Los nuevos inspectores caen en el limbo: "Llevamos nueve meses cobrando sin trabajar"

Si se presentó a la convocatoria de oposiciones para inspector de trabajo del 24 de marzo de 2021 y las aprobó, lo lógico parecería ser que ya hubiese ocupado su puesto en la administración. En realidad, y como está ocurriendo con los 52 inspectores de última hornada que sacaron su oposición aquel año, hoy estaría levantándose cada mañana a echar un vistazo al BOE para ver si hoy, por fin, han confirmado su plaza.

Muchos de estos funcionarios de la promoción LXV ya se han mudado a sus lugares de destino elegidos el pasado febrero, sin saber cuándo recibirán una confirmación que está “a falta de BOE”, como explica Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), que ha denunciado su situación junto a la Asociación de Técnicos de la Seguridad Social.

Los inspectores concluyeron sus prácticas el pasado 31 de julio, y nueve meses después, no han conseguido que se confirme su nombramiento. La última noticia la tuvieron el pasado 2 de febrero, cuando recibieron un listado provisional de destinos que, según el ministerio, se tramitaría en un par de meses. Por eso, muchos decidieron mudarse a sus destinos este mes de abril, pero la fecha del nombramiento se ha retrasado y siguen sin saber cuándo podrán incorporarse.

Como resultado, los 52 inspectores (más otros 15 de promoción interna) han pasado nueve meses cobrando un sueldo de prácticas de 1.290,60 euros brutos mensuales por no hacer nada. En total, el Estado ha gastado 650.000 euros en los sueldos de un grupo de inspectores que no han podido trabajar. “Desde el 1 de agosto llevamos sin hacer nada esperando nuestro nombramiento, tienes a funcionarios públicos cobrando un sueldo público durante más de nueve meses por no hacer nada”, lamenta uno de los afectados, que prefiere no dar su nombre.

"El contribuyente ha aportado un dinero que no se está utilizando bien"

En todas las oposiciones pasa un cierto tiempo hasta que se producen los nombramientos, pero los inspectores denuncian que en otros cuerpos ha sido de “apenas unas semanas” frente a los nueve meses que han pasado desde el verano pasado. “Nuestra frustración es temporal, porque lo que queremos es trabajar, sabemos lo que supone para el contribuyente que ha aportado un dinero que no se está destinando bien”, lamenta otro de los afectados, que ya se ha instalado en su provincia de destino y desliza que “si esto fuera una oposición a Hacienda, nos habríamos incorporado en tres días”. Los afectados aseguran que han intentado contactar con el Secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, con la dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con la Escuela de Inspección y "ni nos responden a los correos".

El problema, para muchos de estos inspectores, se encuentra en la incertidumbre en la que viven tras recibir un destino provisional en febrero al que acompañaba la promesa de que se confirmaría en dos meses. No ha sido así. “De un día para otro no puedes mudarte a una ciudad como Barcelona, tienes que buscar piso, verlo, etc.”, lamenta uno de estos inspectores. La capital catalana es una de las ciudades más afectadas, porque han quedado 25 plazas libres que esperan ser cubiertas.

Eso les ha llevado a estar pagando pisos de alquiler con sueldos de prácticas, una tercera parte de lo que recibirán cuando ocupen sus plazas. “Algunos no pueden más y se van a ahogar económicamente, van a tener que pedir créditos o dinero a sus familias, que es algo que no todas pueden permitirse”, explica ese mismo inspector. “Hay gente que ya está en Barcelona, Valencia o Sevilla pagando alquileres caros sin saber cuándo van a incorporarse”, añade Ercoreca.

Un largo recorrido

La oposición a inspector de trabajo requiere un esfuerzo temporal y económico elevado, lamentan sus trabajadores. “La media oscila entre los cuatro y cinco años, aunque algunos se la saquen en tres y otros en siete”, explican. “La prueba consiste en cuatro exámenes eliminatorios con más de 250 temas que se dilatan mucho en el tiempo, así que para opositar necesitas un respaldo económico importante de tu familia, porque todos los exámenes se hacen en Madrid y en el oral te avisan de un día para otro”.

