Los retos de orden público que deja escalada violenta en el suroccidente de Colombia

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Desde el 20 de marzo, cuando se suspendió el cese del fuego entre la Fuerza Pública y disidencias del ‘Estado Mayor Central’, comandado por alias Iván Mordisco, en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, las acciones criminales se han incrementado, aunque la violencia ya venía de antes. El cese se levantó, precisamente, porque el grupo ilegal seguía arremetiendo contra la población civil.

Además de las dinámicas derivadas del rompimiento del cese del fuego, Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señaló que detrás del agravamiento del orden público también hay temas económicos por la disminución del precio de la marihuana y la cocaína, pues el suroccidente del país es uno de los principales enclaves de producción de narcocultivos.

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“Ante la disminución del precio y el aumento de las incautaciones, los grupos han tenido que reemplazar estas ganancias y ahora están extorsionando a la población. Es un mecanismo de las economías ilícitas muy fuerte en el Cauca, el Valle, Nariño e incluso Chocó”, señaló.

El investigador añadió que detrás de todo también está “la lucha por el control del territorio para tener los dividendos de las economías ilícitas”.

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En medio de esta escalada violenta, la Fuerza Pública ha venido retomando con fuerza operaciones militares como la que se lanzó el jueves 25 de abril en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, que está bajo el control criminal de un frente de las disidencias de ‘Mordisco’.

Allí, un ataque de las Fuerzas Militares, usando misiles spike, dejó como saldo 15 disidentes muertos y al menos 12 heridos. La Fuerza Pública reportó que el grupo ilegal sigue usando casas de civiles para lanzar explosivos, puso trincheras en la sede del acueducto veredal y ha seguido llenando de minas antipersona las montañas de la zona.

A la situación de Argelia se suma que el sábado cuatro personas fueron masacradas en Corinto, cuando hombres armados llegaron hasta un establecimiento público y abrieron fuego de manera indiscriminada.

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De la violencia no se ha escapado Valle del Cauca, pues se han presentando ataques como el registrado el 4 de abril en Cali, cuando disidencias atentaron contra la Tercera Brigada del Ejército, así como el asesinato, el 19 de abril, del concejal de Tuluá Carlos Arturo Londoño, y el 27, el del concejal de Jamundí Jhon Fredy Gil.

Y en Nariño la tensión ha venido subiendo en medio de la incertidumbre por la posible ruptura de un frente del Eln que viene adelantando acercamientos de paz locales, por fuera de la mesa de diálogos nacional que el Gobierno tiene en marcha con esta guerrilla.

De hecho, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), adelantó que la Fuerza Pública debe irse preparando para lo que podría suceder en materia de orden público en varias zonas del sur del país donde el Eln tiene presencia “por las consecuencias que podrían derivarse si se ahonda la división y no fuera posible rescatar ambas iniciativas de paz”.

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Restrepo agregó que ante la extraordinaria situación de seguridad que se está viviendo en el suroccidente del país, las Fuerzas Militares y de Policía también deben desplegar una operación especial, “no basta con continuar haciendo las cosas como van hasta ahora porque ha habido un aumento extraordinario del riesgo para las comunidades, los defensores de derechos humanos, organizaciones sociales que se oponen al cultivo de coca, las administraciones públicas… Ese tipo de aumento extraordinario del riesgo requiere acciones extraordinarias”, concluyó.

Entretanto, desde los territorios le piden al Gobierno que haya un apoyo más contundente para enfrentar la inseguridad, como lo dijo la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien señaló que las autoridades locales han venido poniendo de su parte, pero que hay decisiones que solo puede tomar el Gobierno Nacional.

El sábado asesinaron a un concejal en Jamundí, hace una semana ocurrió lo mismo en Tuluá, ¿qué está pasando con el orden público en el Valle?

Cuando llegamos (a la Gobernación) encontramos que la institucionalidad no estaba presente en la zona rural de Jamundí, también teníamos una problemática en Tuluá por la extorsión por parte de personas detenidas en cárceles de la banda ‘la Inmaculada’; en Buenaventura tenemos ‘Shottas’ y ‘Espartanos’, que ahora tienen un diálogo, y en la zona rural teníamos disidencias; y en el norte de Valle del Cauca tenemos el narcotráfico y disputa territorial de dos bandas. Hemos venido trabajando para enfrentar todo esto, que casi que se había tomado el departamento, y hay resultados como una reducción de homicidios y extorsión, pero falta apoyo del Gobierno Nacional.

¿Por qué se llegó a esta situación de deterioro del orden público?

No puedo decir qué pasó antes, pero sí pienso que con algunas políticas había alguna permisividad que ha hecho que estos grupos ganen terreno. Es una esperanza el tema de ‘paz total’, siempre he defendido la paz, pero la paz se logra cuando hay mejores condiciones de vida y tranquilidad. No puede haber sitios vedados para la Fuerza Pública ni para la institucionalidad, eso ha venido pasando en el suroccidente, donde han ido ganando terreno los grupos ilegales, cuando llegué encontré la situación así.

En el cese del fuego, que el Gobierno ya levantó para Valle del Cauca, ¿cree que la Fuerza Pública estaba ‘maniatada’?

No, desde antes se venía trabajando, pero lógicamente si tengo un diálogo de paz y alguna de las partes no cumple y sigue generando la misma problemática, hay que reflexionar y tomar decisiones, y aplaudo la decisión del Presidente de levantar el cese en el sur porque los grupos ilegales no lo estaban respetando y querían fortalecerse más.

¿Qué necesita el departamento para superar esta situación?

Nosotros hemos dado la cara, hemos trabajado incansablemente por la seguridad de la mano del Ejército, la Fiscalía, los organismos de inteligencia, también hemos contado con el apoyo del director de la Policía y de los ministros de Justicia y de Defensa, pero falta contundencia del apoyo del Gobierno al Valle del Cauca. Nosotros estamos poniendo muertos, pero no hemos logrado contundencia por parte del Gobierno en las respuestas. 

En general, en todo el Pacífico hay que hacer una intervención integral, se necesita más contundencia de todas las fuerzas e inversión social, si no lo hacemos, vamos a seguir poniendo muertos. Ese es nuestro llamado para que el Gobierno nos apoye no solo con la Fuerza Pública, sino también con atención integral e inversión, nosotros por nuestra parte estamos dispuestos y hemos trabajado incansablemente por la seguridad.

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