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Cortes

Corte Constitucional tumbó la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad: ¿qué viene ahora?

La decisión fue proferida en la noche de este 8 de mayo.

La decisión fue proferida en la noche de este 8 de mayo.

Foto:Cortesía

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El alto tribunal difirió los efectos de la decisión, por el término de dos legislaturas, contadas a partir del 20 de julio 2024.

Jesús Blanquicet

La Corte Constitucional tumbó en la noche de este miércoles 8 de mayo la Ley 2281 de 2024, por medio de la cual se creó el Ministerio de la Igualdad y Equidad.

(Lea: Nuevo capítulo en la Corte Suprema por escándalo de los carrotanques)

La creación de esta cartera, cuya ministra es la vicepresidenta Francia Márquez, fue demanda por vicios en el trámite y porque, según los demandantes, no eran precisas y claras las facultades extraordinarias concedidas al presidente de la República, Gustavo Petro.

Sin embargo, la Corte difirió los efectos de la decisión, por el término de dos  legislaturas, contadas a partir del 20 de julio 2024. "Una vez culmine la legislatura 2025-2026, la Ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico".

Es decir, que el Ministerio sigue vigente hasta el 20 de junio de 2026, término en el cual se deberá tramitar en el Congreso una ley que subsane los vicios encontrados en el actual análisis.

Los demandantes, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y José Jaime Uscátegui, hacían reparos al artículo 12 de la Ley 2281 que daba al facultades extraordinarias por seis meses “para expedir normas con fuerza material de ley dirigidas a integrar al Sector de Igualdad y Equidad con las entidades que defina como adscritas o vinculadas”.

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Corte Constitucional.

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Foto:Corte Constitucional.

Además, señalaban que la norma no tuvo en cuenta el impacto fiscal de la iniciativa pues en el trámite en el Congreso no se habría dicho de manera expresa los costos, sino que se estimaron en 18.239 millones en la ponencia de primer debate en las comisiones primeras conjuntas.
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​En efecto, la Corte constató que en el trámite de aprobación de la Ley 2281 de 2023, el Congreso de la República "incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable: no llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, conforme a las exigencias previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003”.
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Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia.

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Foto:Vicepresidencia

La Sala Plena, de acuerdo con la corporación, encontró que declarar la inexequibilidad con efectos inmediatos “implicaría la eliminación del sector administrativo de Igualdad y Equidad y, naturalmente, del ministerio que lo encabeza”.

“En criterio de la Sala Plena, esto causaría una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el legislador y el ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad”, señaló la Corte.

En tales términos, con el objeto de conciliar los intereses y principios constitucionales en tensión y salvaguardar el principio de igualdad, la Sala Plena resolvió diferir los efectos de esta decisión por el término de dos legislaturas.

“En criterio de la Sala, este término prudencial reduciría los riesgos de la inexequibilidad inmediata advertidos, debido a que permitiría que el Legislador, por iniciativa legislativa del Gobierno Nacional, si así lo considera, apruebe la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad en cumplimiento de las exigencias y requisitos de aprobación de las leyes previstos en la Constitución y la Ley 819 de 2003”, dijo el alto tribunal.

Esta decisión de diferir los efectos, también se da con la finalidad de que Gobierno Nacional “cuente con un tiempo suficiente para reasignar las funciones que fueron otorgadas al Ministerio de Igualdad y Equidad y lleve a cabo las modificaciones en la administración pública nacional que correspondan para evitar afectaciones a los derechos de los sujetos de especial protección constitucional que son beneficiarios de la política pública que actualmente dirige el Ministerio de Igualdad y Equidad”.
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Corte Constitucional

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La demanda había sido admitida en marzo de 2023, por el despacho por el entonces magistrado Alejandro Linares Cantillo, pero este terminó su periodo en diciembre del años pasado, por lo que el caso recayó sobre el magistrado que lo reemplazó, Vladimir Fernández, pero este se declaró el impedido para participar y decidir en el proceso, por lo que se procedió al sorteo del expediente entre los magistrados y las magistradas restantes, en virtud del cual resultó designada como ponente la magistrada Paola Meneses Mosquera. 

La Corte informó que magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar salvó parcialmente y aclaró su voto. 

Mientras que los magistrados Juan Carlos Cortés González y Antonio José Lizarazo Ocampo, así como las magistradas Natalia Ángel Cabo y Diana Fajardo Rivera, se reservaron la posibilidad de aclarar el voto.
Jesús Blanquicet
Redacción Justicia
En X: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com
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