El caso Dina vuelve a poner a prueba la imparcialidad de Delgado en la Fiscalía

La investigación sobre si Pablo Iglesias manejó datos personales de Dina Bousselham y destruyó la tarjeta de su móvil ya está en manos del Tribunal Supremo. Proceder o no penalmente contra el vicepresidente depende de cinco magistrados, pero la Fiscalía tendrá que presentar antes un informe. Ese escrito se centrará en apoyar o rechazar la exposición razonada que el magistrado Manuel García-Castellón elevó este miércoles al alto tribunal: en ella, defiende que Iglesias ha hecho un "uso torticero del proceso penal" en el caso Dina y, ante la sospecha de que fingió "haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente", pide que se le investigue por daños informáticos, descubrimiento de secretos y denuncia falsa. Con esa tesis como telón de fondo, la Fiscalía debe decidir si respalda o no la investigación y, para aclarar su postura, el Supremo le pidió este jueves el correspondiente informe.

Al tratarse de un caso que afecta al vicepresidente segundo, fuentes jurídicas explican que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tiene deber de abstenerse en la valoración. Pese a ello, inciden en que su capacidad de maniobra va más allá de involucrarse de forma directa y, como máxima responsable del Ministerio Público, podrá escoger al fiscal que siente el criterio de Fiscalía. Polémica similar se vivió este mismo septiembre, cuando la Fiscalía del alto tribunal abogó por archivar todas las querellas contra el Gobierno por su gestión del covid-19. El modo de proceder de la fiscal general no sentó bien a parte del Ministerio Público, que reclamaba que fuera la Junta de Fiscales —órgano que agrupa a la cúpula fiscal— quien marcara el criterio. Tras días de críticas soterradas, el fiscal que firmaba el informe, Luis Navajas Ramos, concedió una entrevista a Onda Cero en la que acusó a diversos compañeros de intentar influenciarle.

Por el momento, el magistrado Manuel García-Castellón ha evitado consultar a los fiscales de Anticorrupción que forman parte del caso Villarejo: antes de enviar la exposición razonada al Supremo, podía solicitar su opinión al respecto, pero prefirió dirigirse al alto tribunal sin reclamarla. Para entender esta decisión, las fuentes consultadas apuntan a las diligencias que tiene entre manos la Fiscalía Superior de Madrid, que afectan a uno de los dos miembros de Anticorrupción, Ignacio Stampa, por posible revelación de secretos a una de las abogadas de Podemos, Marta Flor Núñez. En su exposición razonada, García-Castellón también pide investigarle a ella por el papel que ha jugado en el caso Dina y, consecuentemente, consideró que no convenía involucrar a Stampa de forma alguna.

Los fiscales de Anticorrupción quedan por tanto relegados a la pieza Dina que ha instruido la Audiencia Nacional, que investiga el robo del móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham y cómo su contenido acabó en manos del comisario Villarejo. Sobre la investigación en el Supremo, no tendrán ni voz ni voto. La decisión de no preguntarles sobre la exposición razonada fue criticada este miércoles desde las filas de Podemos, pero esta no es la primera vez que un magistrado esquiva a la Fiscalía para dirigirse de forma directa al alto tribunal: la jueza del conocido como caso Máster tampoco consultó al Ministerio Público antes de pedir al Supremo que investigara al presidente del PP, Pablo Casado, en agosto de 2018, pesquisas que terminaron archivadas un mes después con el visto bueno de la Fiscalía.

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Las fuentes consultadas subrayan además que, por mucho que Anticorrupción no haya podido valorar la exposición razonada, los fiscales del Supremo tendrán en cuenta el posicionamiento que han reflejado en sus últimos escritos. Desde que el magistrado retiró a Iglesias la condición de perjudicado hasta que la Sala de lo Penal le obligó a readmitirle, los autos y recursos con el vicepresidente como protagonista se han ido acumulando en la Audiencia Nacional. Los fiscales del Supremo son conscientes de que sus compañeros han dudado por momentos de la tesis del juez, y prueba de ello es el escrito que presentaron en julio: en él, Ignacio Stampa y Miguel Serrano sostenían que Bousselham ha perdonado a Iglesias de forma tácita de cualquier supuesta actuación delictiva, por lo que el vicepresidente quedaría exculpado.

En su exposición razonada, el magistrado Manuel García-Castellón también recoge que el delito de descubrimiento y revelación de secretos requiere denuncia de la persona agraviada, en este caso, Dina Bousselham, pero considera que debe ser el Supremo el que opte por citar a la exasesora para exculpar a Iglesias. El fiscal del Supremo que se haga cargo del caso tendrá entonces que decidir hasta qué punto da por bueno este razonamiento del juez o se decanta por el de Anticorrupción, postura que quedará reflejada en su correspondiente informe. Una vez completado, este pasará a la sala de admisión del alto tribunal, compuesta por cinco magistrados que podrán o no atender su criterio: Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres. En la providencia de este jueves, el Supremo designó a Palomo como ponente.

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El futuro judicial de Iglesias queda en manos de estos cinco jueces, que deben decidir si abren una causa contra el vicepresidente y designan instructor o la archivan. En el caso de que se inclinen por la primera opción, será necesario tramitar un suplicatorio en el Congreso, figura con la que el poder judicial pide permiso al legislativo para proceder penalmente contra un diputado. La exposición razonada activa por tanto un proceso en el que la Fiscalía no es más que uno de los engranajes, pero todo apunta a que sea cual sea su posicionamiento, provocará una nueva discusión en torno a su supuesta dependencia del Gobierno.

Si la Fiscalía del Supremo considera que no hay indicios suficientes y pide archivar el caso, sus detractores apuntarán de nuevo a la exministra de Justicia Dolores Delgado como responsable. Si la Fiscalía del Supremo considera que hay indicios suficientes y pide imputar a Iglesias, la idea de que el alto tribunal está lleno de juristas que "son esclavos de su ideología", como decía Navajas, volverá a estar a la orden del día. Se pronuncien como se pronuncien, su decisión irá acompañada por la polémica. Con la posible imputación de Pablo Iglesias sobre la mesa, la Fiscalía del Supremo vuelve a la primera línea.