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La gestión de las ayudas también divide a Europa

Los países que más fondos recibirán contra la crisis de la covid debaten si crear oficinas centralizadas en la jefatura del Gobierno o en los ministerios

Un pasillo comercial de París, vacío en plena segunda ola del virus,
Un pasillo comercial de París, vacío en plena segunda ola del virus,CHRISTIAN HARTMANN (Reuters)

España no es una excepción. La batalla sorda que vive el Gobierno por la gestión de las ayudas europeas contra la crisis del coronavirus quedó a las claras el martes, cuando la ministra María Jesús Montero se vio obligada a rectificar un borrador que excluía al vicepresidente Pablo Iglesias del control de mandos de la lluvia de millones que presumiblemente llegará de Europa: 140.000 millones de euros, de los 72.700 millones serán subvenciones directas. Es una cifra equivalente al 11,2% del PIB español en 2019. Ante el revuelo causado, el presidente Sánchez lo resolvió incluyendo a todos los ministros en la gestión, una decisión que puede restar eficacia a la gestión. En otros países europeos también ha habido luchas por la gestión de los fondos.

Italia. El Gobierno de Giuseppe Conte no se pone de acuerdo en cómo y desde dónde administrar los fondos europeos para paliar los efectos de la pandemia. No hay acuerdo en cómo se constituirá la oficina que gestionará los 209.000 millones que le corresponden a Italia (127.000 en préstamos y 81.000 a fondo perdido). Se discute si debe hacerlo el Palazzo Chigi (la sede de presidencia) o el Ministerio de Economía que dirige el socialdemócrata Roberto Gualtieri. “Será una estructura con perfil de dirección que supervisará los proyectos y el control de su ejecución”, señaló el primer ministro, Conte. “La estructura estará en el Palacio Chigi, con la coordinación de otros ministerios”, añadió.

Sin embargo, las resistencias dentro de la coalición de cuatro partidos están retrasando los tiempos y empieza cundir la preocupación de que no se cumplan los plazos impuestos por la UE. Conte quiere que haya un control y sanciones si los proyectos no se ejecutan adecuadamente, y que el Parlamento participe también en el control de los proyectos. Pero muchos ministros reclaman también su cuota de participación.

Francia. En París, la gestión de las ayudas europeas no ha estado en el centro del debate público. Quizás se deba esto a la decisión de incluir los 40.000 millones de subvenciones asignados por la UE a su propio paquete de estímulos, que en total suma 100.000 millones de euros para los próximos dos años. Según anunció el 3 de septiembre, al presentar su plan de recuperación, el responsable principal de gestionarlo será el Ministerio de Economía en manos de Bruno Le Maire que, a principios de 2021, presentará a Bruselas su “estrategia de inversiones y reformas” con los fondos europeos, aunque fuentes de su equipo señalan que ya se han producido los primeros contactos y que hay una idea “bastante clara” de a qué se destinará el dinero.

Aun así, a nivel nacional se ha creado un Consejo de Seguimiento de la Recuperación presidido por el primer ministro, Jean Castex, encargado de “revisar el avance del plan en una lógica sectorial y territorial”. El Consejo, según subrayan estas fuentes, asocia “a diputados y eurodiputados, así como a sindicatos, patronales, representantes de las colectividades, de ONG y de la sociedad civil, además de economistas y los servicios del Estado”. A este consejo se añade una Comisión de pilotaje presidida por Le Maire que se reúne semanalmente para “realizar un seguimiento de la puesta en marcha de las diferentes medidas del plan y asegurar el mantenimiento del calendario de compromisos de créditos en dos años”.

Finalmente, cada seis meses se celebrará un Consejo interministerial presidido por Castex para decidir las “reasignaciones, en caso necesario, de los créditos” si los beneficiarios originales no cumplen con su parte. También están previstos comités de seguimiento regionales para vigilar los proyectos locales e identificar posibles problemas.

Alemania. El Gobierno de coalición, integrado por los democristianos de la CDU, los socialcristianos bávaros de la CSU y los socialdemócratas del SPD, acordó el pasado 25 de agosto crear un grupo de trabajo integrado por funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de Finanzas para diseñar una propuesta destinada a utilizar los más de 22.7000 millones de ayudas a fondo perdido para Alemania previstos por la UE.

La propuesta, según un portavoz del Ministerio de Finanzas, será presentada al Gobierno federal en diciembre o a comienzos de enero de 2021. Esta deberá aprobar la distribución de los fondos y será coordinada con los ministerios y los partidos de la gran coalición. Alemania usará los fondos para proyectos previstos en el llamado Fondo de Participación en Tecnologías Futuras.

Bélgica. La batalla por controlar la gestión de los 5.150 millones de euros en ayudas directas no ha sido tanto entre las distintas facciones del Gobierno belga sino entre las regiones del país. Flandes, por ejemplo, reclama 3.000 millones de euros. El Gobierno primero pensó en hacer una distribución por proyectos y no territorios, pero finalmente se ha decantado por un “reparto regional equitativo” que se pactará antes de que termine el año.

Bélgica quiere tener una primera versión del plan en las próximas semanas. Los trabajos están encabezados por el Secretario de Estado de Recuperación e Inversiones Estratégicas, Thomas Dermine, quien ha dividido la preparación del plan en cinco grupos de trabajo: clima, digitalización, movilidad, productividad y ámbito social. Otros tres grupos transversales de presupuestos económicos, impacto económico y dimensión internacional seguirán de principio a fin todas las propuestas. Todos ellos empezarán a reunirse ya esta semana.

El resultado de esos grupos se entregará posteriormente a un comité político que estará compuesto por miembros del Gobierno federal y de las entidades federadas. El plan se entregará de forma oficial a la Comisión en abril. La gestión de las ayudas corresponde la secretaría de Estado de la recuperación y las inversiones estratégicas. La última palabra sobre la planificación es del Gobierno de coalición, porque entran los territorios y sensibilidades.

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