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Principales ajustes de la reforma pensional de Gustavo Petro
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El Gobierno nacional logró conseguir los apoyos necesarios para aprobación del proyecto que reformará el sistema pensional
El Gobierno Nacional logró una victoria legislativa en la plenaria del Senado de este martes con la aprobación del proyecto de reforma pensional, uno de las iniciativas bandera de Gustavo Petro.
“Este es un proyecto que también es influyente, que tiene desde una propuesta para el que no tiene ingresos como para el que tiene muchos. Yo pienso que esta equidad que logra este proyecto de ley, pero sobre todo que tres millones de adultos mayores puedan empezar a disfrutar este beneficio a partir del primero de julio del año 2025”, anunció la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a la salida del recinto legislativo.
Este es una de las iniciativas del Gobierno que más levantaron polémica en la opinión pública, toda vez que, según los expertos consulados en el trámite, existen dificultades en puntos importantes como el manejo de los recursos y la reducción del umbral para la cotización pensional.
Actualmente, en Colombia existen dos regímenes de pensiones: el público, con Colpensiones y su contraparte privada con los fondos pensionales, agremiadas bajo el paraguas de Asofondos. El texto del Gobierno de Gustavo Petro propone una transformación completa hacia un esquema de pilares con tres de estos siendo: el solidario, el semicontributivo y el contributivo.
El pilar solidario será el encargado de beneficiar con una renta básica a toda persona de nacionalidad colombiana que no tiene una pensión, que integre el grupo de pobreza extrema y de focalización que defina el Gobierno.
El pilar semicontributivo está conformado por las personas afiliadas al sistema que al momento de cumplir la edad para pensionarse no completen los requisitos para acceder a una pensión contributiva.
Mientras tanto, el pilar contributivo está enfocado en atender a las personas con capacidad de pago para cotizaciones igual o superior a un salario mínimo. Dentro de este apartado están el Régimen de Prima Media, RPM, Colpensiones, y el Componente del Ahorro Individual. En este apartado se dio una de las discusiones más importantes del proyecto, que en su versión original pretendía establecer un umbral de cotización de tres salarios mínimos. Los expertos hablaban sobre un alto impacto fiscal de este requisito y pedían reducirlo a solo uno.
En las últimas semanas, el Gobierno cedió a las peticiones de los partidos políticos, entre esos el Partido Liberal, y este umbral fue reducido a 2,3 salarios mínimos, una decisión que tuvo un visto bueno de los analistas, pero que aún así es insuficiente.
“El trámite por el Congreso ha hecho que la reforma pensional tenga cambios significativos, varios de ellos para bien, en particular la disminución del umbral a 2,3 salarios mínimos y la creación de cuentas generacionales que ayudarán a que el fondo de ahorro público no se desacumule demasiado rápido en el largo plazo”, explicó Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
“Son los dos cambios más positivos que hay que destacar, hay uno tercero que es el aumento del subsidio del pilar semicontributivo, que es muy importante dado que la mayoría de personas van a ser beneficiarias de ese pilar”, apuntó Pardo.
El analista agregó que “hay muchas oportunidades de mejora, el umbral debería ser más bajo y la edad de pensión debería aumentar”.
Vale la pena resaltar que este proyecto también dispone de un régimen de transición que se aplicará para los usuarios del sistema pensional, una vez arranque la ejecución del nuevo esquema el 1 de julio de 2025.
“Seguiremos insistiendo que en la Cámara de Representantes se aborde el tema de la vigencia. Nos parece que en la entrada en un año es prematura, podría generar un traumatismo importante en los afiliados y en el sistema; además, seguiremos insistiendo en un umbral más reducido para que el régimen de reparto no sea tan importante en el sistema como un todo”, apuntó José Ignacio López, presidente de Anif.
“El trámite por el Senado ha hecho que la reforma pensional tenga cambios significativos, en particular, la disminución del umbral a 2,3 salarios mínimos, entre otros”.
“Creo que lo único rescatable de la reforma es el pilar solidario, pero era algo que se podía hacer sin la reforma, y también el recorte de las altas pensiones”.
El proyecto de reforma pensional acoge una sentencia de la Corte Constitucional para reducir las semanas de las cotizaciones de las mujeres en un lapso de poco más de seis años.
Frente a este punto, uno de los elementos claves lo plantea el pilar contributivo, donde las semanas de cotización se reducirán para las mujeres en 25 semanas desde 2025 para llegar a 1.000 semanas en 2036.
Mientras tanto, en el pilar solidario las mujeres podrán recibir su ayuda a los 60 años.
Asimismo, dentro del pilar contributivo, existe otro postulado que plantea un mayor beneficio a las mujeres con hijos.
Este beneficio consiste en una reducción de 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptivo. Este número podría llegar hasta un mínimo de 850 semanas en un máximo de tres años.
“El texto, en esta versión, tendría una reducción importante en la cotización de las mujeres que desde el punto de vista fiscal es muy costoso. Sabemos que desde un punto de vista de equidad es importante tener esas medidas de género, pero que incluso sea inferior a las 1.000 semanas y con la posibilidad de que llegue a 850 semanas es muy costoso desde el punto de vista fiscal”, apuntó José Ignacio López.
También es importante destacar un aporte de último momento que permitió destrabar la discusión y que el Gobierno contara con votos claves para el visto bueno final. Consistió en reducir la edad pensional para la población campesina, afrodescendiente e indígenas. El Dane será el encargado de medir la reducción respectiva en beneficio particular de cada una de estas comunidades.
Luego de surtir este paso del Senado, el texto pensional ahora se enfrentará a dos debates más antes de la conciliación y la firma del presidente Petro. Estos debates surgirán en la Cámara de Representantes, en la Comisión Séptima y en la primaria de esta corporación, respectivamente. La clave está en que el Gobierno tiene poco más de mes y medio para surtir este trámite, toda vez que la actual legislatura se finaliza el próximo 20 de junio. Si no se concrete, el proyecto quedará archivado y deberá esperarse a la siguiente legislatura.
20 de junio es la fecha final de esta legislatura y el límite que tiene el gobierno para
la aprobación del texto.
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