"Estamos en la diana": el punto y aparte de Sánchez dispara la tensión en los jueces

"Hay algo profundamente inquietante en que el máximo dirigente de un país asegure sentirse amenazado por la apertura de una investigación judicial contra su mujer y, como reacción, sugiera que emprenderá una regeneración de la Justicia". Esta es una reflexión de un magistrado en conversación con El Confidencial tras escuchar al presidente del Gobierno prometer un punto y aparte al retomar las riendas del Ejecutivo después de su reflexión de cinco días. La misma conclusión comparten otros muchos. Ni una sola de las fuentes judiciales consultadas por este diario tras la comparecencia de este lunes tiene dudas sobre el trasfondo de las palabras de Pedro Sánchez en su retorno.

El discurso anticipa -dicen- una reforma legislativa que, en apariencia, viene impulsada en inicio por motivos personales, pero que "ha tratado de pintar como la única vía para emprender mejoras democráticas", dando así un salto de lo emocional a lo político. Ante estos planes, no hay más freno posible, aseguran, que el de Europa que ya se mostró en el pasado muy crítica con otras intentonas para abaratar las mayorías necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En la entrevista concedida a última hora de este lunes por Sánchez a RTVE aseguró que propondrá medidas "para prestigiar" esa democracia que ha mencionado tantas veces en los últimos días, pero no concretó cuáles baraja.

En lo que creen que es un primer paso de una estrategia de más largo alcance, los jueces se sienten señalados con el dedo, "marcados con una x", "colocados en la diana". Desde que la pasada semana Sánchez impusiera un parón apelando a los ataques "de la derecha y la ultraderecha" y relacionándolos con la apertura de un procedimiento judicial contra su mujer, Begoña Gómez, muchos presentían ya lo que se avecinaba. Tras esos días de puntos suspensivos que han servido para que la tensión fuera incrementándose hasta un punto de ebullición, este lunes el presidente pidió que "la mayoría social se movilice", que se "abra paso a la limpieza, a la regeneración y al juego limpio" y que se muestre al mundo "cómo se defiende a la democracia" para poner "fin a este fango".

La apelación a "la regeneración" y a la necesidad de "hacer limpieza" fueron para la judicatura una confirmación de esos temores. "Creo que él se ha crecido en ese papel de encabezar una cruzada contra todo lo que no sea loas y alabanzas", asegura uno de los magistrados. Poco después de la comparecencia se convocaba una manifestación frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial con el lema "el golpismo viste de toga". Pinchó y poco más de treinta personas acudieron a la convocatoria.

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Otro de los consultados recuerda algo que parece que sucedió hace un siglo, pero pasó solo unos meses atrás. Las reducciones de condena por delitos sexuales como efecto de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí provocaba por entonces las primeras excarcelaciones y, desde Podemos, la ministra Irene Montero y otros cargos vinculados al partido achacaban esas rebajas a una especie de confabulación general de los jueces de todo el país, concertados para interpretar mal la ley a sabiendas. Por entonces se escucharon insultos como "fachas con toga" o "machistas", que sonaban gruesos e inasumibles. "Ahora la escalada es tal que esas expresiones parecen habituales", dice.

Insistiendo en la misma idea, otro juez asegura que estas "repentinas" ganas de "regeneración" más parecen un recurso para "salvar" a su mujer. Una reacción que casi todos consideran "desproporcionada" si se compara con el detonante que la ha provocado. La apertura de diligencias no equivale, ni mucho menos, a una imputación y está muy lejos de ser sinónimo de una atribución de responsabilidad penal. El procedimiento da ahora sus primeros pasos y la Audiencia Provincial tendrá que decidir si ordena el archivo o apoya que continúe. "¿Con qué libertad van a actuar esos magistrados y el instructor?", se preguntan.

El papel del Supremo

Hay quien da un paso más y lanza que la estrategia de Sánchez y el Ejecutivo tiene al Supremo en su punto de mira. En el medio plazo, el alto tribunal deberá pronunciarse sobre cuestiones que afectarán directamente al Gobierno. En primer lugar, está la ley de amnistía, cuyos principales protagonistas están en manos del TS. En el caso de Carles Puigdemont, por partida doble, tanto por el 'procés' como por Tsunami.

También se señala la posibilidad de que el caso Koldo avance y acabe alcanzando a aforados, que pasarían a depender del Supremo. Lo mismo sucede con las denuncias por revelación de secretos en el marco del caso del novio de Ayuso. El fiscal general se declaró "responsable máximo" tras la nota de prensa en la que se confirmaba que el empresario Alberto González Amador asumió la comisión de dos delitos fiscales y, si la cuestión queda judicializada, no es descabellado pensar que también acabe en el TS. En estos días el alejamiento entre judicatura y Fiscalía General es más patente que nunca. Un ejemplo, la última toma de posesión de fiscales celebrada contó con menor presencia de magistrados que en anteriores ocasiones, aseguran fuentes jurídicas.

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El presentimiento que ronda a todos es que se gesta una reforma para forzar la renovación del Consejo sacando de la ecuación al PP mediante la reducción de la actual mayoría y la eliminación del papel del Senado. "Es algo que ya parecía descartado, pero que vuelve ahora como opción a la vista del fondo y la forma del discurso de Sánchez", asegura otro juez. Ese Consejo será el encargado de nombrar a más de un centenar de cargos vacantes por la prohibición del actual órgano en funciones de llevar a cargo designaciones. También se baraja la prohibición de determinadas asociaciones de ejercer la acusación popular.

Como si las sospechas no fueran ya suficientes, el CIS de Tezanos incluyó en una encuesta exprés -cocinada durante los días de reflexión del presidente- dos preguntas que apuntan en ese sentido. Tras inquirir a los encuestados sobre la influencia en la Justicia de "otros poderes políticos o económicos", el sondeo pedía saber si creen que es necesaria "una reforma". Más del 80 de por ciento contestó que sí.