El nuevo estado de alarma costará más de 150.000 contratos hasta finales de año

Un dato ilustra mejor que cualquier imagen el efecto que tendrá el nuevo estado de alarma sobre la economía: el 56,2% del PIB depende de la marcha del consumo privado. Es decir, que cualquier restricción de la movilidad entre comunidades autónomas o, incluso, en el futuro entre provincias, afecta a la columna vertebral de la economía. En particular, si esas limitaciones se producen en los periodos de mayor actividad.

Este es el caso de la Navidad, para el conjunto del consumo, o de Semana Santa y verano para actividades como el turismo y la hostelería, que suponen, ambas, alrededor del 20% del PIB.

El patrón del consumo, por lo tanto, está muy cuantificado, y esto explica la preocupación del Gobierno y de las administraciones autonómicas por salvar un periodo capital para la economía, en concreto para el empleo, aunque sea de naturaleza temporal.

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Javier G. Jorrín Juan Cruz Peña

El cuarto trimestre de cada año, de hecho, es el periodo de mayor volumen de PIB (324.901 millones de euros en 2019), muy por delante de los primeros tres meses (298.529 millones), que es el periodo de menor actividad económica por razones estacionales. En diciembre del año pasado, por ejemplo, se firmaron 1,74 millones de contratos, de los que alrededor del 25% (450.000) estaría vinculado con la Navidad, según Randstad.

Lo que se sabe es que durante el anterior estado de alarma, que supuso en una primera etapa el confinamiento total y en una segunda fase solo parcial, el número de contratos cayó de forma dramática. En concreto, entre abril y junio, se firmaron 3,68 millones de contratos menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que supuso un descenso del 34% respecto de un trimestre ‘normal’.

Efecto precaución

El actual confinamiento es de mucha menor intensidad, pero con solo aplicar la mitad de esa pérdida de contratos durante ese periodo asociado a la Navidad (17%), se estaría hablando de alrededor de 76.500 contratos solo en diciembre si por entonces se mantiene esa excepcionalidad que ampara la Constitución. Una cantidad similar se produciría en noviembre. En total, más de 150.000 contratos en los dos próximos meses. Y ello sin contar el llamado ‘efecto precaución’, asociado a la incertidumbre económica y que se manifiesta en una tasa de ahorro que hoy se encuentra en máximos históricos, y que, como es lógico, influye en el consumo.

El miedo al futuro explica, de hecho, que ya antes de la declaración del actual estado de alarma, pero en medio de rebrotes intensos, las operaciones con tarjetas de crédito sufrieran una severa recaída durante la semana del 12 al 18 de octubre, como muestran los datos internos de CaixaBank recopilados a partir de sus tarjetas de crédito y terminales TPV. En concreto, como ha publicado este periódico, el comercio y las retiradas de efectivo en los cajeros fueron un 13% inferiores a los datos de la misma semana del año anterior. Si se contabilizan únicamente las tarjetas españolas, la caída fue del 6%, lo que contrasta con la subida del 5% experimentada en la semana anterior, previa al estado de alarma.

Aunque todavía no hay cifras concluyentes, los nuevos canales de distribución, fundamentalmente 'online', no son capaces de compensar la caída de ventas presenciales. Entre otras razones, porque también los costes de transacción son más elevados, y a nadie, en este contexto, se le ocurriría elevar los precios para mantener márgenes.

Esto explica que, pese al 'boom' del comercio electrónico, las ventas interiores de las grandes empresas, a la luz de la Agencia Tributaria, hayan caído un 11,5% entre enero y agosto (último mes publicado) respecto del mismo periodo del año anterior. Y que en el caso de los bienes de consumo, el retroceso haya sido del 10,4%. Es decir, que la movilidad reducida, aunque sea en periodos horarios de bajo consumo, pasa factura, a lo que hay que sumar el efecto que tienen la destrucción de empleo y las pérdidas salariales.

