Los partidos de oposición y las principales asociaciones de jueces rechazan la reforma legal que pretenden el PSOE y UP de rebajar de 210 votos a 176 la mayoría para elegir a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que las Cortes Generales proponen de entre jueces y magistrados, porque coinciden en que atenta contra la división de poderes y es inconstitucional. El PP, Vox y Ciudadanos vaticinan que la reforma acabará en el Tribunal Constitucional. Los dos primeros tienen escaños suficientes para acudir al TC –se requieren 50 diputados–, pero Cs buscará apoyo.
El líder popular, Pablo Casado, reaccionó de inmediato a la reforma: “Sánchez pretende liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente”, dijo en un tuit, en el que anunció que recurrirá a “las instancias y tribunales europeos”, y advirtió que a Polonia se le abrió un expediente por hacer lo mismo.
Las asociaciones judiciales creen que se pretende “politizar aún más” la elección de los vocales del CGPJ
Para la portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, la iniciativa de socialistas y morados forma parte “una ofensiva contra las instituciones democráticas” que empezó con los ataques al Rey por parte de Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Algo que queda claro, según Gamarra, al haber elegido la fórmula de la proposición de ley, que no requiere los informes consultivos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y el Consejo de Estado y permite una tramitación de la reforma mucho más rápida. Para la portavoz del PP, todo forma parte de “conductas dictatoriales” que achaca a Pedro Sánchez.
En nombre de Vox, Iván Espinosa de los Monteros señaló que “cualquier pretensión de dominar el CGPJ es antidemocrática” y defendió que los jueces “deben gobernarse a sí mismos sin intromisión de los partidos”. También el portavoz de Cs, Edmundo Bal, arremetió contra la reforma: “Se confirma la infamia, quieren darle la renovación del CGPJ a la mayoría Frankenstein”.
Por su parte, la mayoría de las asociaciones judiciales –todas menos la progresista Jueces y Juezas para la Democracia– mostraron también abiertamente su disconformidad con la reforma anunciada, que consideran un “ataque directo a la independencia judicial y a nuestro Estado de derecho”. Tres de las cuatros asociaciones entienden que lo que pretenden PSOE y Unidas Podemos con esta modificación es “dejar en manos del Gobierno y politizar aún más la elección de sus vocales”.
La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) rechaza la explicación oficial de la reforma. No se cree que el objetivo real sea desbloquear el nombramiento de los vocales del CGPJ, que va a hacer dos años en funciones por culpa, según los socialistas, del bloqueo mantenido por el PP, sino que “persigue convertir al órgano de gobierno de los jueces en una sucursal del ejecutivo de turno”. Su presidente, Manuel Almenar, mantiene que la reforma es “abiertamente inconstitucional” porque infringe lo dispuesto en el artículo 122 de la Carta Magna, que fija mayorías cualificadas necesarias en las Cortes Generales.
Desde la asociación Francisco de Vitoria mantienen que el intento con la reforma de desbloquear el CGPJ lo que va a hacer es “politizarlo más todavía”. Por su parte, Foro Judicial Independiente apunta que esta iniciativa es “una lamentable nueva vuelta de tuerca a la politización de la justicia”. “Este no es el camino”, concluyen las asociaciones.