervisión verdaderamente independiente”, dice. “Eso requeriría pasar de la actual obsesión en cumplir con reglas técnicas hacia un modelo regulatorio que use análisis de riesgo para centrarse en conseguir objetivos reales en la lucha contra el crimen financiero”.
Coordinar una guerra que hoy libran organismos policiales, financieros y judiciales es otro de los avances que haría posible una agencia europea. Como dice Donato Masciandaro, que ha investigado sobre la economía del blanqueo en la Universidad de Bocconi (Milán), “cuanto más heterogéneas son las agencias, más difícil es la coordinación entre ellas”. En su opinión, la agencia europea deberá estar dirigida por especialistas en el sector financiero y tener sede en Italia. Concretamente en Milán, por ser el centro financiero del país y porque así se facilita su “independencia de los políticos de Europa y de los de Italia, que están en Roma”.
Antifraude a la italiana
Aunque la propia naturaleza del dinero negro hace imposible determinar con exactitud las cantidades en proceso de lavado, los cálculos generalmente aceptados justifican la relevancia de Italia como el país con más know how en el tema por su experiencia en la lucha contra la mafia. Los investigadores italianos no se limitan a traspasar a los bancos la obligación de detectar a los malos, sino que los combaten ellos mismos con sus elevados conocimientos financieros, sus agentes encubiertos, sus escuchas telefónicas y sus seguimientos pormenorizados de las empresas y propiedades sospechosas.
“Su enfoque es más del siglo XXI en el sentido de que analizan todo lo que tiene que ver con los comportamientos humanos y las actividades criminales”, dice Cusack. “Esta combinación de métodos parece ser lo que mejor funciona si uno se fija en que en Italia la recuperación de activos procedentes del delito es cinco veces mayor que en el resto de Europa, aunque también es cierto que debido a la amenaza del crimen organizado, los italianos invierten más que la mayoría en la lucha contra el blanqueo”.
Hasta ahora, gran parte de la lucha contra el blanqueo ha descansado en los informes que cumplimentan los bancos cuando detectan transacciones sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés). Pero el enfoque se ha demostrado ineficaz por el alud de SAR que, para cubrirse las espaldas, los bancos envían a organismos antilavado sin los recursos necesarios para procesarlos.
Sistematizar esos SAR de manera informática para así acelerar y abaratar su análisis es lo que propone el especialista en medidas contra lavado y profesor de la London School of Economics Tom Kirchmaier. En su opinión, si no se ha hecho hasta ahora es porque nadie se lo ha exigido a las proveedoras de software antilavado, “que han amasado fortunas con un producto muy deficiente”. “Hay que empezar a usar algoritmos más sofisticados y un modelado de datos capaz de manejar cantidades gigantescas de información”, dice.
Otros problemas parecen más difíciles de resolver, como el de determinar la verdadera identidad del beneficiario de una cuenta cuando usa jurisdicciones de fuera de Europa. Si un tratante de blancas, un contrabandista de armas o un evasor de impuestos crea una sociedad en las islas Caimán que a su vez crea una sociedad en las islas Vírgenes Británica que a su vez crea una sociedad en Panamá para hacerla figurar como la titular de una cuenta bancaria europea, a los investigadores les va a costar demasiado tiempo y dinero saber quién es. En el sector se habla de un año de espera y un millón de euros por cada jurisdicción interpuesta, tiempos y montos que no parecen al alcance de ningún cuerpo policial.
La forma que finalmente tendrá el paquete legislativo aún está por definirse. Antes de llegar al Europarlamento, deberá pasar por los Parlamentos nacionales y enfrentarse a los diferentes grupos de presión. Se espera resistencia por parte de los pequeños Estados, por las posibles injerencias de esa autoridad europea en sus reguladores, y por parte de los abogados, bancos y contables, que teman nuevos niveles de complejidad burocrática en su trabajo cotidiano.
Pero si el problema final es la asignación de los recursos que requiere un buen trabajo policial, la lucha contra el lavado dependerá en última instancia de la importancia que le otorguen los votantes. Como dice Maíra Martini, de la ONG Transparencia Internacional, la aparente lejanía del delito ha hecho que tradicionalmente no figure entre las prioridades. Eso empezó a cambiar, dice, cuando el dinero negro llegado de otros países encareció el precio de las viviendas en muchas ciudades de Europa. “Ahora tenemos elecciones en varios países y nuestra esperanza es que esto se convierta en uno de los temas”.