Los hoteles vuelven a 1995

Para hacerse una idea de lo que significa el actual rebrote, hay que tener en cuenta, como recuerda el servicio de estudios de Bankia, que las pernoctaciones en hoteles se encuentran al 22%, las habitaciones disponibles se sitúan en el 56% de la oferta y los ingresos por habitación, que reflejan la rentabilidad, están cayendo a tasas del 69% interanual. Según sus cálculos, la temporada turística se ha cerrado con unas pérdidas acumuladas de 106.000 millones de euros, unos 7.500 millones más de lo que se esperaba en agosto, lo que supone, según Bankia Research, una caída de la facturación del 70% respecto de 2019. Los ingresos del sector, de hecho, han vuelto a niveles de 1995.

Por el momento, según la Agencia Tributaria, que hace un seguimiento casi real sobre la incidencia de la pandemia en la actividad económica, ya que las grandes empresas deben realizar pagos fraccionados, el número de perceptores de rendimientos del trabajo, indicador que sirve para calcular la evolución del empleo asalariado, ha disminuido un 5,5% en los ocho primeros meses del año. Y hay que tener en cuenta que ese indicador no recoge lo que está pasando en las pymes, que son el colectivo más importante desde el punto de vista de la actividad económica.

El otro ámbito de influencia del nuevo estado de alarma tiene que ver con el sector público, toda vez que exigirá mayores necesidades de endeudamiento para financiar el déficit. La cláusula general de salvaguarda, que fue activada en marzo por la Comisión y el Consejo, se mantendrá activa en 2021, como se aprobó en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible.

El primer impacto presupuestario afectará al gasto en desempleo si se mantienen las restricciones más allá del 31 de enero, que es cuando se acaba, en principio, el paraguas de cobertura de los ERTE. El Gobierno ha previsto un déficit equivalente al 7,7% del PIB para el próximo año, pero muy probablemente será revisado al alza por un doble efecto del nuevo estado de alarma sobre las cuentas públicas: la caída de los ingresos, por la menor actividad económica, y el mayor gasto para proteger determinados colectivos.

Principio de neutralidad

No hay que olvidar que el déficit previsto por el Gobierno no incorpora los 27.436 millones que España adelantará a cuenta de los fondos europeos, que no tienen impacto en el déficit por el llamado principio de neutralidad. Es decir, que en el momento en que se certifica un gasto con cargo a fondos europeos, como recuerda el plan presupuestario, automáticamente se reconoce un ingreso imputado por la misma cantidad, con independencia de cuándo se realicen finalmente los pagos.

Existe una tercera influencia sobre la economía, además del volumen de contratación o el déficit público. La moratoria para presentar concurso de acreedores acaba el 31 de diciembre, y el Gobierno debe decidir si la prolonga más allá de esa fecha.

El Real Decreto-ley 16/2020, en concreto, no solo amplió la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores hasta esa fecha, sino que preveía que a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas no se computaran las registradas en 2020. Ahora bien, si el estado de alarma va más allá del 1 de enero, el Gobierno tiene que aclarar si se computarán las pérdidas que sufrirán las empresas durante 2021.

También las necesidades de liquidez de las empresas se verán afectadas por el estado de alarma. La prolongación de las medidas de restricción de la movilidad supondrá pérdidas adicionales para sectores que hoy están contra las cuerdas.

El Banco de España ha estimado que el importe de las necesidades de liquidez generadas hasta junio por las empresas españolas representó nada menos que un 123% de su valor añadido bruto. Es decir, muy por encima de sus ingresos totales, descontados subvenciones e impuestos indirectos. O expresado de otra forma que ilustra la realidad del tejido empresarial, casi seis de cada 10 empresas (el 58%) han entrado en pérdidas por la pandemia económica.

Esta falta de liquidez, ante el riesgo de que se dispare la morosidad, obligará al ICO (Instituto de Crédito Oficial) a ampliar sus líneas de financiación a las empresas, y lo que es más importante, a prorrogar la moratoria actual de un año, el periodo de carencia, para devolver los créditos concedidos hasta ahora.