La UE plantea "preocupación" a EEUU ante posibles embargos a España por impagar a las renovables

Bruselas se moviliza ante EEUU para tratar de frenar potenciales embargos contra España. Sharon Swingle, una alta funcionaria del Gobierno de EEUU, ha desvelado que "tanto la Unión Europea como relevantes países han planteado su preocupación directamente al Departamento de Estado", el equivalente estadounidense al Ministerio de Asuntos Exteriores en España.

Dichas advertencias fueron trasladadas a los jueces en una vista oral celebrada en Nueva York el pasado mes de febrero. Según añadió la responsable de la Administración Biden, "no es puramente hipotético que las medidas cautelares aquí perjudican nuestras relaciones exteriores y nuestras relaciones con nuestros socios internacionales", según el acta de la declaración al que ha tenido acceso El Confidencial.

Swingle fue llamada a declarar por la Corte del Distrito de Columbia ante las causas abiertas en el país norteamericano por los inversores 9REN y Nextera, la mayor utility de EEUU, que logró que el tribunal arbitral del Banco Mundial le reconociera una indemnización por parte de España de casi 300 millones de euros por el recorte a las renovables. El aluvión de arbitrajes de inversores internacionales contra España se debe a los sucesivos recortes a las primas hace una década.

Ante la negativa de España a pagar, dichos inversores han acudido a diversas jurisdicciones para que estas reconozcan dichas indemnizaciones, lo que es un paso previo a la incautación de bienes soberanos. La cuestión no es baladí, porque de producirse un embargo en la primera economía del mundo, la reputación de España puede quedar muy dañada, de ahí que el Gobierno esté tratando por todos los medios de neutralizar las causas abiertas en diversas jurisdicciones. Para ello, ha planteado lo que en la jerga jurídica se conoce como injuctions, que son acciones judiciales para que los tribunales ordinarios de esos países no reconozcan los laudos.

España ya ha dejado ver a nivel internacional el daño que le están causando estos litigios. La Abogacía del Estado envió una carta al Banco Mundial en la que aseguraba que "este tipo de comunicación no es inocua" y lamentaba que esta situación "genera una publicidad indebida que va en detrimento de los intereses y de la imagen del Reino de España".

La cuestión no es fácil de lidiar para EEUU tampoco. Por un lado, es el país considerado de mayor seguridad jurídica del mundo y garante para los inversores. Pero, por otro lado, no quiere contribuir al daño que un hipotético embargo de bienes en su territorio dictaminado por su justicia pueda causar a la reputación de España. De hecho, los abogados del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia han intervenido en estos casos posicionándose del lado de la Abogacía del Estado. Un equilibrio muy complicado, ya que en juego están también los intereses de grandes firmas americanas como la propia Nextera.

"Incertidumbre regulatoria", según EEUU

La movilización diplomática de Europa y España para tratar de frenar esta causa llega después de que el propio Departamento de Estado criticara la política energética nacional en su informe país sobre España. "Desde la crisis económica de 2008, España ha modificado su política de energías renovables varias veces, creando incertidumbre regulatoria y provocando pérdidas en las ganancias e inversiones de las empresas estadounidenses. Como resultado, España acumuló más de 32 demandas, por un total de alrededor de 7.600 millones de euros en reclamaciones. España se enfrenta ahora a una serie de reclamaciones internacionales relacionadas con proyectos de energía solar fotovoltaica y otros proyectos de energía renovable", señalaba el pasado mes de agosto la Administración Biden, alineándose así con los postulados de la Cámara de Comercio de EEUU en España.

Por lo pronto, los inversores afectados por esta causa han localizado ya 5.000 millones de euros propiedad de España en las principales jurisdicciones del mundo para tratar de embargar activos, según los trabajos elaborados por la consultora especializada JS Held y desvelados por este medio. Ya hay países que han ido más lejos. Australia y Reino Unidos han empezado a reconocer laudos. En el caso de la justicia británica, incluso se han iniciado los procesos de embargo contra inmuebles y cuentas bancarias españolas que no gozan de inmunidad diplomática (estos son inembargables, según dictamina el derecho internacional).

Los inversores están tratando por todos los medios de forzar a España a negociar una solución pactada, algo que por ahora ha rechazado el Gobierno español. A su favor, cabe destacar que la defensa de la Abogacía del Estado ha logrado reducir con fuerza algunas reclamaciones e incluso propiciar la anulación de algunos laudos.