Esta promoción realizó las pruebas entre el 19 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022. Una vez se aprueba la oposición, algo que en el caso de esta promoción ocurrió en junio de 2022, deben pasar por la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se encuentra en la calle Rafael Alberti de Madrid. “Aprobamos en junio de 2022 y empezamos la escuela en noviembre, ya más tarde de lo que esperábamos porque pensábamos que iba a ser en septiembre”, explican.

"Cuando salga en el BOE podemos ponernos a trabajar, pero no sabemos cuándo será"

El paso por la escuela duró desde noviembre de 2022 hasta marzo de 2023. Tras otro parón de un mes en abril, realizaron sus prácticas en la comunidad donde estaban empadronados entre mayo y julio. A partir de ese momento, solo les queda esperar. “Hicieron un listado de las plazas disponibles el 1 de febrero y el 2 lo enviamos todo: en cuanto salga en el BOE podemos ponernos a trabajar, pero es que no sabemos cuándo va a salir”. Los rumores que circulan gracias a las llamadas de algunos de los afectados es que el proceso puede demorarse hasta finales de mayo debido a un nuevo trámite que ha ralentizado el proceso. El Ministerio de Trabajo, con el que se ha puesto en contacto este periódico, no ha ofrecido respuesta.

En total, más de tres años entre la convocatoria del examen y la incorporación final a sus puestos. Una demora que a su juicio muestra las ineficiencias de la administración. Como lamenta uno de ellos, “el ministerio no puede decir lo importante que son los inspectores y que luego cuando tienes aprobada y validada la oposición no cumplas con los plazos”. En julio de 2021, la presidenta de trabajo Yolanda Díaz firmó el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que reflejaba equiparación salarial, mejoras económicas, el desarrollo de carrera profesional y refuerzo de personal administrativo, pero para el cuerpo de inspectores, no ha cumplido las expectativas.

Un sector en retroceso

Los inspectores de trabajo han sido uno de los grandes frentes abiertos del ministerio de la vicepresidenta segunda. En mayo del año pasado, convocaron una huelga tras dos meses de paros parciales para protestar por la falta de personal y medios. La huelga fue desconvocada en apenas un día ya que consideraban que el gobierno la había instrumentalizado durante la precampaña electoral, pero los paros mostraban el malestar en uno de los sectores de la administración que se consideran más agraviados comparativamente.

Estas dificultades se reflejan, por ejemplo, en el número de candidatos que se presentan a la oposición o en que en algunas comunidades queden puestos por cubrir. Por ejemplo, como contaba Ercoreca a El Confidencial hace dos años, “si antes teníamos 20 opositores por plaza, ahora hay cuatro o cinco”. Uno de los ejemplos más reveladores es el País Vasco, donde alrededor de un tercio de las plazas (26 de los 80 disponibles) han quedado desiertas por la falta de candidatos.

Aunque el número de plazas ha aumentado en dicha comunidad autónoma de 64 a 80 entre 2020 y 2024, son puestos difícil de cubrir porque muchos candidatos prefieren elegir otras ofertas públicas de empleo. A pesar de que la categoría del inspector es A1, la dificultad del examen y el largo período de preparación para el mismo la hacen menos atractiva. Además, como explicaba a El Correo la viceconsejera de Trabajo de Euskadi, Elena Pérez Barredo, las comunidades dependen de que los funcionarios elijan su comunidad para poder cubrir estos puestos y “el que es de fuera enseguida se marcha cuando se realizan los concursos de traslado”.

El retraso en la incorporación de los inspectores de última hornada impacta no solo en sus vidas personales y supone un gasto innecesario, sino que además, repercute en el funcionamiento de las inspecciones provinciales que están esperando la incorporación de estos trabajadores. Uno de ellos lo aduce a “la dejadez del ministerio, que no tiene ni conocimiento ni interés: disponen de 52 inspectores y nadie les presta atención cuando están pidiendo constantemente más recursos. Estamos todos cabreados”. Como ironiza su compañero, “para el año que viene hay convocadas otras 80 plazas, pero a lo mejor no se incorporan hasta 2027”.