Investigado un alto cargo de Bolaños por la manipulación de un audio en un juicio

Un juez de Madrid ha decidido citar como investigado al director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, –subordinado directo de Sofía Puente en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes— en relación con la presunta manipulación de un audio con la declaración de un menor en un caso de divorcio coordinado inicialmente por el marido de esta última, el fiscal Manuel Javato, también cuñado del ministro de Transportes, Óscar Puente, según documentos y fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE.

La titular del Juzgado de Instrucción 7 de Madrid, Susana Trujillano, adopta esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que corrige su decisión de inhibirse en favor de los juzgados de Valladolid al estimar el recurso de reforma interpuesto por el denunciante, el padre del menor, y que contó con el apoyo de la Fiscalía.

Ambos consideraron que la competencia territorial para conocer estos hechos correspondía a los juzgados de instrucción de Madrid por estar en ese partido judicial la sede de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia y donde se encuentran físicamente instalados los servidores que contenían dicha grabación.

Los hechos ahora investigados se remontan al 17 de marzo de 2023, cuando uno de los tres hijos del abogado y ahora denunciante fue citado para una exploración por parte del Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Valladolid. El contenido de la grabación con la declaración del hijo del denunciante, que sería clave en el pleito por la custodia del menor, se hizo en presencia de un funcionario cuyo nombre no aparece identificado en los documentos del caso.

Sin embargo, según un informe pericial, el testimonio del niño en sede judicial fue alterado de forma externa. Y nunca ha podido ser escuchado por su progenitor, a pesar de que este último alega en su denuncia que «es totalmente trascedente para la integridad» del menor de edad «que su declaración pueda ser valorada por terceras personas». Desde que fue solicitada al juzgado por el padre, según la denuncia, la grabación con el testimonio del menor «es del todo inaudible, siendo absolutamente imposible entender sus palabras».

Tras esto, prosigue el auto, el denunciante encargó un informe pericial que fue realizado por el Laboratorio de Informática Forense Europeo, que concluyó que se había introducido «un ruido rosa cuya presencia natural en el entorno era nula».

Ante esta circunstancia, el padre puso una denuncia contra el responsable de la Dirección General de Transformación Digital de Administración de Justicia, con sede en Madrid, «al entender que es la responsable de custodiar grabaciones de audio y vídeo que se celebran en vistas de los Juzgados y que es donde se pudiera haber realizado la manipulación de la grabación de la exploración del menor».

Al admitir a trámite la denuncia y la competencia para conocer estos hechos, la jueza en este mismo auto hace un ofrecimiento de acciones al denunciante, al que tomará declaración, «para lo cual se señalará fecha en posterior resolución».

Además acuerda la declaración en calidad de investigado del director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia en marzo de 2022 (fecha de los hechos), a la sazón Aitor Cubo, «para cuya identificación y domicilio a efecto de citaciones líbrese oficio a Ministerio de Justicia para que facilite a este juzgado de instrucción su identidad».

Entre estas primeras diligencias acordadas, pide también la ratificación del informe pericial elaborado por Laboratorio de informática forense europeo y aportado con la denuncia, que el padre interpuso ante la Guardia Civil por presuntos delitos de falsedad en documento público y de obstrucción a la Justicia.

A las órdenes de Sofía Puente

El alto cargo del Gobierno ahora investigado por estos hechos se encuentra bajo las órdenes directas de Sofía Puente, número tres en el departamento de Justicia desde noviembre pasado, cuando Félix Bolaños asumió las competencias del ministerio antes dirigido por Pilar Llop. Desde que Bolaños promoviera su ascenso a secretaria general Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, la hermana de Óscar Puente es la superior jerárquica del alto cargo al que la juez Trujillano ha acordado investigar.

Entre sus competencias como director general, según el propio Ministerio de Justicia, Cubo es responsable del «diseño, gestión y mantenimiento de una infraestructura tecnológica que garantice la seguridad operativa y que dé soporte al desarrollo y a la explotación de los servicios digitales de implantación por la Secretaría General, que permitan la interconexión e interoperabilidad de aplicaciones, datos y sistemas dentro del ámbito jurídico».

Según el denunciante, los vídeos y audios de todas las declaraciones o juicios que se celebran en 630 salas judiciales de distintos puntos del territorio nacional (entre ellas todas las de los juzgados de Castilla y León) se graban, almacenan y conservan precisamente en los servidores ubicados geográficamente en Madrid, concretamente en la sede de la Dirección General de Transformación de la Justicia.

«Es únicamente allí donde la grabación puede ser manipulada por las personas que tengan acceso a la misma, como esta acusación particular demostrará en la instrucción al margen de las diligencias que solicite la Guardia Civil en esta causa». Esto último ha sido alegado por el abogado Pablo Martínez en el recurso de reforma, y subsidiario de apelación, que el abogado ha presentó para evitar que la investigación abierta por la jueza Trujillano fuera enviada a Valladolid.