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La Junta de Fiscales de Sala avaló ayer, fracturada, la postura de la teniente fiscal del Tribunal SupremoMaría Ángeles Sánchez Conde de informar en contra de la admisión de la querella que la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto por revelación de secretos contra la fiscal jefa Provincial de Madrid Pilar Rodríguez y el fiscal del Delitos Económicos Julián Salto.
El generalato de la Fiscalía fue consultado ante la discrepancia surgida con la fiscal del caso, María de la O Silva, que era partidaria de practicar unas diligencias mínimas antes de informar sobre la admisión o inadmisión de la querella presentada por el empresario Alberto González Amador.
Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, aunque la número dos del Ministerio Fiscal obtuvo el respaldo de la Junta, el resultado fue más ajustado de lo esperado. Un total de 16 fiscales de Sala se mostraron a favor de la inadmisión, 13 fueron partidarios de informar a favor de la querella y otros dos miembros de la Junta -la ex fiscal general del Estado María José Segarra y el fiscal Fernando Rodríguez-Rey, ambos progresistas y asociados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF)- defendieron que no hay indicios contra los fiscales aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pero, a su vez, se mostraron a favor de que la filtración de los datos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid fueran investigados en los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla (Madrid). Es decir, Segarra y Rodríguez Rey vieron indicios de delito como para abrir una investigación penal por estos hechos aunque descartaron que se debiera investigar a los fiscales Rodríguez y Salto.
Por su parte, el fiscal de Sala Pedro Crespo decidió no dar su opinión al respecto debido a que su esposa, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se ha abstenido en este procedimiento. Tal y como desveló este periódico, Lastra fue la fiscal que recibió la orden directa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de difundir desde su gabinete de prensa la nota con los datos confidenciales del pacto de conformidad que González Amador -pareja sentimental de Ayuso, que se encuentra imputado por fraude fiscal- estaba negociando con la Fiscalía Provincial de Madrid.
Para muchos fiscales, la Junta de ayer tuvo un sabor amargo. La institución se encuentra en crisis continua, protagonizando escándalo tras escándalo, polarizada y tensionada por la situación política del país. Y, en concreto, el caso analizado ayer afectaba a dos compañeros que pueden acabar imputados ante el TSJM. La fiscal más veterana, Pilar Fernández Valcarce, lo resumió con un «no podemos dar carpetazo a lo que se plantea pero todo esto es trístisimo».
A lo largo de la reunión, de seis horas de extensión, respaldaron a la teniente los fiscales Miguel Ángel Aguilar, Ángel Muñoz, Dolores Delgado, Ana García León, Luis del Río, Beatriz Sánchez, Francisco Jiménez-Villarejo, Luis Manuel López Sanz, Manuel Martín-Granizo, Teresa Peramato, Antonia Sanz, Esmeralda Rasillo, Jesús Alonso, Joaquín Sánchez-Covisa y Pilar Barrero. La inmensa mayoría de estos fiscales son miembros de la UPF, la asociación a la que el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su antecesora en el cargo, Delgado, premiaron con ascensos hasta copar la cúpula fiscal. La sesgada política de nombramientos de ambos acarreó múltiples críticas en la Carrera Fiscal y tres anulaciones de nombramientos por parte del Tribunal Supremo; un hecho sin precedentes en la historia del Ministerio Público.
Por el contrario, se mostraron a favor de admitir la querella a trámite los fiscales Fernández Valcarce, Javier Zaragoza, José Ramón Noreña, Antonio Narváez, Consuelo Madrigal, Rosana Morán, Jaime Moreno, José Miguel de la Rosa, Fidel Cadena, José Javier Huete, Pilar Martín Nájera, Francisco Moreno y Manuel Moix.
La Junta, que se prolongó en sesiones de mañana y tarde, arrancó pasadas las 09.40 horas con la intervención de la teniente fiscal que expuso las razones que le llevaron a dar la orden a la fiscal de Madrid. Sánchez Conde explicó que consideraba que las diligencias complementarias que proponía Silva eran inútiles y que no se había cometido un delito de revelación de secretos puesto que el contenido de los distintos correos electrónicos difundidos fueron previamente publicados por distintos medios de comunicación.
Posteriormente tomó la palabra María de la O Silva, que defendió la necesidad de practicar unas diligencias complementarias para conocer qué miembros del Ministerio Fiscal era responsables. Sin embargo, fuentes fiscales explican que, por unanimidad, la Junta sostuvo que no se debía practicar ninguna diligencia preliminar sino tomar posición sobre la admisión o inadmisión de la querella.
El grupo mayoritario acogió la tesis de que no se daba la conducta típica del delito invocado puesto que los mails ya habían salido a la luz antes de que se difundiera su contenido por parte de la Fiscalía. Por su parte, el sector minoritario defendió la existencia de indicios de un delito de revelación de secretos y de vulneración de la presunción de inocencia y el derecho de defensa del empresario González Amador. Varios fiscales entendieron que la nota informativa era delictiva, otros incidieron en que había que investigar la filtración de los correos electrónicos, y varios destacaron que estas filtraciones -que situaron dentro de la Fiscalía- han generado una crisis institucional con el Colegio de la Abogacía de Madrid.